Algunos llevaban décadas en Estados Unidos, donde formaron una vida y trabajaron: dejaron familias y comunidades que aún buscan respuestas. De otros, solo tenemos sus nombres, sus edades y el lugar donde murieron. Los 17 mexicanos que murieron en operativos o bajo custodia de ICE desde el retorno de Donald Trump al poder tenían, en definitiva, historias distintas unidas por un desenlace común.
Todos murieron en medio de la ofensiva migratoria desatada por el Gobierno de Trump, que en su segundo mandato iniciado en enero de 2025 ha ampliado los operativos de detención y deportación. Catorce murieron mientras estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en centros de detención o en instalaciones médicas a las que fueron trasladados, según las autoridades mexicanas y estadounidenses. Los otros tres murieron durante operativos migratorios.
Sus casos han escalado la tensión entre México y Estados Unidos. El Gobierno de Claudia Sheinbaum pasó de solicitar investigaciones y enviar notas diplomáticas a llevar algunos expedientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañar acciones legales y ahora a presentar denuncias ante el Departamento de Justicia de EE.UU. y las fiscalías estatales.
La presidenta mexicana informó este lunes que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará denuncias por la muerte de los 17 mexicanos. El caso más reciente es el de Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de la construcción de 52 años que murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo en Houston.
“Fue prácticamente ultimado”, dijo Sheinbaum al referirse al caso y afirmó que México buscará que se investiguen posibles violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.
En un correo electrónico enviado a CNN, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés,), rechazó que haya un aumento de muertes en sus instalaciones u operaciones y aseguró que las personas detenidas “reciben un debido proceso completo, son provistas con alimentos adecuados, agua y tratamiento médico, y tienen oportunidades de comunicarse con sus familiares y abogados”. En la misma línea, negó que sus funcionarios cometan abusos.