La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que recabe de Anticorrupción información completa sobre la incautación de un disco duro denominado «crucial» y del que parte toda la investigación.
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Quiere, sobre todo, conocer la resolución judicial que autorizó su uso en las diligencias que han acabado llevando a su imputación porque entiende que «si no se hubiera obtenido aquella específica autorización a través de una resolución judicial motivada, las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas» y esa prueba sería nula.
Incautado a un abogado a instancias de las autoridades de Francia y Suiza, que pidieron colaboración para perseguir un blanqueo de capitales, los chats que contiene ese disco duro bautizado como «CRUCIAL» se incorporaron ya a la denuncia de Anticorrupción que reabrió el caso Plus Ultra el pasado noviembre y desencadenó la detención del presidente y el CEO de la aerolínea, así como del empresario Julio Martínez Martínez, entre otros.
De ahí la relevancia de la incautación de aquel dispositivo que a día de hoy, la UDEF sigue desentrañando y que constaba como indicio de relevancia tanto en la denuncia inicial como en el auto por el que el juzgado de Madrid decidió finalmente enviar sus pesquisas a la Audiencia Nacional al entender que era un blanqueo de capitales internacional que no era de su competencia.
«Según se desprende de las actuaciones a las que podemos acceder, el material digital fue intervenido en cumplimiento de una OEI de Francia y de una Comisión Rogatoria del cantón de Ginebra (Suiza), esto es, con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero. Sin embargo, ese mismo material parece que se ha analizado y utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto (…) hasta desembocar en la imputación que ahora afecta a mi representado», dice la defensa de Zapatero.
«Reutilización del material en procedimientos distintos»
Plantea que «esa reutilización del material en finalidades y procedimientos distintos de aquel para el que fue lícitamente obtenido no es indiferente para el ordenamiento» porque «se requiere para ello de una habilitación judicial que verifique la concurrencia del presupuesto de especialidad respecto del nuevo objeto».
«Esta parte no ha logrado hallar el Auto o los Autos dictados en su día por la autoridad judicial, seguramente por impericia de este letrado, y que de forma motivada llegaron a autorizar al Ministerio fiscal o a la policía judicial para que analizaran el dispositivo así como la lectura y los análisis de las conversaciones privadas», argumenta la defensa, para recordar que esos chats «han permitido incidir de manera eficiente en la imputación de actos penalmente reprochables» a Zapatero.
«De ahí que el conocimiento de la resolución o resoluciones judiciales que se interesan resulte imprescindible también para comprobar si tal control de especialidad llegó a producirse», añade, para subrayar que se trata de hacer valer «la imposibilidad de que se haga valer en su contra una prueba que derive de un acceso practicado, en su caso, sin la habilitación judicial motivada».
Sustentan la imputación de Zapatero
«En la medida en que las comunicaciones analizadas han sido utilizadas por el Ministerio Fiscal e incorporadas a esta causa para sustentar la imputación que ahora afecta a mi defendido, su posición procesal resulta directa e inmediatamente concernida, asistiéndole interés legítimo y derecho a que se depure si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron regularmente obtenidas», apostilla.
Reclama así que se requiera a la Fiscalía Anticorrupción «que indique la resolución o resoluciones judiciales que, en su día y en forma de auto, hubieran habilitado y autorizado a las fuerzas policiales el análisis de las comunicaciones privadas aludidas, así como el lugar de esta compleja instrucción, de ida y vuelta, donde esa autorización se encuentra, a fin de que se pueda asumir como una diligencia que fue regularmente obtenida, respetando los derechos fundamentales de todos los implicados en estas actuaciones penales».
El móvil de Estados Unidos
Por otra parte, la defensa del expresidente ha recurrido la decisión del juez Calama que deja en el aire pedir más información y garantías a Estados Unidos obre el volcado del móvil de Rodolfo Reyes, incautado allí en 2021 y aportado a la causa el pasado 18 de marzo, con importantes consecuencias para Zapatero, al que los antaño dueños de Plus Ultra denominan el «pana» y reproducen gestiones que presumen, está haciendo en su favor para conseguir el rescate de la aerolínea.
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Razona que «la mera autorización de una autoridad norteamericana para utilizar esas comunicaciones personales en un proceso penal tendría un alcance muy limitado, pues no permitiría por sí misma ni esclarecer las distintas circunstancias en que se obtuvo la información, ni su conservación durante tantos años ni cómo se entregó a la unidad policial española».
«Tampoco esa autorización permite apreciar si efectivamente se han cumplido las exigencias que en el ámbito de la prueba, también de la prueba tecnológica, derivan directamente de la Constitución», añade, para solicitar al juez que reconsidere su postura.