Leire Díez pidió este lunes a la Audiencia Nacional que anule la entrada la pasada semana de la UCO en la sede federal del PSOE, … en la calle Ferraz de Madrid, al sostener que la diligencia se basó en mensajes, agendas y archivos que debían haber quedado fuera de la investigación. La defensa de la exmilitante socialista afirma que el juez Santiago Pedraz había ordenado apartar de la causa todo el material ajeno al periodo 2021-2023 y toda la «información personal, profesional o de cualquier otro tipo» que no guardara relación con los hechos investigados.

El escrito de la defensa reclama la nulidad del auto que autorizó la actuación de los agentes en Ferraz y de las diligencias derivadas de esa entrada. La tesis de Díez es que la UCO utilizó para justificar la medida información procedente de sus dispositivos, cuadernos y agendas que estaba sometida a un procedimiento previo de expurgo. Ese filtro había sido acordado por el propio tribunal para separar el material útil para la causa de aquel que afectara a su esfera personal o excediera el objeto inicial de las pesquisas.

La defensa recuerda que el 18 de febrero de 2026 solicitó que se apartara de las actuaciones toda la documentación que no correspondiera a los años investigados, entre 2021 y 2023, así como los datos personales y/o profesionales de Díez y de su familia sin conexión con la causa. El 4 de marzo pasado Pedraz acordó abrir una pieza separada y reservada de expurgo y requirió a la UCO para que entregara los efectos originales intervenidos y se abstuviera de utilizar su contenido hasta que se hubiera practicado esa depuración.

Díez sostiene que la UCo utilizó para justificar la entrada en Ferraz información que estaba sometida a un procedimiento previo de expurgo

El problema, según la investigada, es que el auto de 26 de mayo que permitió a la Guardia Civil acudir a Ferraz se apoyó precisamente en información que debía haber quedado congelada hasta completar ese trámite. Su defensa sostiene que la resolución menciona anotaciones, reuniones, comunicaciones y actuaciones de 2024 y 2025 extraídas de agendas, cuadernos y archivos de Díez, pese a que ese periodo no formaba parte del marco temporal inicial del caso SEPI.

«Todas las actuaciones»

La exmilitante socialista pide por ello la nulidad «de todas las actuaciones, información y material objeto de investigación que conste en las actuaciones y haya sido recabado a través de los elementos, documentos, archivos y diligencias objeto de expurgo». Su argumento es que la garantía procesal no era un simple trámite formal, sino una protección material de derechos fundamentales para impedir que el Estado conservara o explotara información obtenida fuera del perímetro autorizado por el juez.

La diligencia en Ferraz se practicó el pasado miércoles y se prolongó durante cerca de 16 horas. Los agentes de la UCO reclamaron documentación, correos corporativos, archivos electrónicos, registros internos, contratos, facturas, libros contables y datos de la gerencia socialista para investigar si existió una estructura organizada para financiar las llamadas ‘cloacas’ de Leire Díez mediante trabajos ficticios o facturas presuntamente falsas.

Pedraz investiga en esta pieza una presunta trama dirigida a «desestabilizar» procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez. El juez sitúa en la cúspide de esa operativa a Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista, y sostiene que habría puesto «la propia estructura del partido» al servicio de la red de Díez. La causa afecta también a Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías, Jacobo Teijelo, Ismael Oliver, el guardia civil Juan Sánchez Yepes y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

La investigación atribuye a la estructura delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Los agentes tratan de determinar si desde Ferraz se pagaron trabajos ficticios o encargos aparentes para sufragar maniobras contra jueces, fiscales, mandos de la Guardia Civil e investigadores de causas sensibles para el partido.