Murcia
La investigación de la UDEF sobre la trama de las prótesis no dibuja un caso aislado ni errores puntuales. Lo que aparece en el informe es algo más profundo: un sistema que funcionó durante años dentro del propio Servicio Murciano de Salud y que permitió mantener prácticas irregulares sin que saltaran las alarmas.
Según el documento policial, la red estaba formada por nueve personas —entre personal sanitario, responsables administrativos y empleados de la empresa proveedora— que habrían actuado de forma coordinada al menos desde 2018.
El núcleo del fraude no era solo económico, aunque la cifra es significativa: cerca de 6,9 millones de euros de perjuicio para las arcas públicas. Lo relevante está en cómo se consiguió. El informe habla de una mecánica repetida: facturar productos no homologados como si fueran legales, inflar precios o cargar al sistema sanitario material distinto al realmente utilizado.
Agentes de la UDEF han analizado un 8 por ciento de las 492 intervenciones llevadas a cabo por el cirujano cardiovascular del hospital Virgen de la Arrixaca derivadas a un centro hospitalario privado. Hallaron hasta 59 productos sanitarios caducados. La policía acredita la implantación de un stent caducado en una operación que tuvo lugar el 21 de marzo de 2022, el producto implantado venció en febrero de 2022 y aún así se usó.
Todo esto se apoyaba en un elemento clave: la manipulación de los registros. En muchos casos, los partes quirúrgicos incluían anotaciones manuscritas o datos falsos que impedían seguir la trazabilidad del material utilizado. Es decir, el sistema no solo no detectaba el fraude, sino que estaba configurado de manera que dificultaba comprobarlo después.
A esto se suma uno de los puntos más sensibles del caso: la presencia de material caducado. Los agentes han identificado decenas de productos fuera de fecha y acreditan que, al menos en un caso, uno de ellos fue implantado a un paciente.
La investigación también apunta a un fallo estructural en el control de compras públicas. Incluso se detecta la manipulación de concursos, con borradores enviados previamente a la empresa proveedora para introducir cambios antes de su publicación.
Otro elemento que refuerza la hipótesis de organización es el rastro económico. Varios de los implicados presentan incrementos patrimoniales que no se corresponden con sus ingresos, incluyendo compras de inmuebles o movimientos de dinero sin justificar.
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En conjunto, el caso plantea una cuestión de fondo: no solo quién participó, sino cómo fue posible sostener durante tanto tiempo un sistema así sin que se detectara. Porque más allá de los delitos que ahora se investigan —malversación, falsedad documental, prevaricación u organización criminal— lo que queda sobre la mesa es una debilidad en los controles internos.
Y esa es, probablemente, la derivada más relevante del informe: el foco no se queda solo en los responsables, sino en las grietas del sistema que lo hicieron posible.