La magistrada María Teresa Trinidad Santos, titular de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria nº 7, ha dado luz verde al proceso de recepción de ofertas por el grupo Tubos Reunidos y sus filiales. Este lunes la compañía dio traslado a … la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de las bases presentadas por la consultora PKF Attest —ejerce como administrador concursal en el concurso de acreedores en el que entró la mercantil el 4 de mayo— que reglamentarán la venta. En ellas se establece como uno de los requisitos de valoración de ofertas la posible asunción de pasivos por parte del ofertante. Tal y como informó en febrero la compañía, su deuda aumentó hasta los 263,2 millones de euros en 2025. De ese monto, 112,8 millones de euros corresponden al rescate otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en julio de 2021, que ahora investiga el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional.
De acuerdo con la documentación remitida a la CNMV, el proceso de venta consta de nueve fases. Después de tres de «toma de contacto» para conocer el estado de la compañía y sus activos, los interesados enviarán una primera oferta. No será hasta la remisión de una propuesta final, previas reuniones con la dirección de la mercantil, cuando la administración concursal llevará a cabo su calificación, valoración y jerarquización. Es en esta séptima fase donde tendrá en cuenta cuestiones como el perímetro de la oferta (valorándose positivamente aquellas «que permitan una mayor continuidad funcional y operativa de la unidad productiva») o la asunción de pasivos, «tanto de aquellos de obligada subrogación como de los que, voluntariamente, pudieran ser asumidos por el oferente, en cuanto factor de reducción del pasivo concursal». Tras esto deberá haber acuerdo con los trabajadores y, por último, una autorización del Tribunal de Instancia de Vitoria nº 7 para hacer efectiva la venta.
Es en el apartado de los pasivos, cuya posible asunción por parte del comprador se valorará en la fase siete, donde se enmarca la deuda de Tubos Reunidos con la SEPI. De acuerdo con los datos ofrecidos por la compañía en febrero, cuando presentó un Plan de Viabilidad que incluía un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 300 de sus trabajadores, al cierre de 2025 reportó unas pérdidas de 71, 3 millones de euros y un ebitda negativo de 22,8 millones. Además, la deuda neta aumentó de 234,3 millones de euros a 263,2 millones de euros en ese mismo periodo, de forma que, de ese total, 112,8 millones corresponden a lo aportado por la SEPI en 2021. «Se ha aguantado cuatro años pero se ha engordado la deuda», reconocía en febrero el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, sobre la ineficacia de la ayuda.
Esta, además, está siendo actualmente investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo mandato judicial del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El juez instruye una causa en la que se trata de dilucidar si la antigua dirección de la compañía se sirvió del grupo ‘Hirurok’ (compuesto por la fontanera del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario y socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso) para acceder al rescate. Las últimas revelaciones apuntan a la presunta intermediación de Alonso con la directiva del PNV, liderada entonces por Andoni Ortuzar, para que los nacionalistas presionaran al Gobierno central y así desatascar el rescate. Ayer mismo, Pedraz decidió imputar a la sustituta de Fernández como presidente de la SEPI, Belén Gualda.