A las 11:45 de la mañana un hombre fornido, de unos cuarenta años, acompaña a su hijo hasta la puerta de embarque D45 del Aeropuerto de Málaga. Alexis tiene 13 años. Canijo, de tez caló, corte de pelo degradado futbolista, nariz afilada y ojos verdes. Mirada honda, aguda la voz. El padre le indica que al partido de fútbol que tiene previsto jugar en la tarde o va acompañado o no va. «Te lleva tu madre en coche, sino coges un taxi. Solo, ni se te ocurra». Se huele el miedo que desde hace más de un mes atraviesa a una ciudad española y cautiva al otro lado de la península, en el norte de África.
El mar de Alborán parece una pasarela grisácea que sobrevuela un helicóptero azul marino con no poca dificultad: la niebla opaca el corto viaje. De pronto, el contorno de un istmo. Y el Puerto. Ondea la bandera de España. A la hora prevista, 12.30, se produce el aterrizaje y, minutos después, se abren las puertas del helipuerto. La madre recibe a su hijo con un abrazo.
Los dos acuerdan ir andando a casa, porque no hay taxis. Nunca tuvieron semejante nivel de demanda. «Esto no tiene solución, porque no cambian las leyes. Y ellos… Ellos no se van a ir», lamenta la mujer.
Primer contraste: avenidas, calles, carreteras; rotondas, parques, edificios; infraestructuras, comercios, franquicias; restaurantes y hoteles del primer mundo conviven con una población deambulante del tercer mundo. Son los «invasores» que cruzaron la frontera de forma ilegal en el asalto masivo de fines de julio. Para los foráneos, cuesta distinguirlos de los ceutíes: una sociedad multicultural en la que conviven en armonía cuatro religiones distintas. Cristianos, musulmanes, judíos e hindúes.
Los locales, con un ojo avizor, no titubean: «Este es invasor». La incógnita se resuelve rápido. «¿Cómo no los vamos a distinguir si en Ceuta somos muy poquitos? Aquí nos conocemos todos». Hay más variables: la taxonomía, el idioma, la compañía. O la palmaria pobreza. Si hubiera un perfil medio, que no lo hay: en chanclas los pies, móvil en mano, bandolera o riñonera de hombro a cadera. Casi siempre en grupo de tres o cuatro. Varones los que más.
Merodean las puertas de los supermercados, custodiados por militares o agentes de seguridad, tratan de engañar a los cajeros, toquetean todas sus teclas, por si acaso colapsan y escupen dinero. Hay quienes tienen tarjeta de crédito y logran sacar billetes. Mendigan a los ceutíes, que reaccionan de diversas maneras: unos sueltan la guita, otros los evitan y hay quienes, directamente, les piden que cojan el camino de vuelta a Marruecos para recobrar la truncada normalidad: «¡A tu país!».
Setecientos metros separan el Helipuerto de la plaza del Ayuntamiento. Un recorrido que se convierte en un escaparate de magrebíes y, a ratos, subsaharianos Predominan los jóvenes. Entre adolescentes y mayores de edad. Ninguno viejo. Continúan los contrastes: unos corpulentos, musculosos; otros famélicos, desvalidos. Con pendientes y colgantes, vestidos con sudadera y pantalón, en vaqueros, en chándal; sin apenas ropa, con el torso al aire. Desafiantes, retadores, rebeldes; socarrones y alegres, tristes y desamparados. No existe homogeneidad.
Lo corroboran las autoridades, incapaces de dar con la cifra exacta de los que permanecen en un radio de 19 kilómetros cuadrados. El debate interminable de los datos comprende desde los 5.000 que enumeró Pedro Sánchez y los 15.000 que calcula su colega de partido y vicepresidente de la Asamblea: el «díscolo» Melchor León.
