El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley para aumentar la financiación de la dependencia, de tal manera que en dos años se realizará la mayor inyección económica en el sector hasta ahora. Así, este año se invertirán 2.218 millones de euros más y el año que viene se sumará a esta cantidad otro tanto, de tal manera que la aportación del Ministerio de Derechos Sociales superará los 7.200 millones de euros en 2027, según ha anunciado a primera hora de este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto celebrado en el Imserso, en Madrid, al que ha acudido con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Previamente, ambos se han reunido con personas con discapacidad y en situación de dependencia, cuidadores y representantes de trabajadores del sector.

“Vamos a culminar una de las mayores transformaciones del sistema de dependencia desde su creación, en 2006″, ha afirmado Sánchez. Lo ha calificado de “paso decisivo para consolidar un sistema más fuerte, más humano y más justo” que “no deje a nadie atrás”. De esta forma, ha destacado el presidente, la inversión “casi multiplica por cinco la financiación estatal” desde su llegada al Ejecutivo. El desarrollo de la ley, de hecho, ha estado fuertemente lastrado por los recortes que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy tras la crisis de 2008, que no llegaron a revertirse hasta la legislatura pasada. El real decreto ley tendrá ahora que ser convalidado en el Congreso de los Diputados, aunque dado que los grupos políticos han reclamado repetidamente financiación, se prevé que puedan recabarse los apoyos, pese al difícil momento que atraviesa el Gobierno. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Bustinduy ha manifestado, de hecho, su voluntad de que tanto convalidación como el proyecto de reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que está tramitándose en el Parlamento, puedan votarse el mismo día y se aprueben “por unanimidad”.

“Se va a más que duplicar la inversión en dependencia que me encontré en 2023”, ha declarado Bustinduy, que ha calificado el día de hoy como “histórico para la política social de este país”. Sánchez había afirmado horas antes que este real decreto ley les va a permitir “cumplir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura”, que la Administración General del Estado “financie el 50% del sistema de la dependencia”. Llegar a ese porcentaje es uno de los puntos recogidos en el pacto de Gobierno entre el PSOE y Sumar, formación a la que pertenece Bustinduy. En 2025, según datos del ministerio, la inversión estatal se situó en más de 3.700 millones de euros, contando con los 500 millones de euros que se aprobaron, de forma extraordinaria, para financiar las ayudas a los enfermos de ELA y otras enfermedades irreversibles. Bustinduy aseguró hace un par de semanas que a final de 2027 se conseguiría financiar la ley a partes iguales entre el ministerio y las comunidades autónomas. Una reivindicación de las autonomías, que acarrean con el grueso de la financiación (en 2024 el ministerio aportó de media el 27%, aunque la cantidad varía en función de la comunidad que se trate).

Con esta inyección económica, según Sánchez, el primer objetivo es reducir la lista de espera, que según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en mayo superaba las 265.000 personas. El segundo objetivo es garantizar “más y mejores cuidados”, y el tercero, mejorar las condiciones de quienes cuidan, algo que pasa por “salarios dignos, mejores condiciones laborales y el reconocimiento social que merecen”. “A quienes se preguntan por qué este Ejecutivo quiere continuar, pese a todas las dificultades y piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, está aquí”, ha dicho Sánchez, un día después de que se conociera la sentencia que ha condenado al exministro José Luis Ábalos, quien fuera su mano derecha, a 24 años de cárcel.

Una de las claves de este real decreto es que no se aprueba una inversión puntual de la financiación, sino que se modifican por ley las cuantías de una de sus vías de financiación, lo que se conoce como el nivel mínimo garantizado, que consiste en un dinero que reciben las autonomías —que tienen la competencia exclusiva en la gestión de la dependencia— por cada usuario atendido. Así, a partir del 1 de julio, según Derechos Sociales, las comunidades pasarán a percibir más dinero por cada uno de los más de 1,6 millones de beneficiarios de la ley. Serán 90 euros al mes por cada persona valorada como grado I, el más leve (un 18% más que ahora, 76 euros); 260 por cada grado II (el doble que ahora, 130 euros), y 660 euros por cada grado III, el más grave (un 128% más que los 290 euros actuales). Para cambiar estas medidas, será precisa una reforma con rango de ley.

En total, estos incrementos implican que la aportación económica del Gobierno alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026, según los cálculos de Derechos Sociales, y los 7.239,4 millones en 2027. Para 2025 había presupuestados unos 3.200 millones de euros, explican fuentes de Derechos Sociales. Así que, si se tiene en cuenta la inyección que se realizará este año y la que llegará el año que viene, hablamos de más de 6.200 millones de euros nuevos. El mayor esfuerzo financiero hasta la fecha. El anterior se produjo en la legislatura pasada, cuando se aportaron unos 3.600 millones de euros entre 2021 y 2023 gracias a un plan de choque impulsado también por el Ministerio de Derechos Sociales, capitaneado entonces por Unidas Podemos.

Lo cierto es que, aparte de la inversión extraordinaria para financiar las ayudas a enfermos de ELA, este es el primer aumento presupuestario en dependencia en esta legislatura, que ha funcionado prorrogando los Presupuestos de 2023.

Para Derechos Sociales, esta inversión económica supondrá “el primer paso para refundar el sistema de la dependencia”, porque permitirá avanzar en un modelo de cuidados más personalizado y que respete más la voluntad de las personas, por ejemplo, para permanecer en su domicilio durante más tiempo, así como que, si deben ingresar en un centro residencial, este funcione de la manera más parecida a un hogar.

La inyección económica llega además durante la recta final de la tramitación del proyecto de reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad en el Congreso. Tanto el Partido Popular como los grupos nacionalistas han pedido aumentar la financiación de la dependencia en repetidas ocasiones. De hecho, la principal crítica del partido mayoritario en la oposición es que la norma llegaba sin memoria económica.

Entre otras medidas, la reforma impulsada por Bustinduy elimina burocracia al crear una pasarela entre el reconocimiento de la dependencia y de la discapacidad, de tal forma que a quienes obtengan un grado I de dependencia se les reconocerá automáticamente una discapacidad del 33%, y a los grados II y III, una discapacidad del 65%. También se suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia que el Gobierno de Rajoy introdujo en 2012, en plenos recortes. Si bien estas continuarán en las comunidades que las mantienen vigentes, la idea es que la reforma en la ley mueva a las autonomías a reformar su propia legislación. Además, se mejoran servicios, por ejemplo, al ofrecer la posibilidad de nuevos modelos de convivencia colaborativa y de cuidados en viviendas compartidas.

El Gobierno envió el texto de reforma de ambas leyes al Parlamento el pasado julio y los grupos se encuentran ahora mismo negociando las enmiendas. Antes del parón veraniego, aún habría tiempo para que se alcance un acuerdo y el texto se vote en pleno en el mes de julio. Aunque para ello los socios del Ejecutivo tienen que amarrar votos, o al menos abstenciones, en un momento muy complicado a nivel político. El aumento de financiación puede ser clave.