La Guardia Civil ha remitido un informe a la juez María Tardón donde se incluyen avisos «por los canales y en los foros habituales relativa a la presión migratoria sobre la frontera» de Ceuta, según confirman fuentes de la investigación a ABC. … El escueto documento de apenas cinco páginas evita señalar los posibles organizadores del asalto y tampoco hay referencias a Marruecos. En ninguna de estas advertencias se cifra la magnitud de lo acaecido con la entrada de alrededor de 80.000 inmigrantes ilegales en la ciudad.
Los agentes de la Jefatura de Información solo han respondido a las cuestiones que le requirió la magistrada de la Audiencia Nacional en una providencia a la que tuvo acceso ABC. Entre ellas están los avisos previos y las labores de auxilio. Fuentes del Instituto Armado no descartan que en próximas fechas se traslade un nuevo informe con más datos.
La Guardia Civil confirma en este escrito que hubo avisos previos con otros Cuerpos, según ha adelantó la Cadena Ser. No obstante, en estas comunicaciones no se precisaba el número de personas que podrían intentar asaltar de forma violenta la frontera de Ceuta.
El documento también recoge que en el momento de la invasión murieron 82 personas, una cifra que aumentó con la recuperación de varios cuerpos en el mar y también con el fallecimiento de varios de los heridos. Las causas de la muerte fueron por ahogamiento y aplastamiento.
Para finalizar, los agentes enumeran el número de agentes que conformaban el dispositivo especial de vigilancia de la frontera. Un numero que se amplió durante el verano por el aumento de los intentos de entrada que se sufren en estas fechas.
La Jefatura de Información del Instituto Armado llevaba un mes recabando datos de sus compañeros de Ceuta y Andalucía. Este es el primer informe trasladado a la Audiencia Nacional para que la juez decida si es competente o no para asumir la investigación. En caso de que las diligencias sigan adelante se incluirán más datos que los agentes han ido reuniendo en las últimas semanas.
Las averiguaciones de la Guardia Civil fueron reclamadas por María Tardón en una providencia del 4 de agosto a la que tuvo acceso ABC. «Se informe a este órgano judicial del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio; particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas, sus circunstancias personales conocidas, así como, en el caso de personas fallecidas, si constara la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar», añade.
El dispositivo de Ceuta
Entre las informaciones que se han recabado también está el número de agentes, que es de cinco, que ese día se encontraban vigilando la frontera. A este dispositivo también se le une un equipo de GRS que de forma frecuente recorre la valla de forma preventiva.
«Asimismo, que se informe de si se hubiese recibido en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma de Ceuta alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar sobre su posible acaecimiento», reclamó Tardón en su providencia. Sobre este aspecto, los agentes de la ciudad autónoma llevaban semanas alertando del flujo migratorio descontrolado por las entradas a nado. Un problema que fue comunicado a sus responsables, principalmente a la Delegación del Gobierno. Los funcionarios advirtieron de este incremento sustancial, pero no advirtieron la magnitud de lo que se venía el 30 de julio.
Cuando tenga los dos informes, Tardón tendrá que decidir si es competente para investigar la avalancha de Ceuta. Iustitia Europa, de Luis María Pardo, fue la encargada de denunciar estos hechos que ahora se investigan. La entidad ha solicitado a la juez que se impida «cualquier presión, represalia, expediente o remoción contra los agentes, que se aperciba de las posibles responsabilidades penales por cualquier intento de interferir, obstaculizar o condicionar la investigación y que, a la vista de los nuevos indicios». También reclama que se declare competente para seguir instruyendo la causa. «Los policías obedecen a la jueza, no al miedo político», añadió Pardo.