El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado una queja formal a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para mostrar su malestar por la decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.
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Esa misiva ya ha sido respondida por Perelló, quien defiende que la actuación de Tardón “responde al ejercicio de sus funciones constitucionales” y recuerda que la cúpula judicial tiene “constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir” la actuación de cualquier instructor.
Además, la presidenta del Poder Judicial recuerda que la ley establece que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.
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En su carta, Marlaska alegaba que ante una situación de crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional “no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud”.