Una de las leyes en las que más empeño ha puesto Isabel Díaz Ayuso y el ala más conservadora del Gobierno de Madrid no va a salir adelante, por ahora. La Comunidad ha retirado la tramitación de la ley del concebido no nacido por un defecto de forma, informan a EL PAÍS fuentes parlamentarias. El expediente no aclaraba desde qué semana el embrión pasaba a formar parte de la unidad familiar. Ayuso, que anunció a lo grande la inminente aprobación de la ley días antes de la visita del papa León XIV, quiere sacarlo adelante en un pleno extraordinario que esperan celebrar en julio, según fuentes de su equipo.
Con esta nueva norma, que casi con toda seguridad saldrá adelante ya que el PP cuenta con mayoría en la Asamblea de Madrid, una familia cuenta con un miembro más a efectos administrativos desde el momento del embarazo. El Gobierno de Madrid considera que estas medidas ayudan a las mujeres a tener alternativas antes de someterse a un aborto. Su tramitación no va a ocurrir este jueves, como estaba previsto, por los vacíos y las contradicciones que ha encontrado la abogacía de la Comunidad de Madrid en la redacción del proyecto.
Así que la mesa de la Asamblea lo ha suspendido temporalmente. En el PP esperan subsanar estos errores lo antes posible. La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, solicitó la nulidad y la suspensión de la ley. Los socialistas se quedaron sorprendidos al ver que el proyecto de ley solo tenía 5 páginas, mientras que el informe de la abogacía constaba de 46. Incluía algunas contradicciones como cuál era la semana que certificaba la concepción, si la 12 o la 14. “Ayuso lleva desde 2019 hablando de esto y lo presenta mal”, opina por teléfono Lorena Morales Porro, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, que considera una victoria que la ley no salga adelante, aunque a largo plazo vaya a aprobarse.
En su opinión, se trata de un “ataque frontal a los derechos de las mujeres”. Los movimientos feministas han interpretado la ley como una forma de anteponer los derechos de los fetos a la autonomía de las mujeres. La presidenta Ayuso no se ha mostrado abiertamente en contra del derecho al aborto, pero sí incide mucho en que lo importante es ofrecer alternativas, un discurso que usan en ocasiones los antiabortistas. A medida que ha pasado el tiempo, la presidenta ha adoptado posturas más conservadoras con las que ha logrado acercarse a la Iglesia española, aunque ahora hayan chocado con el asunto del proceso de regularización de inmigrantes que la curia española defiende. En su día, Ayuso se declaró atea, pero se ha convertido al catolicismo y eso se nota en algunas leyes como esta.
En cualquier caso el informe de la abogacía sobre el proyecto de ley es favorable, aunque considera que el expediente está “incompleto”. “Sin la subsanación de las deficiencias de carácter esencial, el proyecto no estaría en condiciones de continuar su tramitación”, se lee en el informe al que ha tenido acceso este periódico. La abogacía exige completar tres cosas: el acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de octubre de 2025 que acordó la sustanciación del trámite de consulta pública; escritos de alegaciones presentados durante el trámite de consulta pública; y el informe de impacto en la familia, infancia y adolescencia (emitido por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad) de fecha 3 de noviembre de 2025.
Además, encuentra mayores vacíos en otros asuntos que derivan en “vicios de legalidad, seguridad jurídica o competenciales”. El Grupo Parlamentario del PP no ha incluido un principio de estabilidad presupuestaria ni tampoco un periodo mínimo de gestación. “El artículo 2.3 dice que no se exigirá semana mínima de gestación (salvo que un procedimiento concreto diga lo contrario), mientras que el artículo 4.2 exige 12 semanas para las familias numerosas. Se debe unificar el criterio para todos los supuestos por razones de seguridad jurídica e igualdad de trato”, exige la abogacía.
El PP llega a esta penúltima Asamblea antes de las vacaciones de verano sin zanjar un asunto que resulta vital para su discurso pro familia y conservador. El regreso al periodo de sesiones será intenso. Vox, la ultraderecha, quiere quitarle a Ayuso la mayoría absoluta y abocar al PP a una negociación que ya se está dando en otras comunidades autónomas de España. Buena parte del futuro político de Madrid se juega en un pulso entre la derecha y lo que queda más allá.