Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tomaba cinco días de descanso para rumiar si dimitía o no tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias, desde la cúpula de Ferraz empezaba a diseñarse una presunta organización criminal liderada … por entonces su mano derecha en el PSOE, Santos Cerdán, con una misión clara: «desestabilizar de forma sistemática y continuada» los procedimientos judiciales que cercan al PSOE y al entorno directo del presidente. Según apunta Santiago Pedraz, juez instructor de la Audiencia Nacional, en el epicentro de esta red, bautizada como el ‘caso Leire’, en referencia a la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez, emerge una figura clave que conecta la política con las fuerzas de seguridad del Estado: Juan Sánchez Yepes. Este guardia civil que formó parte de la Unidad Central Operativa (UCO), según detalla el magistrado, recibió pagos directos del partido para dinamitar las investigaciones comprometedoras para el PSOE y su líder.
En un auto conocido este miércoles, el juez cree que Sánchez Yepes, investigado por la trama de los hidrocarburos, reveló secretos que afectaban a su antigua unidad y colaboró para «impulsar sospechas ante la directora de la Guardia Civil».
Precisamente, antiguos compañeros de Sánchez Yepes en la UCO han entrado este miércoles a primera hora de la mañana en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, por orden del juez, para requerir al Partido Socialista diversa documentación y archivos electrónicos en el marco de esta investigación de supuestos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado.
El juez aprecia en su actuación supuestos delitos de cohecho, revelación de secretos y contra las instituciones del Estado
El papel de Juan Sánchez Yepes resulta fundamental en la arquitectura de la trama. El juez Pedraz señala que su actuación tiene relevancia penal y aprecia en ella supuestos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. Este agente, que formó parte del estratégico grupo antiblanqueo de la propia UCO, habría cruzado presuntamente la línea roja para poner sus conocimientos y contactos al servicio de los investigados. El auto es tajante al señalar que Sánchez Yepes «también factura sus servicios al PSOE». Pedraz le achaca los mismos delitos que a otras piezas clave del entramado, investigándolo además en una pieza separada por su relación con el presunto fraude en el sector de los hidrocarburos (el caso Gaslow), donde operaba junto a Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, conseguidor de la ‘trama Koldo’.
«Límpiese, sin límite»
El magistrado sostiene que la red ofreció a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales una serie de «remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos». El propósito era neutralizar a los magistrados instructores que incomodaban al Gobierno —se cita explícitamente a Biedma, Alaya y Peinado— y torpedear causas de extrema sensibilidad, dirigiendo denuncias infundadas contra la jueza que investiga a David Sánchez Castejón, hermano del presidente, o atacando frontalmente a la Fiscalía Anticorrupción.
La génesis de esta ofensiva se sitúa en un momento crítico para el Ejecutivo: abril de 2024. Tras la incoación de diligencias contra Begoña Gómez y el célebre «periodo de reflexión» de Pedro Sánchez, la maquinaria se activó. En una reunión celebrada en la sede del PSOE en la calle Ferraz el 26 de abril de 2024, se sentaron las bases de la operación.
Según relatan los propios investigados en conversaciones intervenidas, la directriz fue clara. El empresario Javier Pérez Dolset, implicado en la trama, confesó en una reunión que tras la imputación de la mujer del presidente, la orden fue que «se limpie todo». Leire Díez, coordinadora operativa de la red, apostilló un rotundo «límpiese», a lo que Dolset remató: «Límpiese, sin límite». Díez, exmilitante socialista y líder táctica del grupo, dejó constancia en sus notas manuscritas de la urgencia del partido: «Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe».
La financiación del espionaje y el papel de Cerdán
El juez Pedraz sitúa a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, en la cúspide jerárquica de la trama. Cerdán habría proporcionado no solo el impulso intelectual, sino el soporte financiero e infraestructural utilizando los recursos del propio partido.
Para ejecutar el plan, se acordó remunerar a Leire Díez con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del PSOE. Para enmascarar estos pagos y no dejar rastro del ordenante, la organización utilizó un complejo entramado de facturación falsa a través de sociedades pantalla vinculadas a históricos del partido y abogados de la trama. Destacan la sociedad del exdirigente socialista Gaspar Zarrías (Zaño Sociedad Consultora SL) y las del letrado Ismael Oliver Romero. Según el auto, todo ello requirió el presumible concierto de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, quien emitía mendaces notas de encargo por supuestas labores de «consultoría legal» para justificar salidas de decenas de miles de euros (como un abono de 27.225 euros al despacho de Oliver).
En las reuniones celebradas en el despacho de Jacobo Teijelo, coincidieron un veterano abogado penalista hoy imputado y defensor del propio Santos Cerdán y del guardia civil Sánchez Yepes. En uno de estos encuentros con Pérez Dolset y Leire Díez, el objetivo principal fue obtener información sensible de la UCO.
«Cuéntanos algo de Balas»
«Cuéntanos algo de Balas», exigía Teijelo en referencia al teniente coronel Antonio Balas, responsable en ese momento de las pesquisas sobre Begoña Gómez, David Sánchez y el ‘caso Koldo’. «Necesito a Balas», insistía Díez. La ambición del grupo no se limitaba a la Guardia Civil; también buscaron condicionar al fiscal anticorrupción José Grinda y plantearon, «a lo bestia», forzar «un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía».