El Partido Popular estudia diferentes fórmulas para obligar al Gobierno a que comparezca en las Cortes por la invasión de Ceuta, antes de la última semana de agosto. Si, como todo indica, se consuma la amenaza del Ejecutivo de no acudir al Senado, fuentes parlamentarias trasladan a Libertad Digital que podrían denunciar a los tres ministros citados ante el Tribunal Constitucional.
Es la forma empleada el pasado mes de febrero, cuando el grupo popular en la Cámara Alta planteó un conflicto de atribuciones en el Tribunal de Garantías contra el presidente Pedro Sánchez, por ausentarse del Pleno extraordinario convocado el pasado 29 de enero para explicar las tragedias ferroviarias de Adamuz y Barcelona. Era el vigésimo segundo recurso de este tipo en lo que va de legislatura.
El PP reformó, además, el Reglamento del Senado para que el jefe del Ejecutivo tuviera que justificar sus ausencias, especialmente en las sesiones de control, después de que se cumplieran dos años sin pisar la Cámara Alta. Es habitual, también, que los ministros falten al control de la oposición, en este caso en ambas Cámaras.
Este lunes, el partido de Alberto Núñez Feijóo reiteró la citación a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de Defensa, Margarita Robles, y de Exteriores, José Manuel Albares, para que acudan al Senado y den explicaciones en comisión por Ceuta, pese a que el Gobierno ha comunicado su negativa a acudir «ante la falta de tiempo de preparación y el sinsentido de unas comparecencias duplicadas».
Advertencia del presidente del Senado
En su lugar, sólo comparecerán en el Congreso la última semana de agosto, casi un mes después de la invasión de Ceuta. Al Senado deberían asistir el próximo miércoles 12, en el caso de Marlaska; el jueves 12, Robles; y el lunes 17, Albares. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, remitió una carta a todos ellos advirtiéndoles de las posibles consecuencias legales, en caso de que persistan en su negativa.
Fue también el paso previo a actuar contra Sánchez en el TC cuando se ausentó del Pleno el pasado mes de enero. El tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido ha admitido todos los conflictos de atribuciones planteados por el PP, pero no ha dado respuesta a ninguno de ellos, pese a la urgencia que requiere sentenciar la posible vulneración de derechos fundamentales de los diputados.
La Constitución recoge en su artículo 66.2 que las Cortes ejercen el «control de la acción del Gobierno». El 109 y el 110 señalan que «las Cámaras y sus Comisiones» podrán reclamar información del Gobierno y la presencia de los mismos. El PP señala que, en ninguno de ellos, se establece la «prevalencia del Congreso» sobre el Senado. «El Gobierno no elige a quién rendir cuentas«, añaden.
El PP recuerda, además, que «si hay una Cámara natural para rendir cuentas por Ceuta es la Cámara territorial«, es decir, el Senado, que representa a las distintas Comunidades Autónomas, además de a las dos ciudades que hacen frontera con Marruecos.