La morosidad bancaria en España toca mínimos desde 2008. Una senda que comparten las empresas. Sus créditos dudosos han bajado un 22,7% desde 2023 y ya se ubican en el 3,14% del total de los concedidos, según datos del Banco de España. Pero esa tendencia positiva convive con otra realidad respecto a cómo se pagan las empresas entre ellas. El último estudio de Gestión de Riesgo de Crédito y Caución e Iberinform, publicado a finales de julio, destaca que el 60% de las empresas españolas sufre el impacto negativo de la morosidad. En concreto, genera una pérdida de ingresos para el 48%, incrementa los costes financieros en el 23% de los casos y pone en riesgo la continuidad del negocio para el 8,1% de las compañías.
Pero antes de llegar al impago, lo que se alarga es el plazo de cobro. Las administraciones públicas, obligadas por ley a pagar en un plazo máximo de 30 días, lo hicieron a una media de 70 el año pasado, un nivel que no se veía desde 2020, según el último informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) publicado el pasado mes de abril. En cuanto a las empresas, estas pagaron en un plazo de 67 días, tres más que el año anterior, cuando el límite legal se estipula en 60. Una percepción de alargamiento de plazos que ha detectado el 26% durante este último año. PMcM matiza, sin embargo, que el porcentaje de facturas impagadas bajó del 5,2% al 3,3% en 2025.
Las desigualdades entre grandes y pequeños no pasan por alto, tampoco aquí. El 14% de los autónomos consigue imponer sus propios plazos de pago, frente al 36% de las pymes y el 46% en las grandes empresas, según recoge el informe de Crédito y Caución e Iberinform. De hecho, estas grandes compañías son las que peor pagan; solo el 15% cumple con el plazo legal, según recogió la PMcM en abril.
Si los impagos definitivos tienden a la baja, ¿qué explicación tiene que se estén alargando los plazos? Francisco Rodríguez, director de estudios financieros de Funcas, explica que cuando una empresa atraviesa tensión de tesorería, protege primero sus obligaciones con el banco —porque necesita conservar el acceso a financiación— y solo después empieza a retrasar los pagos a proveedores. “El proveedor termina actuando como un financiador involuntario del circulante”, asegura. Descarta, eso sí, que la tendencia provenga de una caída generalizada de las ventas. La encuesta SAFE sobre acceso de las empresas a la financiación muestra que la economía empresarial es resistente.
Donde sí existe una presión considerable, apunta Rodríguez, es en los costes, en concreto en los laborales, las cotizaciones y en algunos sectores, la energía. “Además, aunque los tipos de interés hayan comenzado a bajar, muchas empresas han refinanciado su deuda durante estos años a costes superiores a los que tenían antes del endurecimiento monetario”, asegura. Esto deja la paradoja de que una empresa pueda al mismo tiempo vender más y tener dificultades de tesorería si sus costes aumentan más deprisa o sus márgenes se estrechan.
Una tensión que se percibe con fuerza en el sector de la construcción, que concentra el 16,1% de las empresas españolas en concurso de acreedores, el segundo con mayor peso tras el comercio, según un informe de junio de Equifax. Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) destacan que la subida de los costes de materiales y de la energía —muy vinculada con la crisis en Oriente Próximo— está poniendo en un aprieto al sector por la inexistencia —lo eliminó el Gobierno en 2015— de un sistema de revisión de precios en los contratos de obra pública. Sin ese ajuste, los costes de materiales y de energía pueden subir sin alterar el precio pactado en el contrato, por lo que se estrecha el margen del contratista.
Una presión, asegura el presidente de la patronal, Pedro Fernández Alén, que baja en cascada: “Al banco lo vas a necesitar dentro de cinco días, así que es el último al que le dejas de pagar. Al subcontratista, en cambio, llega un momento en el que le dices: no te puedo pagar”. Muchas empresas, reconoce, están ralentizando en silencio la ejecución de sus obras a la espera de que los precios se moderen: “Ninguna administración lo reconocerá, pero eso se está haciendo”. La CNC trasladó una petición formal al Ministerio de Hacienda a finales de julio para recuperar ese mecanismo de revisión de precios. La respuesta, según Fernández Alén, se espera para septiembre.
Para Rodríguez, de Funcas, todavía es pronto para hablar de alarma. Lo que describe no es necesariamente el anticipo de más impagos, sino una señal que merece vigilancia. En caso de que el alargamiento de los plazos de cobro viniera acompañado, en los próximos meses, de peores márgenes, más concursos de acreedores y un endurecimiento del crédito y un aumento de los créditos dudosos, la lectura sería distinta, cuenta. La clave está, dice, en determinar si esto es “un problema de circulante provocado por mayores costes y plazos de cobro o es el comienzo de un deterioro financiero más amplio”.