Los servicios de inteligencia e información de Policía Nacional y Guardia Civil siguen muy de cerca los movimientos de los más de 600 espías que Marruecos ha desplegado en los últimos años en España. Un hackeo masivo en pleno agosto sacó a la luz los nombres y datos de 70.381 agentes de los dos servicios secretos del reino alauita: la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) y a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED). Las fuentes consultadas creen que están obligados a salir de nuestro país al revelarse sus identidades.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha elaborado un documento donde aparecen más de esos 600 nombres que, presuntamente, serían personas que han estado en España en los últimos años. Las fuentes consultadas dan total credibilidad a los nombres que aparecen, pero eso no significa, apuntan, a que estén de manera operativa en estos momentos en nuestro país. El número, añaden, habría superado los 900 en algunos momentos.
Desde el primer momento, el servicio secreto español ha seguido los pasos de todos ellos. Han reproducido sus pasos en España a través de números de teléfono, registros hoteleros y pagos con tarjetas de crédito. El objetivo es, ahora, tenerlos controlados, saber por dónde se mueven y con quién se relacionan. Especialmente porque los cuatro archivos expuestos, con más de 70.000 nombres, podría no estar actualizado.
Entre 15 y 20 de los nombres que salen en la filtración trabajan en la embajada, algo usual entre los servicios de espionaje para dar cobertura a sus agentes. Esos han sido los nombres fáciles de localizar. El CNI ha cruzado otras bases de datos, además de inteligencia previa, para localizar el resto. Estas revelaciones obligarán a sus jefes a reemplazarlos a no mucho tardar, cuando no levanten más sospechas entre los agentes españoles. «Están quemados, no les queda otra», apunta una fuente conocedora del citado documento.
La información, filtrada por un operativo que se hace llamar «Jabaroot» –«poderío» en árabe–, salió a la luz durante el peor conflicto entre España y Marruecos. El hacker colgó los datos en su canal de Telegram el 24 de agosto, tras la invasión de entre 75.000 y 85.000 inmigrantes de manera irregular en Ceuta a través de la frontera marítima de la playa del Tarajal. Se trató de una «violación de la integridad territorial» de nuestro país, según palabras del presidente Pedro Sánchez, entre los días 30 y 31 de julio.
Inmediatamente, la Audiencia Nacional abrió una investigación para ver si era competente para indagar en lo sucedido, algo que terminó asumiendo ayer. La juez María Tardón encargó un informe a la Policía Nacional para que le detallasen si detrás de la avalancha hubo mafias o algún otro organismo.
Los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, aunque no apuntan a una autoría intelectual detrás de la entrada, sí identifican a gendarmes marroquíes vistiendo de uniforme en la «coordinación» del asalto, llevando camiones cargados de personas hasta la frontera. También han localizado a agentes de «paisano», que vestían gorras y camisetas llamativas, que daban órdenes de cómo entrar en España.