Daniela Rodríguez, bogotana de 29 años, cambió de celular hace unos meses. Tenía tarjeta de crédito, pero el cupo no le alcanzaba para comprarlo. Así que le ayudó la idea que le dieron en la tienda: financiarlo a crédito con una fintech que le aprobó casi la totalidad de la compra. Fueron tres millones de pesos (unos 880 dólares), a una tasa efectiva anual del 49% y a 18 cuotas. Firmó en minutos, sin detenerse en la letra pequeña. Va por la segunda cuota y, aunque reconoce que el servicio le ayudó, le indigna el costo. “Procuro pagar casi el doble de la cuota cada mes para abonar a capital”, dice a EL PAÍS sobre su estrategia para mitigar el impacto de los intereses. Aun así, a veces siente que la deuda sube. “Qué desespero”, resume, con la frustración de quien ha hecho las cuentas más de una vez.

Su historia tiene nombre técnico, como ha documentado el Banco de la República. En el Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2026, denominó este segmento como shadow banking (o banca en la sombra). Es un término que se usa para describir el universo de créditos que corre por fuera de la vigilancia de la Superintendencia Financiera, el regulador del sector en Colombia. Ese mundo de préstamos paralelos ya acumula 72 billones de pesos (unos 20.900 millones de dólares). Así, el 17% de toda la cartera de crédito de los hogares ya está en manos de cooperativas no financieras, empresas del sector real, fintechs y otros prestamistas que ningún regulador bancario supervisa con el mismo rigor. Es una cifra sin antecedentes, pues es muy difícil de explorar.

El Emisor abordó ese punto ciego apoyándose en una fuente inusual: los registros del buró de crédito Experian, que recopila el historial de deuda de las personas con cualquier tipo de prestamista. Fue la primera vez que el Banco de la República cruzó esos datos para dimensionar el fenómeno. El estudio muestra que la deuda de los hogares con fintechs es la que más rápido crece dentro de ese grupo, un 68% real anual. El Banco atribuye ese ritmo tanto a la expansión de los canales digitales como a los estándares de originación más laxos que tienen esas compañías frente a los de la banca tradicional. Y destaca que estas operaciones “pueden representar un factor de riesgo para la estabilidad financiera, ya que no cuentan con la misma regulación prudencial de los establecimientos de crédito, a pesar de enfrentar riesgos similares”. Que esto suceda es síntoma de una brecha estructural en el sistema financiero local.

Alejandro Lobo, economista jefe de Asobancaria (el gremio de los bancos), mide ese espacio con otra cifra: “En Colombia, el 51% de los adultos tiene algún producto de crédito; los bancos cubren el 34%”, dice en conversación telefónica. Los 17 puntos que separan una cifra de la otra son el margen en el que conviven los diversos actores que, hasta este año, ni el Banco de la República ni la Superfinanciera habían rastreado. Rodríguez no encaja en el estereotipo del excluido financiero, pero sí en el perfil que estas entidades encuentran rentable: alguien con acceso parcial al sistema, a quien una brecha puntual (como un cupo insuficiente para sus necesidades) puede activar una oferta de crédito instantánea.

Aunque las entidades no vigiladas cobran más porque asumen más riesgo, esa apuesta puede salir mal. “Pueden tener en promedio una rentabilidad 10 puntos por debajo del resto del sistema financiero”, destaca Lobo, y recuerda que buena parte de las fintech tuvo problemas de rentabilidad entre enero de 2023 y enero de 2025. Colombia Fintech, el gremio que agrupa a estas empresas, ofrece otra fotografía, destacando que “la vertical de crédito digital fue la más rentable de todo el ecosistema fintech en 2024, con un margen neto del 36,7%, muy por encima del promedio del sector (13,6%) y de industrias tradicionales como el comercio (2,1%) o la manufactura (4,1%)”. El Banco de la República concluye que la mora del shadow banking se mantiene contenida, pese a que cerca del 40% de los desembolsos de estas entidades va a deudores de riesgo alto o regular.

La usura y el gota a gota

La tasa de usura es el mecanismo que, en teoría, debería contener ese riesgo, y cambia según el tipo de crédito. En julio, la Superfinanciera certificó el techo en 28,79% efectivo anual para el crédito de consumo y ordinario —el más frecuente en la banca tradicional—, y en 62,66% el crédito de consumo de bajo monto, la categoría bajo la que suelen operar los microcréditos que ofrece “la banca en la sombra”. La ley asume que prestarle a alguien sin historial crediticio, en montos pequeños, es más riesgoso, y por eso permite cobrar más. Ese techo, sin importar la modalidad, es un límite legal: el artículo 305 del Código Penal tipifica el delito de usura para cualquier prestamista que lo supere. Ahora, la tensión reside en que existe una manera de sortear estos límites.

