Japón acaba de dar el primer paso para la mayor reorganización de sus servicios de seguridad desde el final de la II Guerra Mundial: unificará este verano, bajo un Consejo Nacional de Inteligencia presidido por la primera ministra Sanae Takaichi, la información dispersa entre ministerios y cuerpos de seguridad que hasta ahora no tenían obligación legal de compartirla. El segundo paso, previsto para 2027, creará una agencia de inteligencia exterior, una herramienta que el país no ha tenido desde que el ejército aliado desmanteló su aparato militar al terminar el conflicto.
La reforma, aprobada en mayo por el Parlamento, crea una Agencia Nacional de Inteligencia que recopilará y analizará la información que producen la policía, los servicios de seguridad pública y los ministerios de Exteriores y Defensa, para luego enviarla al Consejo Nacional de Inteligencia, que fijará las prioridades y tomará las decisiones políticas. Al proponer la medida, Takaichi, mandataria ultraconservadora que ha convertido el rearme de Japón en el eje de su proyecto político desde su llegada al poder en octubre de 2025, citó la necesidad de “proteger los intereses nacionales en el entorno de seguridad más severo y complejo desde la posguerra”. La reforma tiene raíces que van mucho más allá del contexto geopolítico actual.
El sistema de inteligencia de Japón es uno de los más fragmentados del mundo desarrollado y lleva décadas acumulando las consecuencias: espías extranjeros que operan libremente en el país por la ausencia de leyes antiespionaje, repetidos secuestros de ciudadanos que nadie detectó y diplomáticos atrapados en situaciones de crisis internacionales, que dependen de la información que provean otros países.
Para Sanshiro Hosaka, investigador del Centro Internacional de Defensa y Seguridad de Tallin (Estonia), uno de los flancos débiles de Japón frente al espionaje extranjero es “la falta de autoridad legal para la interceptación administrativa que impide detectarlos o procesarlos antes de que abandonen el país”. En una videollamada, el experto cita el apelativo “paraíso de los espías” popularizado a raíz del caso de Stanislav Levchenko, un exoficial del KGB (la agencia de inteligencia soviética) que desertó en 1979 y describió ante el Congreso de Estados Unidos la facilidad para reclutar colaboradores y extraer secretos en Japón, sin que ningún organismo tuviera autoridad ni obligación legal de coordinar una respuesta.
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El espionaje dentro de Japón ha ganado otra nacionalidad, la china, continúa Hosaka, que explica que Pekín invierte masivamente en inteligencia y que sus agentes —al igual que los soviéticos en el pasado y más recientemente los rusos— han utilizado durante décadas coberturas de estudiantes para extraer secretos tecnológicos de universidades y laboratorios japoneses. Dada la actual contracción demográfica y lo limitado de los recursos disponibles, este investigador considera una prioridad “optimizar mediante la integración entre agencias”.
Aunque Japón cuenta con miles de soldados estadounidenses en su territorio y acceso a la inteligencia de la CIA bajo el Tratado de Seguridad de 1960, Corea del Norte secuestró entre 1977 y 1983 a ciudadanos japoneses en sus costas, e incluso en Europa, para adiestrar a los espías que luego infiltraba en el país. En septiembre de 2002, el primer ministro Junichiro Koizumi viajó a la capital norcoreana, Pyongyang —el primer mandatario japonés en hacerlo— y consiguió que el entonces líder supremo norcoreano, Kim Jong-il, reconociera los secuestros y permitiera el regreso de cinco de las víctimas.
Las familias de otros 12 secuestrados se reunieron con el presidente estadounidense, Donald Trump, en su visita a Tokio en octubre de 2025 para pedirle su intercesión ante Kim Jong-un, hijo del anterior líder norcoreano con el que el republicano se había citado en tres ocasiones durante su primer Gobierno.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a bordo del portaaviones USS George Washington, en octubre de 2025.
Evelyn Hockstein (REUTERS)
Si los secuestros norcoreanos revelaron la vulnerabilidad de Japón ante operaciones enemigas en su territorio, el asalto del grupo guerrillero Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) a una fiesta con 600 invitados en la residencia del embajador japonés en Lima, en 1996, mostró una carencia más profunda: un país que gestionaba sus emergencias en el extranjero sin inteligencia propia.
“El líder guerrillero Néstor Cerpa Cartolini me dijo que su grupo pensaba atacar la residencia de la embajada estadounidense para pedir la liberación de sus presos políticos”, declara Terusuke Terada, diplomático retirado y observador japonés en las negociaciones para liberar a los rehenes. “Pero la vigilancia estadounidense era perfecta y Japón había organizado una fiesta con poca vigilancia y muchos invitados”, continúa el entonces embajador en México, que fue enviado de urgencia a Lima por sus conocimientos sobre América Latina y su dominio del español.
El relato de Terada de los 126 días de negociaciones deja ver la dependencia total del Gobierno japonés de Lima, que dosificaba toda la información. “Uno de los guerrilleros, El Árabe [alias de Roly Rojas Fernández] me dijo que [las autoridades peruanas] estaban excavando un túnel”, continúa Terada. “Me dijo que escuchaba el ruido del trabajo subterráneo”, agrega.
Como el Gobierno japonés abogaba por una salida pacífica, el enviado nipón pidió explicaciones al entonces presidente Alberto Fujimori, pero su petición fue ignorada. Solo pudo confirmar la excavación gracias a un funcionario de la Agencia Nacional de Policía nipona que vigilaba el exterior de la residencia y notó la acumulación de tierra. “Tras la crisis de Lima me di cuenta de que a Japón le faltó un sistema, una institución centralizada de servicio de inteligencia”, anota el exdiplomático, que no oculta su escepticismo ante la actual reforma. Señala la escasez de funcionarios preparados y sostiene que la clave es el aprendizaje de chino, coreano y ruso.
Temor a vigilancia arbitraria
Aunque la actual reforma fue aprobada por mayoría parlamentaria el pasado 27 de mayo, los partidos de la oposición temen que sirva para que el Gobierno aumente sus poderes de vigilancia sin mecanismos democráticos que los contengan. Makoto Oniki, diputado del opositor Partido Democrático Constitucional (CDP), cuestionó en una de las sesiones parlamentarias la ausencia de garantías de que la nueva agencia de inteligencia derive hacia prácticas de vigilancia arbitraria.
Un estudio del Instituto Japonés para Asuntos Internacionales habla de la “profunda aversión institucional hacia organismos de inteligencia fuertes, heredada de la memoria de la represión bélica y la supresión de libertades civiles”.
El periodista Hiroshi Ito, miembro del comité editorial del diario liberal Asahi Shimbun, advierte de que, aun si se mantienen las facultades de investigación actuales, la expansión del organismo genera una mayor probabilidad de que se produzcan violaciones de derechos o invasiones a la privacidad. Por esta razón, añade, se exigió con firmeza un mecanismo de supervisión por parte de terceros, empezando por el propio Parlamento. Sin embargo, dicho requisito fue omitido en el texto definitivo.
Terada, el exdiplomático que pasó cuatro meses en Lima como observador sin más información que la que Fujimori decidía revelarle, cierra la conversación con una sentencia que resume más de medio siglo de ausencias: “Ha llegado el momento de que Japón despierte”.