El Gobierno ha decidido subir la apuesta en Europa por el catalán, el euskera y el gallego. Después de tres años sin conseguir la unanimidad necesaria para convertir las tres lenguas en oficiales de la Unión Europea, España ha colocado una nueva condición encima de la mesa: no aceptará que la futura ampliación comunitaria incorpore nuevos idiomas al régimen lingüístico de la UE si antes no se resuelve su propia reivindicación.
«No es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego», han advertido fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El órdago llegará formalmente a Bruselas el próximo 22 de septiembre. El Gobierno ha solicitado introducir en el Consejo de Asuntos Generales, dentro del apartado de asuntos varios, un punto denominado «lenguas oficiales y ampliación». No está previsto que aquel día se produzca el debate definitivo, pero España volverá a colocar la reivindicación sobre la mesa europea por primera vez desde julio de 2025.
La maniobra ha conectado dos negociaciones que hasta ahora habían transitado por carriles diferentes. Por un lado, el proceso de ampliación de la Unión, que España asegura seguir respaldando «firmemente». Por otro, una promesa política que Pedro Sánchez asumió en 2023 como consecuencia de sus acuerdos con el independentismo.
España solicitó formalmente en agosto de aquel año que el catalán, el euskera y el gallego fueran incorporados al régimen lingüístico comunitario. La iniciativa formó parte del entendimiento con Junts para facilitar la nueva legislatura y desde entonces se convirtió en una de las prioridades europeas del Gobierno.
El problema siempre fue el mismo: la unanimidad.
Los Veintisiete deben dar su consentimiento para modificar el reglamento lingüístico y el Ejecutivo español no ha logrado todavía convencer a todos sus socios. José Manuel Albares ha insistido durante estos años en que la oficialidad terminará llegando y que se trata únicamente de una cuestión de tiempo. Pero Madrid ha evitado hasta ahora forzar una votación cada vez que ha comprobado que podía perderla. La ampliación ha abierto ahora una nueva vía de presión.
La entrada de nuevos Estados miembros supondrá previsiblemente la incorporación de nuevos idiomas a las 24 lenguas oficiales que existen actualmente en la UE. El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ya deslizó esta semana la posibilidad de vincular ambos procesos. Exteriores ha terminado por convertir esa advertencia en posición política: España no dará su consentimiento a nuevas lenguas mientras las tres cooficiales españolas continúen esperando.
El Gobierno ha tratado, no obstante, de separar este pulso de cualquier intento de bloquear políticamente la ampliación. Exteriores ha recalcado que España mantiene su apoyo al proceso y ha defendido que incorporar nuevos idiomas resulta «muy positivo» por la vinculación entre el reconocimiento lingüístico y «el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía europea». Precisamente por eso, argumenta el Ejecutivo, «urge avanzar» primero con el catalán, el euskera y el gallego.
La presión española llega, sin embargo, sin que conste un cambio sustancial entre los países que hasta ahora han frenado la propuesta. La última vez que Madrid intentó avanzar, en julio de 2025, se encontró con las reticencias de una decena de socios encabezados por Alemania. Y Berlín continuó expresando dudas el pasado mes de mayo después de una reunión entre Albares y su homólogo alemán.
Las objeciones han sido fundamentalmente jurídicas y políticas. Algunos Estados temen que reconocer las tres lenguas españolas pueda abrir un precedente para que otros idiomas minoritarios reclamen posteriormente el mismo estatus.
Moncloa ha tratado de desmontar ese argumento defendiendo la singularidad del caso español. El Ejecutivo sostiene que catalán, euskera y gallego tienen reconocimiento oficial en España desde antes de la entrada del país en la entonces Comunidad Económica Europea, se utilizan en el Congreso y el Senado y cuentan con traducciones de los tratados y de buena parte de la legislación comunitaria. Un conjunto de circunstancias que, según el Gobierno, impediría extrapolar automáticamente el precedente a otras lenguas. También ha intentado neutralizar el coste económico.
España se ha comprometido a sufragar íntegramente el gasto adicional derivado de la oficialidad, que la Comisión Europea ha estimado en alrededor de 132 millones de euros anuales tomando como referencia el precedente del gaélico.
El Ejecutivo ofreció además una aplicación progresiva para reducir inicialmente la carga administrativa. Su propuesta contempló que las tres lenguas fueran oficiales de manera parcial desde 2027 y que durante esa primera etapa únicamente se tradujeran los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, aproximadamente un 3% de los actos jurídicos aprobados durante la anterior legislatura. Nada de ello ha permitido hasta ahora romper el bloqueo.
Por eso España ha decidido elevar el precio político de mantenerlo. La próxima ampliación comunitaria ofrece al Gobierno una palanca que no tenía cuando formuló su petición en 2023: cualquier modificación del régimen lingüístico asociada a la entrada de nuevos socios tendrá que pasar también por Madrid.
Tres años después de asumir ante Junts el compromiso de llevar el catalán a las instituciones comunitarias, Sánchez ha decidido convertir una promesa necesaria para su mayoría parlamentaria en una condición para la próxima ampliación lingüística de la Unión Europea. Si los socios quieren incorporar nuevas lenguas, el mensaje que España llevará ahora a Bruselas será sencillo: antes tendrán que resolver las que siguen pendientes.