El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, titulado por la jueza Inmaculada Lova, ha abierto diligencias preliminares contra Sofía Puente, la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la querella presentada por la asociación Hazte Oír por un presunto delito de prevaricación administrativa en el marco de la denominada como «ley de nietos».
La providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, dispone que la Fiscalía emita un informe sobre la admisión de la querella contra Sofía Puente por los hechos acontecidos cuando ejercía como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y las diligencias que, en su caso, considere oportunas practicar. Una vez recibido dicho informe, el juzgado resolverá sobre los siguientes pasos del procedimiento.
La resolución, que no supone la admisión de la querella ni la apertura de juicio, sino un trámite previo habitual en este tipo de procedimientos, mediante el cual el Ministerio Fiscal analiza la viabilidad jurídica de la acción penal antes de que el juzgado adopte una decisión sobre su admisión, llega después de que la asociación ampliara la querella por presunta prevaricación administrativa.
En el escrito, la asociación reclama que se cite en calidad de testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al ministro de Exteriores, José Manuel Albares y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Según la organización Hazte Oír, la hermana del titular de Transportes firmó una instrucción por vía administrativa que incluía supuestos para obtener la nacionalidad española. Se trata de una cuestión que la Cámara Baja había rechazado de plano. De hecho, una de las principales quejas de la asociación es que Sofía Puente habría «ampliado de forma ilegal» los requisitos para acceder a la nacionalidad española por parte de los descendientes.
Según la asociación, esta modificación se produjo el 25 de octubre de 2022, apenas cinco días después de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y se había ejecutado sin comunicar a la entonces titular de Justicia, Pilar Llop. Se trata de una cuestión que supondría, a su juicio, un delito de prevaricación administrativa al ampliar el derecho a adquirir la nacionalidad a descendientes de españoles nacidos fuera del país, dado que la norma en su inicio recogía que solo podrían obtenerla aquellos que fueron exiliados por razones políticas.
Asimismo, es una norma que ha llegado hasta el Tribunal Supremo y que ha sido ampliamente criticada por la oposición del Gobierno, que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de estar llevando a cabo un ejercicio de «ingeniería electoral» para modificar sustancialmente el censo electoral y de hacerlo, además, de una forma poco transparente.