Apenas 24 horas después de que el consorcio liderado por José Antonio Jainaga –y en el que participa el Gobierno vasco junto a Kutxabank, BBK … y el holding de la familia Lequerica– anunciara una opa de 244 millones sobre el Grupo Azkoyen, el Gobierno de Navarra –comunidad donde tiene su sede la compañía– salió a defender que «trabajará» para favorecer «el arraigo de la actividad económica». Una reacción que refleja la inquietud del Ejecutivo foral ante un eventual desplazamiento hacia Euskadi del centro de decisión de una de sus principales compañías industriales, dedicada al diseño y la fabricación de soluciones automatizadas y máquinas para servicios de vending, medios de pago y accesos de seguridad.
El Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite –que gobierna junto a Geroa Bai (coalición integrada por el PNV) y Contigo Zurekin–, insistió en que «mantendrá un diálogo permanente y constructivo con todas las partes implicadas para conocer el alcance del proyecto empresarial», al tiempo que subrayó la importancia que tiene para Navarra el mantenimiento de «la actividad industrial, la inversión, la innovación y el empleo». El Ejecutivo foral evita así cuestionar la operación y centra su mensaje en preservar el arraigo de Azkoyen y, especialmente, la capacidad de decisión vinculada a Navarra ante la posible entrada del consorcio vasco.
El Ejecutivo navarro –en el que la cartera de Industria está en manos del jeltzale Mikel Irujo– puso, además, el foco en el papel que tendrán los propietarios de la compañía durante el proceso. El Gobierno foral expresó su «máximo respeto» por la opa y recordó que corresponde a los accionistas de Azkoyen valorar la oferta planteada por el consorcio liderado por Jainaga.
Ese respaldo será determinante para que prospere la operación. Jainaga y sus socios han condicionado la opa a lograr la aceptación de más del 50% del capital, un umbral para el que resultará clave la posición de los principales accionistas. Al frente figura la familia Ruiz Lafita, que controla alrededor del 30% de la compañía, seguida de la familia Masaveu, con cerca del 18%. También cuentan con participaciones relevantes Ignacio Suárez-Zuloaga, con un 7,9%; Santander, con un 6,1%; y Previsión Mallorquina de Seguros, con algo más del 6%.
La operación, en todo caso, tiene todavía un largo recorrido por delante. El consejo de administración de Azkoyen no tendrá que fijar posición de forma inmediata y, según las previsiones trasladadas por la propia compañía, su pronunciamiento sobre la opa no llegaría «hasta octubre o noviembre». Hasta entonces deberá avanzar un proceso que, si supera los distintos trámites y logra el respaldo de más de la mitad del capital, permitiría al consorcio integrar Azkoyen en Ohmnia Electronics y crear un grupo tecnológico de unos 2.000 trabajadores y 400 millones de euros de facturación.
El presidente de Azkoyen, Juan José Suárez, rebajó ayer cualquier expectativa de una respuesta inmediata y valoró la opa, en declaraciones al Diario de Navarra, como «una muestra de reconocimiento» a la trayectoria de la compañía. El proceso, recordó, deberá pasar primero por la CNMV, que tendrá que analizar y autorizar el folleto de la oferta antes de que se abra el periodo en el que los accionistas decidan si acuden o no. Será entonces cuando el consejo de administración de Azkoyen fijará oficialmente su posición mediante un informe motivado sobre la propuesta.