En el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, el Gobierno concedió el indulto parcial a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, condenada por una adjudicación irregular cuando cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha comunicado este viernes su ejecución, lo que significa la conmutación de la pena de prisión, que había sido reducida de 4 años y 6 a otra de dos años. Queda eximida así de entrar en prisión “a condición de que la penada indultada no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años”.
La decisión del TSJC no hace referencia alguna al resto de la condena: 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros, que no le fueron perdonados, según comunicó el Ministerio de Justicia en julio pasado.
El alto tribunal confirmó la sentencia dictada en marzo de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que condenó a la dirigente de Junts por los delitos de prevaricación administrativa, continuado de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
La expresidenta del Parlament solicitó el indulto después de que el propio TSJC propusiera en su condena un indulto parcial, al considerar que la suma de las penas por el delito continuado de falsedad conllevaba una pena de cárcel “excesiva” cuando, razonaban, ni Borràs ni los otros dos condenados actuaron para “la obtención de un lucro personal”. El Tribunal Supremo no se pronunció sobre esa propuesta del TSJC, que era quien podría tramitar la petición de indulto al Gobierno. Justicia explicó que el indulto parcial concedido se ajustaba a los términos del Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba “desproporcionada y excesiva”.
El fallo condenatorio consideró probado que Borràs, al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) hasta 2018, cuando fue designada de consellera de Cultura, troceó contratos por importe de 335.700 euros durante cinco años, de forma ilegal, para adjudicárselos a dedo a un informático, Isaías Herrero, con el que mantenía previamente una relación profesional y de confianza. La Fiscalía solicitó para ella 6 años de cárcel y 21 años de inhabilitación.
La expresidenta de Junts y del Parlament siempre ha calificado de injusta la sentencia, que considera una vulneración de sus “derechos civiles, democráticos y políticos”. De hecho, una vez conocido el indulto del Gobierno, resaltó que no se trataba del punto y final del proceso judicial, que continuaba en tribunales europeos.