Un sentencia firme de la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia obliga a la Diputación de Valencia a adjudicar una plaza a un funcionario que fue descartado en un proceso hace más de un año y medio. Además, el fallo obliga a pagarle los salarios dejados de percibir en este tiempo, además de los intereses legales que corresponden.
Según el decreto al que ha tenido acceso este diario, el proceso se desarrolló en diciembre de 2024. Un funcionario de Muro d’Alcoi, es decir, de fuera de la casa, se presentó al concurso de méritos para la provisión de un puesto de Técnico Superior de Fiscalización. En la baremación quedó relegado, y el recurso de alzada que presentó contra la valoración de su currículum, desestimado.
Pero acudió a los tribunales y, en marzo de este año, el tribunal aceptó su recurso contencioso-administrativo, anulando tanto la propuesta de la comisión de valoración del concurso de méritos como la desestimación del recurso de alzada. En concreto, la justicia obliga a la Diputación a atribuirle cinco puntos en concepto del mérito ‘Experiencia’, resultando adjudicatario de la provisión.
El fallo, en concreto, obliga a la diputación a reconocerle el puesto de trabajo, “con todos los efectos inherentes a ello, incluido el derecho a percibir los salarios dejados de percibir, con los intereses legales”. Será más de año y medio de sueldo, ya que la adjudicación inicial fue el 27 de diciembre de 2024. El funcionario al que se le concedió inicialmente el puesto ve revocada la adscripción, pero se mantiene en otra plaza de la institución provincial a la que se había desplazado en comisión de servicios.
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