El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, han presentado un escrito de denuncia ante la Comisión Europea al considerar que España no está aplicando el derecho de la Unión Europea al no darle la amnistía. El escrito, avanzado por Vilaweb y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se ha llevado a Bruselas después de que, tras el aval de la justicia europea a la amnistía, el Tribunal de Cuentas decidiese pedir el lunes a las partes alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés. Precisamente, la fiscalía consideró este martes que ese traslado es “improcedente e innecesario” porque el Tribunal de Justicia de la UE descartó que se hubiesen empleado fondos comunitarios.
El escrito elaborado por el abogado Gonzalo Boye denuncia que se haya reabierto el plazo de alegaciones por parte del Tribunal de Cuentas, lo cual supone una suispensión de facto del plazo para dictar la amnistía. A su juicio, eso contraviene la sentencia dictada por el TJUE, que consideró que Puigdemont no había perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea durante el procés. El abogado de Puigdemont insta a la Comisión a actuar con urgencia “dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros”.
El documento de Boye denuncia, además, que la actitud del Tribunal de Cuentas vulnera el artículo 4 del Tratado de la Unión sobre cooperación leal, que fija que los estados miembros deben evitar que sus órganos, incluidos los jurisdiccionales, tomen decisiones que hagan peligrar los objetivos de la UE y la aplicación uniforme y efectiva de las sentencias del TJUE. “El incumplimiento deliberado de una sentencia del TJUE por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en el que la Unión se fundamenta”, recoge la denuncia presentada ante la secretaría general de la Comisión Europea.
A la espera de que se hiciera pública la resolución del TJUE, Junts había optado por el perfil bajo en lo que se refiere a la amnistía. Sin embargo, tan pronto como, el pasado jueves, el tribunal de Luxemburgo validó la norma que da carpetazo judicial a todas las causas derivadas del procés, el partido independentista catalán reactivó su artiillería contra la justicia española. Lo hizo mediante el secretario general del partido, Jordi Turull, y a través del abogado defensor de Puigdemont, Gonzalo Boye. El primero celebró públicamente el aval a la amnistía como una “gran victoria” y urgió al Tribunal Constitucional a posicionarse. Por su parte, Boye, en una entrevista a EL PAÍS, advirtió que cada día que pasa es un desgaste para la credibilidad de los tribunales españoles: “El tiempo va en contra de la imagen de la justicia, no en contra nuestra”, dijo.
Puigdemont usó, como hace habitualmente, las redes sociales para poner de relieve que no aplicar el olvido penal choca con el derecho europeo. A su juicio, si los magistrados españoles siguen bloqueando la amnistía “no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional, sino que, además, estarán confrontándose con el derecho europeo”.