Gipuzkoa se ahorrará en torno a 26 millones de euros al año en las ayudas a la dependencia con la reforma integral de la financiación … del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esta misma semana, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha anunciado la transformación del sistema con la que, en sus propias palabras, supone «la mayor inversión en dependencia de la historia» por parte del Estado, que transferirá a los gobiernos autonómicos y, en el caso de Euskadi a las diputaciones forales, alrededor del 50% del presupuesto que destinan a las ayudas para personas con dependencia grave y severa con el objetivo de aumentar las cuantías. Gipuzkoa, sin embargo, ya subió la cantidad a percibir por los beneficiarios de estas prestaciones en el año 2023, por lo que esa dotación extra –un total de 6.200 millones repartidos entre todas las autonomías entre este año y el próximo– no está vinculada a otro nuevo incremento de las cuantías, según fuentes del Departamento foral de Cuidados y Políticas Sociales.
Nueva medida
En la actualidad el Gobierno central financia el 15% de los gastos, y a partir del 1 de julio costeará el 50%
Euskadi y Navarra, debido a sus particularidades fiscales, no participan en el reparto general y sus cantidades a recibir se calculan aplicando la normativa de sus regímenes forales especiales. Aunque, según el área que dirige Maite Peña, «todavía no es posible calcular cuánto dinero adicional corresponderá a Gipuzkoa», todo apunta que serán en torno a 26 millones de euros. En la actualidad el gasto en prestaciones de dependencia de la Diputación asciende a 75 millones, según los datos del último año. El Gobierno central financia en torno al 15%, esto es, 11,2 millones. Los 63,3 restantes corren a cargo de la Diputación. Con la nueva medida, que entrará en vigor el 1 de julio, el Gobierno central se compromete a financiar el 50% del sistema de dependencia, cumpliendo así uno de los puntos del pacto de coalición entre PSOE y Sumar. En el caso de Gipuzkoa, esto se traduce en una aportación extra de unos 26 millones, que es lo que se ahorraría la Diputación teniendo en cuenta su presupuesto actual en materia de prestaciones a la dependencia.
En cualquier caso, desde el área que dirige Maite Peña apuntan que necesitan «analizar el contenido definitivo del real decreto ley y, especialmente, cómo se materializan los incrementos de los módulos mínimos de financiación» antes que nada. A fin de cuentas, insisten, hace ya tres años que la Diputación incrementó las cuantías de estas prestaciones en nuestro territorio, que en estos momentos pueden alcanzar hasta los 1.076 euros mensuales para contratar a un cuidador de dependiente (PEAP), una cantidad que está «muy por encima de otras comunidades», apuntan.
«Esfuerzo constante»
En todo caso, desde el Gobierno foral se insiste en que en todo momento «se habla de financiación, no de incremento directo de prestaciones personales. La Diputación ya realizó un importante esfuerzo de mejora de estas ayudas mediante el decreto foral aprobado en 2023. La medida aprobada ahora por el Gobierno central no está vinculada a un incremento de las prestaciones económicas que perciben directamente las personas dependientes, sino a la financiación del propio sistema». El objetivo es «avanzar hacia el compromiso de que el Estado asuma el 50% del coste de atención de cada persona en situación de dependencia, una financiación que hasta ahora han venido soportando en gran medida las instituciones forales», insisten las fuentes consultadas. «El esfuerzo económico de la Diputación ha sido constante durante todos estos años», recalcan.
En este momento, por ejemplo, las ayudas para contratar a un cuidador profesional (PEAP) oscilan entre los 100 y los 876 euros mensuales en Gipuzkoa, con un plus de 240 euros en el caso de los grados II y III, cuando el gasto mensual supere el 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Las PECEF para cuidados en el entorno familiar, por su parte, van de los 100 euros mensuales de mínima a los 524.
Compromiso
El aumento de la financiación quedará blindado por ley y será una obligación para el Estado
El aumento de la financiación quedará blindado por ley, ya que supondrá una obligación para el Estado, «independientemente de cuál sea el Gobierno y de su situación presupuestaria», señalan desde el Ministerio de Derechos Sociales. Este 2026 prevé que la aportación económica del Estado a la dependencia alcance los 5.513,8 millones de euros y en 2027, hasta 7.239,4, con el objetivo de que la inversión del Gobierno central en dependencia sea el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década.
En estas dos semanas hasta que entre en vigor la medida, la Diputación de Gipuzkoa se queda a la espera de cómo se traslada la modificación al modelo de financiación aplicable a Euskadi y cuál es el acuerdo que finalmente se alcanza en la Comisión Mixta del Concierto Económico.