El Gobierno de Aragón está decidido a abrir una batalla legal contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez si «impone» el envío de menores procedentes del asalto a la frontera de Ceuta. La coalición PP-Vox advierte de que no va aceptar nuevos repartos obligatorios «ni decisiones que saturen los servicios» ante la previsión estatal de distribuir, aún sin fecha, al millar de migrantes que se encuentran en la ciudad autónoma.
En un contundente posicionamiento, fuentes oficiales de la DGA han adelantado este martes que utilizarán «todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos a su alcance» para oponerse a cualquier «imposición que vulnere sus competencias» o comprometa la capacidad de sus servicios públicos. «No vamos a aceptar nuevos repartos obligatorios ni decisiones unilaterales que saturen nuestros servicios», añaden.
Los dos socios se han remitido al acuerdo de gobierno que firmaron el pasado 22 de abril, que no solo rechaza la llegada de más menores extranjeros no acompañados, sino que recoge la exigencia de un plan de retorno y la «repatriación de la inmigración ilegal».
El Ejecutivo de Jorge Azcón ha incidido en que ya ha realizado un «enorme esfuerzo» y ha resaltado que el sistema de protección de menores ha estado por encima del 200 % de su capacidad estructural. El último dato facilitado por Bienestar Social se remonta a finales de junio, cuando estaban acogidos 219 menores migrantes.
En este contexto, la DGA ha cargado contra el Gobierno de España, al que recrimina que pretenda resolver una crisis que achaca a su «fracaso en política migratoria» mediante un reparto obligatorio de menores entre las autonomías. «Sánchez no puede perder el control de la frontera y repartir después su incompetencia entre las comunidades autónomas», reprocha.
Mientras el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha eludido pronunciarse sobre si las comunidades gobernadas por el PP acogerán a menores procedentes de la entrada masiva a Ceuta, en la DGA no han tenido ningún reparo en adelantar su oposición frontal. En lo que sí han coincidido es en valorar que lo ocurrido en Ceuta no es un problema que pueda resolverse repartiendo sus consecuencias entre las comunidades autónomas. «Es una crisis migratoria y de seguridad nacional provocada por la falta de previsión y control del Gobierno de España», han añadido fuentes oficiales del Ejecutivo autonómico.
La coalición PP-Vox también ha reclamado al Ejecutivo central su deber de controlar las fronteras, identificar correctamente a quienes han entrado, localizar a sus familias y promover la reunificación y el retorno seguro a sus países de origen. «Quien ha generado el problema debe asumir su responsabilidad y resolverlo», ha apostillado.
La repatriación de menores es justamente otro de los puntos del acuerdo en Aragón, que plasma la intención de promover acuerdos con los países de origen, de modo que se faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres.