Policías nacionales consideran intolerables, irresponsables y profundamente desleales las declaraciones del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, que en una entrevista conocida hoy ha acusado a mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil de intentar “alterar el sistema vasco de seguridad”, cuestionando la legitimidad de su presencia e insinuando incluso que Euskadi tiene más policías nacionales y guardias civiles de los que necesita.
«Zupiria vuelve a utilizar a las Fuerzas de Seguridad del Estado como enemigo político y cortina de humo en lugar de explicar los resultados de la política de seguridad de los gobiernos de su propio partido. Y las cifras son demoledoras. El País Vasco cerró 2025 con una tasa de criminalidad de 48,9 delitos por cada mil habitantes, el dato más alto en quince años, frente a los 42,8 de 2019, los 38,1 de 2017 o los 37,8 de 2016. Detrás de ese deterioro global existen además comportamientos especialmente preocupantes en delitos con enorme repercusión sobre la seguridad real y percibida de los ciudadanos. Frente a lo que ocurría en 2019, último no afectado por el desplome de delitos del periodo pandémico por la Covid-19, en 2025 los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria aumentaron un 77%, los delitos contra la libertad sexual un 82% y las agresiones sexuales con penetración más de un 150%», subraya Confederación Española de Policía.
El cierre de 2025 tampoco permite hablar de estabilización. En comparación con 2024, los homicidios dolosos y asesinatos consumados se duplicaron, al pasar de 7 a 14; los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria aumentaron un 10,6%, y los robos con fuerza en domicilios, un 9,6%. Y la evolución más reciente tampoco invita al optimismo.
Zupiría cuestiona la presencia y las actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, pero en la misma entrevista reclama que ambos Cuerpos sean “más activos y más comprometidos” cuando se trata de competencias estatales como extranjería y reprocha que no atiendan con suficiente rapidez determinadas peticiones de colaboración de la Ertzaintza. Resulta evidente que para Zupiria, Policía Nacional y Guardia Civil sobran cuando actúan y faltan cuando los necesita. Esa concepción patrimonial de la seguridad es sencillamente inadmisible.
«Su obligación no es fomentar guerras policiales -que le vienen muy bien, como cortina de humo que tape su propio fracaso de gestión- sino conseguir que Euskadi sea más segura. Y sus propios datos dicen que no lo está consiguiendo. CEP recuerda finalmente que los policías nacionales y guardias civiles no necesitamos la autorización política del PNV para cumplir la ley en Euskadi. Y que no nos vamos a convertir en el chivo expiatorio de unos resultados de criminalidad cada vez más difíciles de ocultar por parte de Zupiría. Si el consejero quiere encontrar un problema de seguridad en Euskadi, que deje de mirar hacia las comisarías de Policía Nacional y los cuarteles de la Guardia Civil. Que mire las estadísticas. Y después, si es que le queda algo de vergüenza, que se siente en su despacho y empiece a trabajar para que los vascos disfruten de la seguridad que merecen», concluyen.