La guerra desatada por los EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, un conflicto que sigue activo y sin visos de que vaya a terminar pronto, ha causado una espiral inflacionista que amenaza con poner de rodillas a toda la … eurozona y obligar al Banco Central Europeo (BCE) a sacrificar el crecimiento por la vía de endurecer drásticamente el acceso al crédito, pero en ninguna de las grandes economías europeas ese terremoto está teniendo efectos tan devastadores como en España. Así lo confirman los últimos datos de IPC publicados por Eurostat (la oficina estadística de la Comisión Europea), que fijan el avance de precios en nuestro país el mes pasado en el 4,5% comparado con agosto de 2025, mientras que para el conjunto de la zona euro el dato quedó en un +3,3%.
Esto no puede sorprender a nadie, pues hace apenas unos días el Instituto Nacional de Estadística fijó el alza del IPC en nuestro país en un 4,3% interanual en agosto (el resultado de Eurostat es dispar porque utiliza el indicador armonizado, que sirve para comparar entre países), la mayor cifra desde febrero de 2023, cuando aún arreciaba la tormenta desatada por la invasión rusa de Ucrania. Casi un lustro después, la historia se repite, pues ya entonces España fue el país que sufrió de una manera más rápida el contagio de la crisis desde la energía hacia el resto de la economía, aunque en los meses siguientes el dato nacional fue convergiendo con la media de la eurozona.
Está por ver qué sucede esta vez. El mes pasado, la brecha entre la inflación española y la del resto de la eurozona fue de 1,2 puntos, en lo que supone ampliar un diferencial que en julio era de un punto. Si se analizan países por separado, solo Bulgaria (+5,1%), Chipre (+5,2%) y Lituania (+5,8%) registraron datos peores el mes pasado, mientras que las grandes economías lograron contener la escalada de manera mucho más eficaz, con un +2,9% en Alemania, un +2,7% en Francia y un +3,2% en Italia.
Sea como fuere, ese 3,3% de inflación media en los países del euro es una cifra que está muy lejos del 2% que el BCE recomienda para aprovechar el impulso económico sin comprometer la estabilidad monetaria, hecho que dará argumentos a su consejo de gobierno para aplicar otra subida de los tipos de interés después de la que ya acometió el pasado mes de julio, que fue la primera desde 2023 y supuso poner fin a tres años de acceso fácil al crédito. Hace ahora dos meses, en una reunión que se produjo apenas unos días después de que Donald Trump diera por terminado el frágil preacuerdo de paz alcanzado con Teherán y liquidara así las previsiones más optimistas, el organismo presidido por Christine Lagarde se vio obligado a incrementar los tipos en 0,25 puntos porcentuales, para dejar el principal, el de la facilidad de depósito, en el 2,25%.
En la reunión de agosto, los consejeros del banco central decidieron no aplicar cambios, pero la mayor parte de los analistas dan por descontado que en septiembre habrá otra alza de un cuarto de punto, hecho que encarecerá aún más el acceso al dinero prestado y a las hipotecas, a la vez que entorpecerá el avance económico de una Europa a la que no le sobra ni media décima de PIB.
La polémica rebaja del IVA
En este juego de equilibrios complejo, España queda atrapada como la gran economía que más acusa el alza del petróleo y el gas natural, y en esto nuestro país tiene una doble singularidad, pues también fue el único entre los grandes que decidió aplicar una rebaja generalizada del IVA para abaratar la luz y el combustible. Así, desde finales de marzo estuvo vigente una minoración del tributo para la electricidad, el gas y los carburantes (pasó del 21 al 10% en todos los casos) que estuvo vigente hasta el primero de junio en el caso de la factura eléctrica y el primero de julio para los combustibles, dentro de un ‘escudo anticrisis’ -en la terminología del Gobierno- que a partir de julio tuvo que ser sustituido por otro con medidas mucho más quirúrgicas. Una de las razones de este cambio fueron las críticas recibidas por la Comisión Europea, cuya tesis es que hay que evitar las bonificaciones generalizadas del IVA porque espolean el consumo y, por tanto, la inflación.
Más allá de cuáles sean las causas del diferencial de precios que España mantiene con sus socios, lo cierto es que la ampliación de la brecha observada en agosto es preocupante por el efecto negativo que tendrá sobre la competitividad de nuestro país dentro del mercado comunitario, destino del 60% de sus exportaciones. En este punto solamente cabe hacer un matiz, y es que a pesar de que el consumo se encarece más aquí que allende nuestras fronteras, no ocurre lo mismo con el llamado ‘índice de precios industriales no-domésticos’, un indicador de Eurostat que traslada al comercio industrial la lógica del IPC, para poder comparar los precios a los que exportan las empresas (contando solo las ventas en la eurozona) según el país en el que estén radicadas. En junio -último mes con datos disponibles-, este indicador se situó en el 3,2% en España y el 4,2% en la eurozona, aunque está por ver qué sucede en los próximos meses, ya que este indicador está muy relacionado con la inflación.