La investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la magistrada María Tardón. El ministro de Transportes, Óscar Puente, cuestionó este lunes por la noche la imparcialidad de la jueza durante su intervención en el programa Hora 25 de la cadena SER, presentado por José Luis Sastre.
Las críticas de Puente se suman a las expresadas en las últimas horas por otros miembros del Ejecutivo y por la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. Todos ellos han puesto el foco en la trayectoria política de la magistrada y en las circunstancias en las que se incorporó a la investigación un informe policial que apunta a una actuación de agentes marroquíes durante la crisis.
El ministro de Transportes fue especialmente contundente al referirse a Tardón. «Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad«, afirmó durante la entrevista.
Puente vinculó sus dudas con el pasado político de la magistrada, que fue concejala del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular antes de incorporarse a la carrera judicial. El ministro considera que ese antecedente debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar la actuación de Tardón en una causa «especialmente sensible» para el Gobierno y para las relaciones entre España y Marruecos.
Diligencias para esclarecer lo sucedido
La jueza, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, decidió abrir diligencias para esclarecer lo sucedido en la frontera de Ceuta después de analizar la información remitida por la Policía. En su resolución aprecia indicios de una actuación organizada y considera que los hechos podrían tener relevancia penal más allá de una crisis migratoria convencional.
Uno de los elementos centrales de la investigación es el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). El documento sostiene que la invasión no fue un fenómeno completamente espontáneo y recoge indicios de planificación previa, además de describir actuaciones de agentes marroquíes que habrían facilitado el desplazamiento de inmigrantes hacia la frontera española.
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La magistrada habla en su resolución de una «clara e indudable gestión favorecedora» desde Marruecos y alude al denominado «guiado activo» de personas que pretendían acceder a Ceuta. El informe, sin embargo, no identifica al Gobierno marroquí como responsable directo de la operación ni determina quién habría dado las órdenes para organizarla. Es precisamente este punto el que utiliza el Ejecutivo para rechazar que pueda atribuirse a Marruecos la responsabilidad de lo sucedido.
Puente cuestionó además el contenido del informe policial utilizado por la magistrada. «Si con todo lo que cuenta la jueza es con el famoso informe policial, que incluso se integran fotos que no tienen que ver con Ceuta», afirmó.
El ministro insistió en que las pruebas disponibles no permiten establecer una responsabilidad directa de las autoridades marroquíes. «Hasta la fecha, no contamos con evidencias de que esta es una operación realizada por el gobierno marroquí», sostuvo.
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha seguido este martes una línea similar a la de Puente. En una entrevista en RNE, ha cuestionado la actuación de Tardón y ha puesto el acento tanto en su pasado político como en la decisión de remitir el informe policial a un medio de comunicación antes de que llegara al Gobierno.
Mínguez ha asegurado que confía en la independencia judicial, pero ha añadido que la magistrada «tiene el pasado que tiene» por lo que considera que la investigación ha comenzado «regulín«.
También ha cuestionado que el informe elaborado por el CENIF no pasara inicialmente por el Gobierno y, en cambio, acabara siendo conocido públicamente a través de un medio de comunicación que, según sus palabras, tiene «un tufo de derechas». «Ahí tengo mis dudas, porque si ya empieza así, ya no sé cómo vamos a acabar», ha explicado Mínguez.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que no existe, por ahora, ningún elemento concluyente que permita señalar al Ejecutivo marroquí como responsable de la entrada masiva.