Los gases lacrimógenos volvieron a inundar por segunda vez esta semana La Paz, la ciudad que hace de capital administrativa de Bolivia. La policía antidisturbios repelió este viernes a los manifestantes que pedían la renuncia de Rodrigo Paz e intentaban abrirse paso con petardos y dinamita. Un grupo de la población de El Alto intentó incluso bloquear el acceso al aeropuerto internacional. Indígenas aimaras y quechuas, obreros sindicalizados y mineros asalariados se concentraron temprano en la ciudad aledaña de El Alto para después marchar hacia la plaza Murillo, sede de los poderes ejecutivo y legislativo. Su avance hacia el centro de la ciudad se dio sin inconvenientes, al contrario de lo sucedido el lunes cuando se registraron daños a la infraestructura pública y saqueos. El conflicto de este viernes se desató cuando los manifestantes intentaron traspasar el cerco policial y la fuerza pública respondió con gases.
El centro paceño se convirtió nuevamente en un campo de batalla al mediodía, con transeúntes huyendo y funcionarios públicos evacuando sus puestos de trabajo. Los manifestantes, que han ido elevando el tono de sus reclamos desde quejas contra la gestión gubernamental hasta exigir salida del presidente, intentaron ingresar a la plaza Murillo por diferentes frentes. Una vez dispersados con agentes químicos, volvían a reagruparse e intentaban una nueva avanzada. La Paz está cercada desde hace casi tres semanas, con sus principales puntos de acceso bloqueados como medida de presión. El Gobierno ha habilitado vuelos humanitarios para abastecer a la urbe de carne y otros alimentos.
Mientras la ciudad se calentaba, juntas vecinales de El Alto —la segunda ciudad más poblada del país, de mayoría indígena y resguardo de los manifestantes— cercaban los accesos del aeropuerto internacional de la ciudad, que rápidamente fue resguardado por efectivos policiales.
Son varios los sectores populares movilizados que denuncian haber sido excluidos de las políticas del Gobierno, que lleva apenas seis meses de gestión. Las demandas van desde un aumento salarial del 30% hasta la salida forzosa del presidente. Paz anunció el miércoles que reestructuraría su gabinete de ministros “para acercarse más a la gente” y la creación de un Consejo Económico Social, donde se gestarían normas junto a la sociedad civil.
Protestas contra los bloqueos
El anuncio no ha calmado los ánimos de los manifestantes. En respuesta, el jueves, ciudadanos de clase media urbana salieron en diferentes capitales departamentales a protestar contra los bloqueos y los daños económicos que generan. En Santa Cruz de la Sierra, la capital económica del país, el Comité Cívico anunció que, si después del fin de semana no volvía se recuperaba el acceso vial terrestre en el país, tomarían medidas escalonadas de presión.
La crisis que mantiene contra las cuerdas a Paz no es solo política, sino también económica. El país atraviesa una seria falta de liquidez de dólares desde 2023 a causa, en gran medida, de la caída de hasta un 60% en la exportación de gas en los últimos 10 años. La llegada del mandatario de centroderecha no ha podido revertir la situación y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación se contraería un 3,3 % y que la inflación superaría el 20 % para fin de año.