La industria española vive un momento de máxima tensión, y no acaba de encontrar la forma de salir de una crisis permanente que levantó su furia tras la pandemia de 2020. Desde entonces hay un severo problema con los costes energéticos que genera un fuerte … agravio con países de nuestro entorno. En este contexto, el Gobierno podría aliviar la situación por la vía fiscal, pero no acaba de llegar algún tipo de solución, al menos de forma definitiva.
Desde el sector industrial no aguantan más. Llevan tiempo alertando de que, de seguir así, al final pasará lo que nadie quiere: la deslocalización de muchas empresas. Y por si fuera poco, la perspectiva es poco halagüeña.
Así lo ha expresado el presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Carlos Navalpotro, al mostrar su preocupación ante el repunte que se espera para el segundo semestre del año de los precios en los mercados eléctricos, lo que puede derivar en una reducción de la actividad industrial.
Este escenario se verá impactado, además, por la carga fiscal. El presidente de AEGE estima que la recuperación del impuesto a la generación del 7% en la segunda mitad del año elevará los precios que pagan los consumidores en 7€/MWh, «lo que puede llegar a impactar, hasta en un 10%, en las industrias expuestas a la competencia internacional, una vez descontadas las compensaciones que obtienen para evitar la competencia desleal que sufren frente a economías con una laxa o nula ambición climática», explica.
La cuestión fiscal pone de acuerdo a la mayoría de agentes energéticos. Una de las grandes patronales renovables, APPA, ha pedido esta semana que este Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el conocido Ivpee del 7%, «debe desaparecer definitivamente, no mantenerse como una figura estructural».
Estiman desde APPA Renovables que «el Ivpee nació en un contexto que ya no existe y se ha convertido en un lastre para la electrificación. Mantener impuestos pensados para otro sistema energético es frenar el sistema que necesitamos construir. España debe decidir si quiere recaudar contra la electricidad o utilizar la electricidad renovable como palanca de competitividad».
Precios dispares
Según el barómetro de AEGE, en el pasado mes España tuvo un coste final eléctrico de 72 €/MWh, mientras que Alemania se quedó en 65 €/MWh, y Francia terminó con 37 euros. Lo curioso es que el precio mayorista del mercado, por ejemplo en el país germano, es mucho más que lo que se paga en suelo español: 102 euros frente a 69 euros.
Eso marca una ventaja competitiva que, en gran parte, se debe a las renovables pero que España no está sabiendo aprovechar. Además, hay que señalar que los consumidores electrointensivos en España hacen frente a unos costes por los servicios de ajuste del sistema, en gran parte por el ‘modo reforzado’, que no son considerados en Francia y Alemania. Esto amplía la brecha competitiva en más de 21 €/MWh.
72 euros
Grandes diferencias
El precio final eléctrico para la industria española asciende a 72 euros, casi el doble que lo paga la industria francesa, 37 euros, mientra que en Alemania se queda en 65 €/MWh
Asimismo, las compensaciones por CO2 indirecto que obtienen las industrias electrointensivas en Alemania son sustancialmente superiores a las que recibe la industria nacional, que están limitadas por la indisponibilidad presupuestaria. En concreto, en Alemania acceden a compensaciones por encima de las de nuestro país por un total de 21 €/MWh superiores.
Por eso, sus quejas van en aumento, y no solo con los costes. Desde AEGE recuerdan que no se aplican con la máxima intensidad permitida las compensaciones destinadas a mitigar la brecha competitiva con otras regiones del mundo, ni las permitidas en la reforma del Estatuto del Consumidor Electrointensivo para reducir la mayor carga fiscal existente en nuestro país en el recibo eléctrico que pagan las industrias.
Por todo ello, la asociación manifiesta su pleno respaldo a las recomendaciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien insta a los Estados miembros a maximizar las aportaciones por compensaciones indirectas de derechos de emisiones y a reducir la carga fiscal sobre la electricidad para la industria.