Ceuta abre este martes sus colegios en unas condiciones que poco tienen que ver con las de un comienzo de curso ordinario. El Gobierno mantiene el 8 de septiembre como fecha inamovible para el regreso de los alumnos y asegura que los centros están preparados. Pero, a horas de que vuelvan los escolares, una parte del dispositivo extraordinario diseñado para afrontar las consecuencias de la crisis migratoria continúa sin cerrarse.
La última reunión extraordinaria del Foro de la Educación, celebrada el viernes, dejó sobre la mesa asuntos que todavía están en fase de resolución: el refuerzo de la seguridad privada dentro de determinados centros, la dotación de conserjes, la puesta en marcha completa de las aulas matinales y vespertinas y las instrucciones específicas que deben permitir a los colegios e institutos adaptar su programación al escenario excepcional que vive la ciudad. Hoy, apenas 24 horas antes del regreso de los alumnos, está prevista una nueva reunión en la Delegación del Gobierno para seguir perfilando el dispositivo de seguridad exterior.
Por primera vez desde la entrada masiva de inmigrantes irregulares de los días 30 y 31 de julio, la crisis obliga al sistema educativo a modificar su funcionamiento ordinario. Así, el Ministerio ultima un documento de instrucciones específicas para adaptar las programaciones del curso 2026-2027: la Junta de Personal Docente ha reclamado que se permita flexibilizar la programación anual para que, si resulta necesario, septiembre pueda dedicarse prioritariamente al repaso, refuerzo y recuperación de aprendizajes y al acompañamiento emocional de los alumnos.
Esta es la foto de la distancia que existe entre la normalidad que quiere proyectar el Gobierno y la excepcionalidad que reconoce en sus propias decisiones. El ministro encargado de coordinar la crisis, Ángel Víctor Torres, aseguró esta semana que la voluntad del Ejecutivo es que el curso comience con «absoluta normalidad». Pero la propia legislación aprobada por el Gobierno describe una realidad bastante más extraordinaria. El Real Decreto-ley 22/2026, ratificado el pasado martes, reconoce expresamente la incidencia de la crisis en el ámbito educativo y obliga a adoptar las medidas necesarias para proteger los recintos, impedir accesos no autorizados y garantizar la seguridad de alumnos y trabajadores.
Para ello, Educación ha recibido 1,84 millones de euros extraordinarios, de los que 1,75 millones están destinados específicamente a seguridad, además de otros 745.000 euros para gastos derivados de la crisis en centros públicos, concertados o de convenio. El despliegue previsto tampoco se corresponde con el de un primer día de clase convencional. El Ministerio anunció acompañamiento policial en las rutas escolares y presencia de agentes en las entradas y salidas de los centros. También reclamó reforzar la vigilancia de los colegios durante las tardes y las noches para evitar accesos no autorizados. Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Fuerzas Armadas participan, en distinto grado, en el dispositivo preparado para proteger el regreso a las aulas.
Dentro de los centros, sin embargo, todavía se están resolviendo necesidades. La Dirección Provincial trabaja en reforzar la vigilancia privada en aquellos colegios e institutos que, por sus dimensiones, características o dispersión de edificios, necesitan mayor control; y los representantes de los profesores también han reclamado más conserjes. Mientras que Educación ha admitido que existen «dificultades» para atender esta última petición.
Tampoco está completamente resuelto el sistema de conciliación concebido para reducir la exposición de los alumnos fuera del horario lectivo. El objetivo es que puedan permanecer atendidos una hora antes de empezar las clases y una hora después de terminarlas. En ese sentido, el Gobierno incluyó, además, en el decreto de medidas urgentes la extensión del aula matinal a varios institutos de Secundaria, especialmente para los primeros cursos de ESO. Sin embargo, el viernes todavía no se habían completado todas las gestiones necesarias para poner el servicio en marcha. En Infantil y Primaria, la Ciudad prevé tramitar las solicitudes durante la primera semana de clase.
La consecuencia más novedosa de la excepcionalidad está, sin embargo, dentro de las aulas. El Gobierno ha pasado de preparar únicamente un dispositivo de protección física a asumir que la crisis ha dejado consecuencias que tendrán que ser abordadas durante el propio curso. Ante el alcance de la crisis, el Foro de la Educación ha elaborado diferentes documentos para profesores y familias sobre apoyo psicosocial, discapacidad, necesidades educativas especiales y primera infancia, pero la Junta de Personal Docente quiere ir un paso más allá y que esa excepcionalidad pueda trasladarse a la programación académica. Educación tampoco ha hecho públicas las instrucciones definitivas en relación a este punto.