Algunas entidades pueden separar el cobro del interés, que cuenta para el límite de usura, del cobro de servicios adicionales —firmas electrónicas, depósitos— facturados por otra razón social. Así, no entran en el cálculo, y el costo real termina por encima del techo sin que se viole la ley. La Superintendencia de Industria y Comercio ha sancionado casos de este tipo: en agosto de 2023 multó con 232 millones de pesos a la fintech BanCupo por cobrar tasas por mayores del límite legal sin informar a sus clientes sobre la tasa moratoria ni sobre su derecho a pagar anticipadamente, y le ordenó devolver los intereses cobrados en exceso desde 2020.

Colombia Fintech insiste en que ese límite aplica por igual a todos los que originan crédito, aunque lo que cambia es el tipo de vigilancia. Mientras un banco reporta constantemente a la Superfinanciera, una fintech que presta con recursos propios solo responde ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El propio gremio reconoce el problema y por ello propone modificar un artículo de ley para que los desembolsos fintech entren en el cálculo oficial de la tasa de referencia del mercado.

El principio de cobrar más cuanto más riesgo se asume se estira hasta un extremo, ese sí ilegal, conocido en Colombia como “gota gota”. Son préstamos informales que recorren los barrios populares del país y que suelen ser cobrados con amenazas e incluso violencia física, y terminan alimentando el ecosistema criminal. Según un estudio de Anif y Colombia Fintech, quienes recurren a esta modalidad terminan pagando, en promedio, hasta 3,2 veces el monto inicial de su préstamo en dos meses, y hasta 5,6 veces si el plazo se extiende a ocho. Llevado a una tasa efectiva anual, eso equivale a 382%, más de 13 veces el techo legal del crédito de consumo y ordinario.

Frente a esa carga, el 49% que paga Rodríguez es un punto razonable del espectro. Remi Stellian, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, lo resume: “La inclusión financiera hace referencia a un acceso amplio a productos financieros para incluir los segmentos más vulnerables de la población. Pero ese acceso se debe hacer bajo condiciones justas”. Cuando el sistema formal excluye a alguien, añade, la persona no deja de necesitar plata. “Muchas personas acceden a préstamos bajo la modalidad ilegal, siendo víctimas de tasas de interés astronómicas que la legal máxima permitida, y terminando bajo amenazas de la integridad física de las personas o la de sus familias”, complementa.

Rodríguez nunca llegó a ese extremo. Su fintech apuesta a generar rentabilidad ofreciendo crédito a personas más riesgosas, con mayor tolerancia al impago que la banca tradicional, aunque eso no exime al cliente de un riesgo propio. “Es importante leer con atención los contratos que ofrecen las entidades financieras, en especial las fintech”, advierte Stellian, “porque esa innovación puede generar dudas en la interpretación de ciertas reglas”. Colombia Fintech reivindica su aporte: usa “datos alternativos para evaluar a personas sin historial crediticio”, que según el gremio “aleja a esas personas del gota a gota”, con desembolsos en menos de 24 horas frente a los dos a cinco días de la banca tradicional, y un catálogo que va de 50.000 pesos a 140 millones, e incluso con criterios de inclusión a mujeres y otros grupos.

Calcula, además, que las fintechs representan el 7,1% de la deuda de los hogares. El Banco de la República, con datos de Experian, las ubica apenas en el 3% del segmento no vigilado; una discrepancia que revela lo complejo que es medir este mercado con precisión. “No competimos por el mismo cliente que ya tiene la banca”, dicen. Y concluyen: “Estamos expandiendo la frontera de a quién le llega el crédito formal, en un país donde esa frontera cubre a menos de 4 de cada 10 adultos”.

El acceso instantáneo al crédito tiene un costo que ya se empieza a medir. Según DataCrédito Experian, más de la mitad de los colombianos siente ansiedad por dinero de forma frecuente y, de las cinco dimensiones que componen su Índice de Bienestar Financiero, la tranquilidad financiera es la más baja del país. Es la misma angustia que describe Rodríguez cuando dice que la deuda a veces parece subir sola. Aunque nunca se sintió excluida del sistema financiero, le bastó un cupo insuficiente, un día cualquiera, para quedar al otro lado sin darse cuenta. Agradece el celular nuevo, pero ha aprendido —cuota a cuota— el precio de no encajar del todo.