Primero iban a ser unos 1.900, según avanzó el delegado del Gobierno, Pedro Casares; luego 3.500, según la previsión que se hizo a … la luz de la anterior regularización formalizada por Rodríguez Zapatero en 2005; pero lo cierto es que la previsión de personas que iban a acogerse al controvertido proceso extraordinario de regularización habilitado por el Gobierno y que finalizó el pasado martes, 30 de junio, ha sobrepasado con creces lo que se esperaba para Cantabria. La región registró finalmente 8.767 peticiones, un dato que se dio a conocer esta semana y que ha despertado las reacciones de los grupos parlamentarios. ¿Está Cantabria preparada para la regulación de este número de personas?

La crítica ha llegado a la par tanto desde el Partido Popular como de Vox, que ven en la decisión un ‘efecto llamada’. «El Partido Popular ya advirtió de que este la regularización de migrantes del Gobierno de Sánchez incentiva ese efecto llamada y tensiona los servicios públicos», defiende Juan José Alonso, coordinador general de los populares cántabros. Leticia Díaz, portavoz de Vox, asegura que esto «demuestra que el Ejecutivo, con su iniciativa, buscaba avanzar en sus políticas fracasadas de multiculturalidad, que tanta inseguridad han traído a muchos barrios».

3.500

solicitudes

de regularización es la estimación inciial que se había planteado

8.767

solicitudes

formalizadas finalmente por personas que buscan legalizar su situación

Desde VOX defienden una política migratoria basada en el «control efectivo de las fronteras, el cumplimiento de la ley y la prioridad para quienes acceden y permanecen en España por las vías legales». Las regularizaciones masivas, aseguran, «no solucionan el problema de la inmigración irregular y trasladan un mensaje equivocado sobre el cumplimiento de nuestras normas, lo que refuerza a las mafias de tráfico de personas».

La mayor censura tiene que ver con la «uniteralidad con la que se ha planteado». Insisten en el PP en que «el Gobierno de España ha tomado una decisión sin consenso con las comunidades autónomas y sin prever el impacto que tendrá sobre los servicios públicos, que ya soportan una elevada carga asistencial y que gestionan los gobiernos regionales. Es la habitual línea de «yo invito, pero tú pagas» del Gobierno de Sánchez», agregó Alonso, que plantea una alternativa ordenada: «Defendemos una política migratoria seria, ordenada y responsable, vinculada a la legalidad, al empleo y a la integración y que garantice la seguridad y la convivencia».

«El Ejecutivo central busca avanzar en sus políticas fracasadas de multiculturalidad, que tanta inseguridad han traído a muchos barrios»

Leticia Díaz

Portavoz de Vox

«Han tomado una decisión sin consenso con las comunidades autónomas y sin prever el impacto que tendrá sobre los servicios públicos»

Juan José Alonso

Portavoz del PP

«Los inmigrantes deben poder regularizar su situación y desarrollar su vida con derechos y garantías, y también con sus deberes y obligaciones»

Paula Fernández

Candidata del PRC

«Significa reconocer una realidad que ya existe: que esas personas coticen, paguen impuestos, tengan contrato, y puedan alquilar una vivienda sin miedo»

Ainoa Quiñones

Portavoz del PSOE

Quienes ven la regularización con otros ojos son los regionalistas y los socialistas. Desde el PRC, la candidata a la presidencia, Paula Fernández, asegura que han defendido que las personas inmigrantes que viven, trabajan y contribuyen a la sociedad cántabra «deben tener la oportunidad de regularizar su situación y desarrollar su proyecto de vida con plenos derechos y garantías, y también con sus deberes y obligaciones». Insiste en que no se trata de cifras, «sino de personas que ya forman parte de Cantabria y que desempeñan un papel fundamental en numerosos sectores económicos y en el sostenimiento de nuestros servicios públicos».

Incluso ve un aspecto positivo como es la lucha contra la economía sumergida: «La regularización no solo supone reconocer una realidad social innegable, sino también evitar situaciones de explotación laboral y favorecer la integración plena de estas personas en nuestra sociedad, con derechos, pero también con obligaciones».

Palabras parecidas esgrime la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que afirmó que «es una oportunidad para reconocer derechos pero también deberes y obligaciones de las personas que ya vivían con nosotros».

Una realidad «existente»

La clave está, cuenta el PSOE, en que no se trata de una llegada descontrolada de personas, sino de la regularización de una masa social que ya está aquí. Y no tiene dudas de que la región cuenta con los medios y los servicios para hacer frente a su regularización.

«Evidentemente, claro que Cantabria está preparada para ello porque esas personas vivían aquí antes del proceso de regularización. Regularizar significa reconocer una realidad que existe y ordenarla: que esas personas coticen, paguen impuestos, tengan contrato, puedan alquilar una vivienda sin miedo y llevar a sus hijos al médico sin temor a ser expulsadas», explicó haciendo referencia a la situación de inseguridad social que viven muchas de estas familias. «Ya estaban con nosotros y ahora lo que van a hacer es contribuir con su esfuerzo, como todos los demás, a sostener un Estado del Bienestar y unos servicios públicos que son la mejor garantía de la igualdad de oportunidades», argumentó Quiñones, que ve en la regularización una nueva vía para eliminar la economía sumergida y contribuir con ingresos a las arcas públicas.

En el conjunto de España, los sistemas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha registrado un total de 1.174.978 solicitudes. Esta cifra supone también más del doble del escenario considerado más probable por el departamento dirigido por Elma Saiz, que calculaba alrededor de medio millón de peticiones. El 57% de los solicitantes son hombres y el 81% tiene menos de 45 años. Por áreas geográficas, América Central y América del Sur concentran el 67% de las solicitudes, frente al 22,9% de África y el 8,3% de Asia.