El cómputo local, que tampoco es exacto, se hace a partir de los repartos de comida de entidades sociales y asociaciones vecinales, responsables en buena medida de evitar el temido estallido social. Salvo los centros de albergue –con capacidad para unas 6.000 personas, afirmó Sánchez–, el Gobierno no se ocupa de la atención del resto, que se encuentran en asentamientos ilegales, en la calle, escondidos en los montes o en barrios marginales, donde se ha disparado la economía sumergida. «Cada vez hay más alquileres. Gente que arrienda sin contrato su trastero o habitaciones para que se queden allí los inmigrantes. Y los que ofrecen alojamiento gratis a cambio de que trabajen para ellos», relata un agente de la Policía Nacional a LA RAZÓN.
En la playa del Trampolín, la Cruz Roja distribuye a diario 4.500 menús. Y, a veces, no llega a atender toda la demanda. Luna Blanca, entre las Naves del Tarajal, el barrio del Príncipe y su propia carpa reparte 2.700 raciones. En Monte Hacho, una ONG cubre a 1.000 personas; 300 porciones van para las niñas que se resguardan de posibles agresiones en un campamento situado en el barrio del Príncipe y, finalmente, la asociación Engloba y la fundación Samu preparan 1.600 platos. El recuento: 10.150 comidas al día.
Al margen de los que se encuentran en el Centro Temporal de Inmigrantes y los espacios de acogida que han habilitado en las últimas semanas, sobre todo desde que se instauró un mando único gubernamental: Loma Margarita, con 1.200 subsaharianos; Loma Colmenar, las naves del Tarajal, los Rosales, el Centro Ecuestre. Y los que vendrán. En liza, el Puerto, donde hay un pulso entre el Gobierno central y el local. Óscar Puente ha ordenado imponer unas 1.000 plazas, pese a la resistencia de Juan Jesús Vivas.
«Estado de sitio», comenta Cristina Díaz, senadora del PP y responsable de comunicación del partido en la ciudad autónoma. Han pasado casi cuarenta días y todavía le impacta la presencia policial y militar en cada esquina. En la puerta de la hípica, la imagen es la siguiente: medio centenar de mujeres con niqab o velo aguardan en tiendas de campaña con el anhelo de hacerse con una plaza que les ofrezca lecho, comida y protección. Aquí se encuentran las mujeres y niñas más vulnerables, también las que han sido víctimas de agresiones sexuales. Sucede igual en Loma Colmenar.
Gonzalo Torrado, un ceutí de treinta años que trabaja como asesor político en Madrid, pisa el freno de su coche para permitir que un grupo de magrebíes cruce la carretera. El embolsamiento que normalmente gestiona el Paso del Estrecho es ahora un campamento con tiendas militares en el que se producen conflictos y enfrentamientos diarios. En la puerta, medio millar de ilegales sentados en el suelo se hacinan tras un cordón policial durante horas y horas para hacerse con una pulsera que les permita entrar. Se pelean entre ellos. Los agentes se ven obligados a disolver el conato con disparos al aire.
El dilema moral es: darles de comer para quitarles la tentación de robar, o dejarles sin alimento y así incentivar su retorno. Por las calles del centro de la ciudad hay adolescentes que cada vez presentan un aspecto más preocupante. «Muchos están más flacos que cuando llegaron», reconoce con pesar Kissy Chandiramani, la consejera hindú de Hacienda. Hay un temor creciente a que la situación explote por algún lado. Mabel Deu es «la condenada».
Bromea con un extraordinario sentido del humor sobre su situación: un juzgado le impuso una pena de 9 años de inhabilitación por «prevaricación» administrativa. En 2021, ella, en su condición de vicepresidenta ceutí y responsable de Menores, y la entonces delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, se encargaron de ejecutar la orden del Ministerio del Interior para expulsar a los menores que entraron en el asalto de mayo. Su precedente sirve de coartada al Gobierno para justificar la lentitud con la que se están los expedientes de retorno. La única salida que defiende Juan Jesús Vivas para recobrar la normalidad en una ciudad que lleva más de un mes sumida en las más completa anormalidad. Y lo que queda por delante.