El Gobierno de Donald Trump ha dado este jueves un nuevo paso en su estrategia de máxima presión contra Cuba para forzar un cambio de rumbo político en la isla. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha anunciado un paquete de sanciones financieras dirigidas contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente y nonagenario líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, así como contra la red de empresas estatales que oxigenan los sectores del níquel, la energía y la banca corporativa cubana.

Castro Calis ha sido designado en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 por “su condición de familiar adulto” de Alejandro Castro Espín —influente figura de la inteligencia del régimen—, quien ya fue sancionado por Washington en junio pasado junto a otro de sus hijos, Raúl Alejandro Castro Calis. “Estas medidas restringen aún más la capacidad del régimen para financiar y dotar de recursos a su maquinaria represiva”, justificó la Administración estadounidense en un comunicado.

El Gobierno de Trump mantiene una fuerte presión contra el régimen comunista desde enero, cuando decretó un embargo petrolero que ha golpeado la ya debilitada economía cubana y ha forzado constantes apagones que mantienen en tensión a los habitantes de la isla. Además de las sanciones contra la jerarquía del régimen, Washington busca asfixiar al aparato productivo e industrial de Cuba.

Entre las entidades incluidas en la lista de sancionados de este jueves destaca el Banco Exterior de Cuba (BEC), una institución financiera clave especializada en la banca corporativa, la financiación del comercio exterior y la gestión de transacciones internacionales, acusada por el Tesoro estadounidense de operar directamente en el sector de servicios financieros controlado por el Estado.

El golpe económico se extiende también a los pilares industriales y energéticos, en momentos en que la isla atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, marcada por un colapso que provoca constantes e interminables apagones. El Departamento del Tesoro ha penalizado a Comercial Cupet S.A. y a la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo (Abapet) —filiales del gigante estatal Unión Cuba Petróleo (Cupet)—, encargadas de las negociaciones de empresas conjuntas con el exterior y del suministro estratégico de piezas y herramientas para el sector de los hidrocarburos.

De igual forma, la OFAC ha dirigido sus sanciones contra el sector estratégico de la minería al sancionar a Nicarotec (Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour) y Cexni (Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel), firmas estatales fundamentales para la exploración, asistencia técnica e importación de maquinaria dedicada al procesamiento de níquel y cobalto, dos de las principales fuentes de divisas de la maltrecha economía de la isla.

Con la aplicación de esta orden ejecutiva, quedan congelados todos los activos e intereses en bienes que las entidades o personas señaladas posean bajo jurisdicción estadounidense, al tiempo que se prohíbe de forma tajante a ciudadanos y empresas de EE UU operar con ellos, según el comunicado difundido por el Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, quien mantiene una constante presión contra La Habana. Washington ha advertido además a instituciones financieras internacionales que cualquier interacción con estos actores acarreará el riesgo de sufrir sanciones secundarias.

Estas sanciones se unen a una serie de medidas que el Gobierno estadounidense ha adoptado desde junio y que afectan al conglomerado económico Gaesa, controlado por las fuerzas armadas de Cuba y al que Washington describe como “el músculo financiero detrás del aparato represivo de seguridad cubano”. Estados Unidos impuso a finales de agosto sanciones contra tres altos directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y nueve entidades estatales vinculadas a áreas clave del desarrollo productivo como la minería, la metalurgia, el comercio exterior y el Ministerio de la Construcción. Washington también ha extendido las restricciones al Ministerio de Turismo de Cuba, uno de los pocos motores económicos que le quedaban a la isla, lo que ha representado otro duro golpe para la economía del país.

Estados Unidos aumenta de esta manera las presiones contra el presidente Miguel Díaz-Canel y la cúpula revolucionaria. El Departamento de Justicia estadounidense imputó formalmente en mayo al propio Raúl Castro por un delito de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, relacionado con el derribo en aguas internacionales de dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate en 1996. Con este nuevo golpe a la red financiera y al núcleo duro del grupo en el poder, Washington deja claro que no aflojará el cerco económico ni político sobre La Habana.