Juan Magín cuenta su vida en días exactos desde que llegó a Navarra procedente de Colombia: al momento de hablar con él, tres años, un mes y seis días. Sin embargo, la cifra que hoy le quita el sueño es una cuenta atrás que acaba de finalizar. Era el plazo que le quedaba para abandonar la habitación en la que vive con su madre en un piso habitado por seis personas más.

Tras año y medio rastreando el mercado inmobiliario, enfrentándose a fianzas inalcanzables, exigencias abusivas y portazos explícitos al escuchar su origen, este joven de 29 años procedente de Cali se encuentra atrapado en el limbo de la precariedad habitacional: con trabajo, pero sin un lugar digno al que retirarse por la noche. 

Para Juan, la precisión del tiempo que lleva lejos de casa no es una simple anécdota: “Es una fecha que nunca se olvida. Creo que para nosotros, los emigrantes, en el momento que nos bajamos del avión, la vida nos da un giro de 180 grados, en un mundo totalmente diferente al que venimos. En cultura, en clima, en todo”, explica.

“Para los emigrantes, al bajarnos del avión la vida nos da un giro de 180 grados, porque venimos a un mundo totalmente diferente”

Impulsado por el deseo de reunirse con su madre, que ya llevaba un año afincada en Navarra, emprendió un viaje con la meta de prosperar. No obstante, la realidad del acceso al techo se ha transformado en una carrera de obstáculos angustiosa donde los plazos se agotan sin encontrar alternativas reales.

Racismo inmobiliario

La crisis habitacional que asfixia a Juan evidencia la crudeza de un mercado de la vivienda totalmente inaccesible. Tras un año y medio de búsqueda incesante, el balance es desolador: cientos de anuncios revisados, incontables llamadas y apenas cuatro o cinco visitas presenciales. El primer gran escollo reside en los requisitos económicos de entrada.

Las agencias y propietarios exigen por norma general dos meses de fianza, un mes de garantía adicional y el mes en curso. Este desembolso inicial de cuatro mensualidades por adelantado supone un muro que roza los 4.000 euros en pisos cuyo precio medio no baja de los 950 euros.

A este filtro monetario se le suman otras exigencias. Los rentistas rechazan sistemáticamente a ciertos perfiles: “Mi pareja trabaja en la agricultura como autónomo y me presta su documentación para intentar coger el piso. Nos han dicho muchas veces que no, que si es autónomo no sirve porque no tiene estabilidad, y que por ETT tampoco”, lamenta.

En medio de esta vulnerabilidad, afloran las estafas de falsos arrendadores que exigen dinero por adelantado y situaciones de infravivienda. “Hace un mes fuimos a ver un piso por 770 euros en condiciones inhabitables. Había que amueblarlo, pintarlo y cambiar electrodomésticos. El propietario decía que si lo queríamos bien, pero que él no iba a invertir ni un euro”.

Sin embargo, la traba más hiriente es la discriminación directa. Tras superar todos los filtros documentales y tener la aprobación previa para una vivienda, la operación se cayó en el último instante. La inmobiliaria les trasladó la decisión tajante del arrendador: “El propietario le dijo a la asesora que lo sentía mucho, pero que no quería extranjeros”.

Pese al desgaste emocional de esta búsqueda, Juan rechaza cualquier etiqueta de victimismo o dependencia asistencial. “Desde el primer momento en que llegué, a los ocho días, pude conseguir algo que hacer. Trabajo no me ha faltado, porque ni la idea mía ni la de mi madre es venir a vivir de ayudas. Venimos con la intención de salir adelante con nuestro esfuerzo”, enfatiza.

No obstante, las primeras etapas en el país estuvieron marcadas por los abusos de la economía sumergida. Al llegar, ofreció sus servicios como decorador a intermediarios que prometieron remunerarle para terminar desapareciendo sin pagarle las jornadas trabajadas.

Esta precariedad se agravó durante los dos años en los que careció de regularización administrativa. Trabajando en el sector hotelero, Juan Carlos experimentó la cara más amarga de la explotación laboral y el racismo horizontal: “A veces el rechazo y el racismo no se siente por la misma gente de aquí, sino por gente de Latinoamérica que lleva más tiempo y piensa que por eso tiene más derechos. Me decían: ‘Tienes que aguantarte porque no tienes documentación y no tienes derecho a opinar, ni a reclamar vacaciones o un sueldo digno. Si te dicen que tienes que trabajar 14 horas al día, las tienes que trabajar por 40 o 50 euros’”, rememora.

Limbo burocrático

La falta de una vivienda no solo bloquea el día a día, sino que paraliza los proyectos vitales y acentúa el duelo migratorio. Su madre ha iniciado recientemente su proceso de regularización, pero permanece en un limbo administrativo: a la espera de la entrega de su tarjeta física de residencia, no puede salir de territorio español. Esta traba burocrática impide reencontrarse con su otro hijo, que reside en Colombia afectado por una enfermedad rara y cuyo tratamiento se ve postergado por las deficiencias del sistema sanitario de su país origen.

La imposibilidad de traerlo para garantizarle una atención médica digna causa un constante sufrimiento familiar, alimentado por el temor a no llegar a tiempo ante una recaída grave. Este freno burocrático revive además la herida abierta por el fallecimiento de su padre, a quien Juan no pudo dar el último adiós estando en la distancia. “Es la impotencia de estar aquí y no poder hacer nada, ni siquiera despedirte de ese ser que estuvo contigo toda tu vida”, confiesa.

Frente al estigma que con frecuencia se proyecta sobre el colectivo migrante, la familia reivindica su perfil pacífico y productivo. “Somos personas muy tranquilas que nos dedicamos a trabajar. No somos de hacer ruido ni de estar en la calle en problemas o peleas”, recalca el joven. Su aspiración se limita a lograr la estabilidad indispensable para vivir: “Mi objetivo principal es conseguir un piso para tener ese espacio en condiciones dignas y humanas que todo el mundo se merece, para construir el resto de la vida aquí”.

“Venimos con la intención de salir adelante, de poder tener una calidad de vida mucho mejor que la que llevábamos en nuestro país”

A medida que la amenaza de quedarse en la calle se vuelve inminente, el caso de Juan evidencia las costuras rotas del sistema de acogida e integración , un engranaje donde la voluntad de aportar trabajo tropieza de forma sistemática contra el muro de la especulación inmobiliaria, las tramas de exclusión y una burocracia ciega a las realidades humanas.