El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha abierto una nueva cruzada con el Gobierno central: empeñarse en un decreto que incluya todos los asuntos pendientes de la agenda canaria. Una agenda que fue firmada en 2023 como requisito necesario para que Coalición Canaria diera su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez. Ese es el mismo texto que el que también firmó un poco antes con Alberto Núñez Feijóo en su intento fallido de convertirse en presidente y en el que CC cruzó la que aseguró en campaña electoral que sería su línea roja al apoyar a un candidato que también necesitó de los apoyos de la extrema derecha de Vox, esa que niega a las comunidades autónomas y que felicitó el día de Canarias recordando que han pedido “eliminar las autonomías”.
Torres garantiza «la agenda canaria» y recuerda a Clavijo que un decreto debe ser convalidado en el Congreso
Clavijo ‘olvida’ en su petición en su reunión con Pedro Sánchez en Lanzarote que un decreto que incluya todas las medidas de esa agenda canaria ya firmada debe ser convalidado en el Congreso y que para ello se necesita de una mayoría parlamentaria que tanto está costando en esta legislatura.
Si se trata de medidas para Canarias, Clavijo podría pensar que tiene terreno ganado, ya que gobierna precisamente con la fuerza que más escaños tiene en el Congreso: el PP. Sin embargo, sus socios de derecha no han hecho más que poner la zancadilla a las iniciativas que plantea Coalición Canaria en Madrid.
El caso más reciente lo vimos con el decreto ‘antiapagones’. El PP puso incluso a un diputado canario en la tribuna a explicar su rechazo a ese decreto que incluía medidas que Coalición Canaria consideraba cruciales para el Archipiélago, cuyos sistemas energéticos han quedado obsoletos. El diputado por Las Palmas Guillermo Mariscal, durante su intervención, proclamó su total rechazo a la norma, que incluía medidas pedidas para garantizar la seguridad eléctrica en las islas.
Coalición Canaria lamentó ese mismo día en un comunicado que se habían frenado iniciativas que iban a ser clave para Canarias como la autorización exprés de instalaciones temporales de emergencia (como generadores) ante la urgencia de mejorar la cobertura energética en varias islas; la ampliación del procedimiento ágil a sistemas de almacenamiento energético o acciones específicas para las llamadas islas verdes como La Palma.
Precisamente, el consejero de Transición Ecológica de Canarias es Mariano Zapata (del PP) y ha sido duramente criticado por el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez (Coalición Canaria) al que ha acusado de “perjudicar” a la isla y le ha instado a abordar “la situación energética de la isla como lo hace con Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura”.
El día que cayó el decreto ‘antiapagones’ también se pronunció al respecto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que calificó de “lamentable” que el PP haya vuelto a votar en contra de medidas para Canarias. “Han votado en contra de medidas para evitar los apagones en nuestra tierra”, ha dicho.
Esta semana, después de la reunión entre Sánchez y Clavijo volvió a recordar que un decreto debe ser aprobado en el Congreso, por ello Sánchez solo ha dicho, de momento, que lo vaa estudiar. Torres, por su parte, insistió en que el Gobierno de España va a cumplir con esa agenda canaria que incluye cuestiones en materia energética, hidráulica, para la isla de La Palma…
El abandono con los niños migrantes solos
El ministro recordó que si alguien está poniendo palos en las ruedas es el PP. “Recientemente, tuvimos un importante real decreto ley que aprobamos en el Consejo de Ministros para el sector eléctrico, fundamental para Canarias, por el sistema energético que tenemos en nuestra tierra y que incluso se cerró la víspera con una importante adición de medidas de emergencia, y, sin embargo, no se aprobó porque no conseguimos los apoyos suficientes. Increíblemente, el Partido Popular votó en contra de ese real decreto ley que era muy importante y es muy importante para Canarias. También lo hizo con el de los menores, incluso en el caso del sector energético interviniendo un representante del Partido Popular”, subrayó Torres.
Cabe recordar que hasta en dos ocasiones el PP se alineó con Vox y votó en contra de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permite la distribución obligatoria de los jóvenes llegados a las islas en pateras y cayucos entre todas las comunidades. Finalmente, esa reforma salió adelante en el segundo intento con 179 votos a favor gracias al apoyo de Junts.
Son numerosas las comunidades del PP que se han pronunciado en contra de acoger menores migrantes. La última ha sido Balears, que ha anunciado que pedirá la suspensión cautelar del traslado de menores migrantes una vez el Gobierno dicte la orden.
Clavijo pide a Sánchez un decreto que incluya todos los asuntos de la “agenda canaria” y acelerar los traslados de menores a la Península
En Canarias, el PP de Las Palmas, por ejemplo, ha sido muy crítico, alineándose en ocasiones a la agenda de Vox y acudiendo a las inmediaciones del centro de migrantes Canarias 50 denunciando su saturación al tiempo que se opone en el ámbito estatal a que estas personas sean trasladadas a la Península.