Madrid
Donald Trump ha vuelto a sembrar dudas sobre las elecciones presidenciales de 2020 que ganó Joe Biden y cuya impugnación desembocó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a denunciar un supuesto fraude electoral sin aportar pruebas, apoyándose en informes desclasificados que contradicen sus afirmaciones y en presuntas injerencias extranjeras, como la de China, que Pekín ha calificado este viernes de «invenciones».
La situación política no le favorece de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre. Quedan menos de cuatro meses para la cita electoral y Trump atraviesa uno de sus peores momentos de popularidad. Apenas un 37% de los estadounidenses aprueba su gestión, sigue sin resolver uno de los principales problemas que lastran a su administración, la guerra con Irán, y además afronta divisiones dentro de su propia base de votantes MAGA.
Por eso ha recuperado un discurso que ya le dio réditos entre sus seguidores: el de las supuestas irregularidades en las elecciones de 2020, aunque esta vez amplía las sospechas a todo el sistema electoral estadounidense.
Trump habla de «vulnerabilidades impactantes» que, según él, habrían sido ocultadas a los ciudadanos y que permitieron, entre otras cosas, una supuesta injerencia de China en aquellos comicios. El presidente asegura que Pekín obtuvo de forma ilícita 220 millones de registros de votantes estadounidenses.
Sin embargo, la inteligencia de Estados Unidos concluyó en 2021 que no existían indicios de que ningún actor extranjero hubiera intentado o logrado alterar el resultado de las elecciones presidenciales que Biden ganó frente a Trump.
De hecho, las principales cadenas de televisión estadounidenses ni siquiera emitieron este discurso en directo. Trump ha reaccionado acusando a medios como CNN, ABC o NBC de ser cómplices de una trama y ha llegado a amenazar con retirarles la licencia de emisión.
El presidente se ha presentado como defensor de la limpieza y la transparencia electoral, pese a haber promovido a figuras que cuestionan los resultados de las elecciones y haber recortado recursos destinados a agencias de ciberseguridad encargadas de proteger la integridad del sistema electoral.