El mismo día en que el Tribunal Supremo hace pública la sentencia condenatoria al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario y delator Víctor de Aldama, CANARIAS7 difunde los avances de la Fiscalía Europea en la instrucción del caso Mascarillas que se destapó en las islas en el año 2022.
¿Hay conexión entre las compras de mascarillas y otro material sanitario en Canarias, lo juzgado en el Supremo y lo que se instruye en otro procedimiento en la Audiencia Nacional? Sí en cuanto a algunas empresas y personas; y no también en cuanto a algunas compañías mercantiles. Vamos a intentar aclararlo.
-¿Hay relación entre las compras de mascarillas analizadas por el Tribunal Supremo y Canarias?
Sí. El nexo común es la empresa Soluciones de Gestión, que fue la que suministró material sanitario en 2020 a órganos dependientes del Ministerio de Transportes. Desde ese departamento, Koldo García puso en contacto a los intermediarios de Soluciones de Gestión con los gobiernos de Canarias y Baleares. Al frente del primero estaba entonces Ángel Víctor Torres -hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática- y en Baleares la presidenta Francina Armengol -hoy presidenta del Congreso de los Diputados-. Torres facilitó a Soluciones de Gestión el contacto con el Servicio Canario de Salud y después se interesó en agilizar pagos a esa empresa cuando aparecieron trabas en las áreas administrativas del SCS.
-¿Se analizaron en la vista del Supremo las compras de material sanitario a Soluciones de Gestión por parte de la Sanidad canaria?
No. Esa investigación sigue en manos de la Audiencia Nacional y la instrucción no ha finalizado. Víctor de Aldama sigue sosteniendo que ese procedimiento deparará sorpresas en torno al papel jugado por Ángel Víctor Torres. Este, sin embargo, no está investigado judicialmente; de hecho, si lo hiciera la causa tendría que pasar al Supremo porque Torres, al ser ministro, está aforado.
-¿Qué es entonces el caso Mascarillas de Canarias?
Fue la denominación con que se conoció en 2022 la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas en torno al contrato firmado en plena pandemia de covid por el Servicio Canario de la Salud con la empresa RR7 para el suministro de un millón de mascarillas. El SCS pagó 4 millones de euros (en dos plazos, a razón de dos millones cada uno), el material nunca fue entregado y tampoco se ha podido recuperar un euro. Esa investigación de Anticorrupción, con el fiscal Javier Ródenas al frente, derivó en una querella que instruyó el juez Francisco Javier García-García Sotoca. Las pesquisas se centraron en el dueño de RR7, Rayco González, sus familiares y amigos que hacían de intermediarios con Sanidad, y el que fuera director del SCS, Conrado Domínguez, y la entonces directora de Recursos Económicos de esa entidad, Ana María Pérez.
-¿Qué consecuencias políticas tuvo el caso Mascarillas de RR7?
La salida de Conrado Domínguez de la dirección del Servicio Canario de la Salud. Domínguez había estado en ese cargo con el primer Gobierno de Fernando Clavijo, cuando los socialistas salen del Ejecutivo y José Manuel Baltar asumió la Consejería de Sanidad. Al llegar Ángel Víctor Torres al Gobierno, en el PSOE había una gran contestación interna a que Domínguez repitiera al frente del SCS. Sebastián Franquis lo ‘repescó’ como secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas. Cuando estalla la pandemia de covid, en el comité de gestión creado por Torres se incorpora a Domínguez, con una función que a día de hoy sigue sin aclararse y de la que no hay constancia por escrito. Esa incorporación incomodó a la entonces consejera socialista de Sanidad Teresa Cruz y a su equipo, hasta el punto de precipitar en gran medida el cese de Cruz y de la entonces directora del SCS, Blanca Méndez. Al frente del SCS quedó temporalmente Antonio Olivera, que era viceconsejero de Presidencia, y el cargo fue más tarde asumido por Alberto Pazos, pero este dimitió a los pocos meses. En septiembre de 2020 Conrado Domínguez fue nombrado de nuevo director del SCS. En mayo de 2022 este periódico desveló la investigación de Anticorrupción por el contrato fallido con RR7 pero el Gobierno mantuvo a Domínguez en el cargo hasta noviembre de ese año. Cesó cuando el presidente Torres le comunicó que su destitución iba a ser llevada al Consejo de Gobierno. La salida se precipitó al difundirse los mensajes que había intercambiado con el dueño de RR7 y otras personas de su entorno.
-¿Por qué el caso Mascarillas de Canarias está en la Fiscalía Europea?
En el año 2022 la Fiscalía Europea reclamó la competencia del procedimiento al considerar que el pago a RR7 se hizo a cuenta de fondos de comunitarios. El juez García García-Sotoca se inhibió y todo el procedimiento se traspasó a ese órgano fiscal de ámbito comunitario, que tiene sede en Madrid y que actúa tutelado por la Audiencia Nacional. La Intervención de la Comunidad Autónoma informó por escrito que al final el pago se hizo se fondos del Gobierno canario pero el procedimiento continúa en la Fiscalía Europea.
-¿Qué pasos acaba de dar la Fiscalía Europea en la investigación en torno al contrato de RR7?
Por un lado, ha citado a declarar en calidad de testigo a Elizabeth González, actual presidenta del Colegio de Médicos. Ocupó un cargo directivo en el SCS cuando los contratos de emergencia en la pandemia y sus informes se usaron como argumento para justificar el acuerdo con RR7. Por otro, la Fiscalía Europea ha pedido a la policía judicial que elabore un informe patrimonial de Conrado Domínguez y Ana María Pérez para determinar si parte del dinero pagado a RR7 pudo acabar en sus cuentas o en su patrimonio por alguna otra vía. En la instrucción realizada por el juez García García-Sotoca ya había un primer informe de patrimonio inmobiliario, cuentas bancarias y otras propiedades de ambos, pero no se indagó qué movimientos bancarios se habían realizado.
-¿Hay más investigaciones abiertas en sedes judiciales por los contratos sanitarios en la pandemia hechos en Canarias?
La Fiscalía Europea abrió diligencias en su día a partir de denuncias relativas a más contratos de emergencia y recabó información al Servicio Canario de la Salud. La investigación continúa aparentemente sin avances.