La dirección de uno de los cuatro centros de atención a personas con discapacidad intelectual (CADI)del Cabildo de Gran Canaria ha denunciado a un trabajador por presuntos tocamientos no consentidos a una usuaria residente. El trabajador, un sustituto que cubría una baja laboral, fue detenido minutos más tarde por la Policía Nacional, tras ser sacado del centro por otros trabajadores que se percataron de los supuestos tocamientos. Este periódico desconoce la situación en la que quedó el empleado denunciado tras su paso por las dependencias policiales.
Los presuntos tocamientos no consentidos, tipificados como un delito contra la libertad sexual, habrían tenido lugar en la habitación de la mujer, que dispone de movilidad pero a la que su discapacidad intelectual severa impide hacer un relato de lo sucedido. El detenido, que ha sido apartado de las listas de empleo de los CADI, no debía estar en ese momento en ese espacio, lo que llamó la atención de los trabajadores que irrumpieron en la habitación y le obligaron a abandonar de inmediato las instalaciones.
Estos presuntos tocamientos tuvieron lugar hace varias semanas. Hay fuentes que sitúan los hechos hace aproximadamente un mes. Lo cierto es que la dirección del centro ha dado explicaciones de lo sucedido tanto a la familia de la posible víctima como a las del resto de usuarios del CADI, destacando la rápida intervención de los trabajadores que expulsaron al presunto agresor.
El acusado ha negado los hechos denunciados y que hiciera tocamientos a la presunta víctima del delito de agresión sexual.
Por lo pronto, el conocimiento de este grave incidente ha desatado la inquietud entre las familias de los usuarios del resto de centros, quienes, en primer lugar, se quejan de que se enteraron de lo sucedido de manera extraoficial. Entienden que debió haberse informado a las familias de los cuatro CADI que tiene operativos el Cabildo en la isla. «Al fin y al cabo, esto nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros y tenemos derecho a que se nos informe», apuntan algunos portavoces que prefieren no revelar su identidad.
Dados los hechos, estas mismas familias instan al Cabildo a la adopción de cuantas medidas sean necesarias para incrementar la supervisión y vigilancia de lo que pasa en los centros. Además, también reclaman de la institución insular que obligue a la concesionaria a extremar las medidas de control del personal que entra a trabajar en este servicio. En este sentido, y según estas mismas fuentes, la empresa adjudicataria habría empezado a pedir el certificado de antecedentes penales a todo el personal, extremo este último que este periódico no ha podido confirmar, pero que tendría el objetivo de fijar una medida preventiva.
En esta apuesta por evitar que este tipo de incidentes vuelvan a producirse, hay familias que reivindican la instalación de cámaras en las zonas comunes que permitan al menos saber quién entra y quién sale de las distintas dependencias. Les parece prioritario garantizar la seguridad de los usuarios de los centros.