Julián Álvarez quiere fichar por el Barça pero el Atlético de Madrid no está dispuesto a negociar. El club rojiblanco se remite a los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión. Ante el bloqueo, una posibilidad son los tribunales. ¿Tiene el delantero alguna vía jurídica para desligarse unilateralmente del Atlético?
Carlos de Pablo, abogado laboralista especializado en derecho deportivo, apunta a SPORT que existen mecanismos que Julián podría estudiar. Una de las posibilidades sería discutir judicialmente la proporcionalidad de la cláusula. «La ley permite discutir que una cláusula sea desproporcionada. Estamos hablando de una cláusula absolutamente restrictiva», explica De Pablo.
En este sentido, aunque el futbolista tiene derecho a extinguir unilateralmente su relación laboral, al tratarse de un deportista profesional hay que acudir al Real Decreto 1006/1985, que regula específicamente este tipo de relaciones.
Su artículo 16 establece que la extinción por voluntad del deportista, sin causa imputable al club, puede generar una indemnización, que en ausencia de pacto fijaría la jurisdicción laboral atendiendo a factores como el perjuicio causado y las circunstancias deportivas.
El principal argumento del Atlético sería que el jugador aceptó y firmó el contrato. «La batalla jurídica será que usted la firmó. Y ahí el juez podrá determinar si es abusiva en términos de proporcionalidad».
Precisamente ahí estaría una de las claves. Aunque exista un pacto de 500 millones, la jurisprudencia ha establecido que este tipo de cláusulas deben guardar una relación de proporcionalidad con el perjuicio real y las circunstancias del caso. Por tanto, el hecho de que figure en el contrato no impediría necesariamente que Julián pudiera discutir judicialmente su validez o solicitar su moderación.
En este punto, las pruebas serían fundamentales. Si Julián pudiera demostrar que, pese a los 500 millones que figuran en el contrato, el Atlético adquirió algún compromiso respecto a su salida, su posición podría cambiar. «Todo dependería de los medios de prueba que tenga Julián. Una conversación grabada, conversaciones con el CEO o pruebas de que el Atlético prometió algo», apunta el abogado.
La vía del artículo 50
La otra opción sería solicitar la extinción del contrato por justa causa. De Pablo sitúa esta posibilidad en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que permite al trabajador solicitar judicialmente la extinción cuando existe un incumplimiento grave por parte del empresario.
En el caso de los futbolistas profesionales, esta relación laboral está regulada específicamente por el Real Decreto 1006/1985. «Julián podría extinguir la relación y plantear una demanda por justa causa«, señala De Pablo. La clave sería acreditar ese incumplimiento, por ejemplo, demostrando que el club incumplió algún compromiso adquirido con el futbolista.
El abogado también apunta a una posible situación de presión psicológica o mobbing, aunque en este caso las exigencias probatorias serían todavía mayores. «La jurisprudencia ha abierto otra vía para que el trabajador pueda extinguir la relación laboral a la espera de la sentencia para ver si ha habido causa o no».
Si Julián optara por romper unilateralmente el vínculo, el Atlético podría reclamar una indemnización y se abriría un proceso judicial. El juez debería determinar si existía una causa que justificara la extinción y cuáles serían sus consecuencias económicas. En ese procedimiento, además, el futbolista podría cuestionar que los 500 millones respondan a un perjuicio real y plantear su carácter desproporcionado o abusivo.
Por tanto, los 500 millones no necesariamente cierran todas las puertas jurídicas, pero tampoco existe un mecanismo automático que permita a Julián quedar libre sin consecuencias. Su margen de maniobra dependerá de la interpretación del contrato, de la proporcionalidad de la cláusula y, sobre todo, de las pruebas que pueda aportar.