“Creemos que es hora de que se cuente la verdad y de paso de que sus seguidores nos dejen en paz.” Era la manera que tenía Amaral, hace unos días, de pedir a Enrique Bunbury que pusiera fin a un rumor que circula desde hace casi dos décadas. En respuesta, Bunbury emitió un comunicado público desmintiendo rotundamente la especulación y lamentando el sufrimiento y los insultos que la artista ha soportado. Ya lo podría haber hecho antes, me asalta pensar, puesto que el rumor era conocido. Bunbury queda como un señor que, durante veinte años, ha ignorado su responsabilidad de acallar un señalamiento que alimentó con su silencio. Por su parte, Amaral, pidiendo lo justo, se ve expuesta otra vez al hostigamiento digital de unos pocos a los que la verdad les da igual. La situación recuerda que, para muchas mujeres visibles públicamente, hacer uso de su voz en redes sociales tiene un precio al haberse convertido estos espacios en campos de batalla para ellas donde son objeto de una violencia machista constante, profunda y sistemática.
Las redes sociales son un espacio público donde las mujeres ejercen derechos fundamentales como la libertad de expresión, de pensamiento, de participación… Derechos todos ellos políticos, es decir, que conectan directamente con su reconocimiento como sujetos plenos. Derechos que deben ser tenidos en cuenta en igualdad y sin sufrir violencia por ser quienes son, por ser mujeres. Y, sin embargo, al igual que en otros espacios públicos, las mujeres sufren aquí formas de acoso y violencia similares, es la violencia política que sufren por ser activas en esos espacios públicos. La diferencia está en lo digital dado el alcance, la viralidad y la exposición constante que permiten las redes sociales haciendo que este tipo de violencia –amenazas, desprestigio, estereotipos, mensajes abusivos– tenga un impacto mayor en su salud emocional y física. No solo afecta a su autoestima, socava su dignidad, sino que para permanecer a salvo de la agresión la alternativa es el silencio y abandonar el espacio público al que tienen derecho a pertenecer.