La Fiscalía General del Estado contabilizaba 16 agresiones sexuales en Ceuta el 27 de agosto, y 23 cuatro días más tarde. Nueve de las víctimas, menores de entre 14 y 17 años; 5 de los casos, con penetración. En un centro de acogida, un chico de 17 años fue detenido por agredir sexualmente a 3 niñas de 10 y 11 años, y la investigación todavía busca determinar si hubo más víctimas. Detrás de cada cifra hay una menor concreta, a la que nadie protegió mientras el Gobierno improvisaba su respuesta a la crisis.

El jueves, Sánchez tuvo tiempo de sobra para reivindicar 8 años de gestión exterior y para admitir, por fin, la posibilidad de investigar la implicación de Marruecos en el asalto del 30 de julio. No tuvo, sin embargo, ni una frase para esas 23 denuncias que la Fiscalía había registrado ya en Ceuta, ni para las menores que las protagonizan.

Aquella admisión, además, no llegó por voluntad propia. Llegó porque un atestado policial filtrado esa misma semana volvía insostenible seguir negando lo evidente. Cuando la verdad se abre paso solo a través de una filtración, y no por decisión de quien gobierna, ya sabemos qué clase de Gobierno tenemos delante.

No era la primera vez que este Gobierno declaraba resuelto lo que seguía abierto. El 27 de julio, Interior ya había declarado una «emergencia migratoria» por el aumento de entradas en los días previos, y el 29 de julio, con la gran oleada aún sin llegar, Marlaska aseguraba en televisión que la situación se resolvería «en breve». Horas después, entre el 30 y el 31 de julio, cruzaron la frontera más de 70.000 personas. Semanas más tarde, el propio Ejecutivo tuvo que admitir un error de cálculo, porque había dado la crisis por zanjada justo cuando buena parte de esos migrantes, lejos de haber sido devueltos, volvían a cruzar la frontera.

Resulta curioso que el mismo Gobierno capaz de sostener, semana tras semana, que no existen pruebas suficientes para imputar a Marruecos la autoría del asalto, no haya encontrado nunca la misma prudencia jurídica para explicar por qué tardó tanto en reforzar la seguridad de un centro de menores donde un adolescente pudo agredir, presuntamente, a 3 niñas de 10 y 11 años. La minuciosidad se reserva, por lo visto, para exculpar a Rabat, no para proteger a las víctimas propias.

Mientras tanto, el Gobierno resolvió activar, el 25 de agosto, la situación de interés para la seguridad nacional, una figura administrativa de 2015, muy por debajo del estado de alarma o de excepción que la dimensión de lo ocurrido exige. Bastaba con no llamar a las cosas por su nombre para que la ley aplicable fuera, convenientemente, la más discreta de todas, la que menos preguntas exige en el Congreso y la que menos explicaciones obliga a dar.

A esas cifras se suman los ataques a policías, guardias civiles y militares desplegados en la ciudad, apedreados y agredidos en más de una ocasión mientras cumplían un servicio que su Gobierno tardó semanas en reforzar. Ninguno de esos agentes ha recibido, hasta la fecha, una palabra pública de reconocimiento comparable a la que Sánchez se dedicó a sí mismo en el Congreso.

Nada de esto es nuevo, ni siquiera como estilo de gobierno. El mismo guion –autoelogio, desentendimiento mientras dura el problema, contención de daños cuando ya no hay más remedio– se reconoce en la pandemia, en la erupción de La Palma, en los incendios forestales de este verano y en la Dana de Valencia. Las crisis cambian, pero no la secuencia de reacciones.

En 2022, sin que mediara debate parlamentario alguno, España cambió su posición histórica sobre el Sáhara Occidental para apoyar la propuesta de autonomía marroquí, un giro que ningún elector votó y que el propio Gobierno nunca llegó a explicar del todo. Aquel giro tuvo un antecedente muy concreto. En mayo de 2021, tras el ingreso hospitalario del líder del Frente Polisario, Rabat aflojó durante días la vigilancia fronteriza, y cerca de 10.000 personas entraron en Ceuta a nado. La secuencia se ha repetido este verano con una fidelidad que no admite llamarse casualidad, y con ella se repite también el silencio sobre qué recibe o qué sabe Marruecos.

Ese silencio tiene un precio que no aparece en ningún presupuesto, la capacidad de decidir, por cuenta propia y sin rendir cuentas a Rabat, quién cruza la frontera española, con qué papeles y bajo qué condiciones. Ningún discurso sobre la españolidad de Ceuta y Melilla devuelve esa capacidad una vez cedida, igual que ninguna comparecencia repara a esas 23 menores.

Un Gobierno que necesita que le filtren la verdad para reconocerla, que declara resuelto lo que sigue abierto una y otra vez, que activa la ley más floja cuando la situación exige la más firme, y que no encuentra una frase para 23 menores agredidas mientras encuentra media hora para elogiarse sin decoro ni vergüenza, no está gestionando una crisis. Ha dejado de gobernar para dedicarse, sencillamente, a sobrevivir hasta el siguiente escándalo.