De todos son conocidas las versiones enfrentadas que, a propósito de las informaciones que el Gobierno tenía previas a la avalancha de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, han mantenido la ministra de Defensa, Margarita Robles, por un lado, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como el resto del Gobierno, por otro: mientras Robles afirmó el 25 de agosto en el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había hecho su trabajo y había compartido información con las Fuerzas de Seguridad y la Delegación del Gobierno al asegurar que el 29 de julio agentes del CNI trasladaron información sobre una convocatoria para intentar entrar a nado en Ceuta al día siguiente, Marlaska sostuvo esos días prácticamente lo contrario: dijo que no existía ningún informe del CNI, ni de servicios extranjeros, que permitiera anticipar una entrada de las dimensiones que finalmente se produjo. Su argumento es que, de haber existido una alerta de semejante gravedad, habría sido elevada inmediatamente y se habrían tomado medidas extraordinarias. En esta misma línea de Marlaska, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sostuvo que no hubo «ninguna información previa de la magnitud del asalto«, al igual que sostuvo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
La publicación, sin embargo, el pasado 2 de septiembre de dos informes policiales remitidos a la juez Tardón, que aseguraban, por una parte, que la Policía avisó del «riesgo extremo» de entradas a Ceuta la víspera de la invasión, como que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad marroquíes planificaron y coordinaron la invasión, vino a desmentir la versión sostenida por Marlaska y compañía, versión que el propio presidente todavía sostuvo al día siguiente y que le forzó a tener que comprometerse a desclasificar una serie de documentos del CNI con el vano intento de demostrar que no se produjeron alertas previas a la invasión.
Más editoriales
Pues bien. A pesar de la desclasificación limitada y controlada este miércoles de una serie de documentos del CNI relativos a la invasión, se desprende que nuestro Servicio de Inteligencia sí alertó el día previo al asalto al Gobierno y también a Marruecos. Y es que, tal y como ya apuntara la ministra Robles, que Sánchez y Marlaska no quieran conceder a estas alertas la consideración de «informe» propiamente dicho no significa que esas alertas no se produjeran y no se les comunicaran. Y lo cierto es que, aun cuando sólo queramos tener en consideración los documentos que el Gobierno ha querido desclasificar, estos mismos documentos demuestran objetivamente que quien dijo la verdad fue Margarita Robles y que quien mentía era Marlaska y el resto del Gobierno, incluido su presidente. Y es que, si hubiese sido cierto, como dijo el presidente, que no hubo alertas previas por parte del CNI, ¿cómo es que Sánchez no ha cesado fulminantemente a su directora, Esperanza Casteleiro?
El hecho cierto es que Marlaska, que debería ser también destituido por quitar gravedad a la situación de extrema inseguridad que padecen los ceutíes al asegurar que esa inseguridad sólo es una «sensación subjetiva«, también restó importancia a las alertas de invasión transmitidas antes de que esta se produjera. Si no fuera porque el primero que tendría que dimitir es el presidente, habría que pedir por estos dos nuevos asuntos el cese de Marlaska. Claro que Sánchez bien es capaz de echar a Robles por decir la verdad antes que a Marlaska por unas mentiras que el propio Sánchez ha hecho suyas. Así las cosas, lo más probable es que no cese ni dimita nadie.
Temas