Madrid

La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado una docena de diligencias a partir de las solicitadas por la Fiscalía que suponen en la práctica el pistoletazo de salida de la investigación sobre la entrada masiva de migrantes el pasado mes de julio en Ceuta.

Entre las medidas acordadas figura escuchar como testigo al presidente ceutí Juan Jesús Vivas el 30 de septiembre y también a Gonzalo Sanz, recién dimitido como jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, tras discrepancias en su versión sobre los avisos disponibles antes de la entrada masiva. Comparecerá el 1 de octubre, igual que el jefe de la Policía Local de Ceuta.

Para la magistrada, estas testificales «permitirán reconstruir el desarrollo operativo de los acontecimientos» y resultan «prioritarias» en este punto de partida de la investigación. La Fiscalía había pedido llamar primero, como explica el auto, a «los responsables y mandos operativos» pero Tardón prefiere que comparezcan una vez las distintas unidades hayan remitido los informes que ahora les solicita.

Se trata de toda una batería de medidas para recabar información sobre los distintos ángulos que abarca la investigación: la identificación de los promotores y coordinadores del cruce masivo de la frontera; la identificación de los participantes en los niveles superiores de organización de la marcha; los mecanismos de apoyo material, las circunstancias concretas de las muertes investigadas y la respuesta en el lado español desde el punto de vista de la información que se manejaba.

En busca del origen de la convocatoria

Así, sobre el origen de la convocatoria, libra oficio al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional para que aporte «el informe íntegro sobre organización digital» al que remitía en el primer oficio que envió al juzgado y en el que hablaba de viralización en las redes de los mismos mensajes animando a cruzar la frontera.

Quiere que recoja ahora «la relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes», así como los perfiles utilizados en las redes sociales en que operasen y todos los datos técnicos recabados sobre los mismos.

El siguiente paso será, conforme detalla la magistrada, remitir comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a esas redes sociales -Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra- para que conserven y envíen los datos de registro de las cuentas que se hayan detectado.

También para desentrañar la «organización y planificación» requiere a la Comisaría General de Información, a la Jefatura de Información de la Guardia Civil, al Centro Nacional de Inteligencia y al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, informe sobre «qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas».

La posible colaboración de agentes marroquíes

En cuanto al desarrollo del cruce de la frontera, la magistrada busca identificar a quienes aparecían en las imágenes aportadas en el primer informe del CENIF «ejerciendo funciones de coordinación y dirección operativa sobre el terreno», así que pide a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal un «análisis biométrico y reconocimiento facial» de todos los señalados como «agentes dinamizadores».

«Dicho análisis deberá incluir la comparación con bases de datos policiales nacionales, registros de fronteras, bases Interpol, Europol y cualesquiera otras herramientas disponibles para la identificación de personas», precisa la magistrada, que pide informe individualizado de cada uno de los sujetos analizados. Pide el mismo análisis al CENIF, a la Policía Científica y al Centro Nacional de Inteligencia.

Para la magistrada, «resulta de indudable relevancia» tener datos también sobre los «efectivos uniformados» que aparecen en las mismas imágenes incorporadas a la causa. Pide que en la Policía Nacional y la Guardia Civil se designen expertos que elaboren un informe pericial para determinar «la identidad, el cuerpo policial de pertenencia, unidad operativa, empleo o graduación, funciones desarrolladas y actuación observada en cada uno de los episodios documentados».

Les solicita además, que reconstruyan «la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026».

«Reconstruir el flujo de información previo»

En cuanto a la actuación en suelo español, la magistrada busca «reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado».

Requiere por ello los jefes de una batería de organismos para que envíen «todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva emitida entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026».

«Deberán asimismo identificar los destinatarios de las alertas, la fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta a las mismas», dice el auto.

Se dirige a los jefes de los Puestos Fronterizos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CEFRONT), del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras-CENIF, de la Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica y la Unidad Central de Fronteras de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y del Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional.

También a los responsables de la Jefatura Fiscal y de Fronteras del Mando de Fronteras y Policía Marítima, de la Unidad Central 3 de la Jefatura de Información y del Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras de la Guardia Civil, al Delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma Ceuta y al Ministerio del Interior.

Esta petición abarca también solicitud de imágenes satelitales y de videovigilancia de los distintos organismos concernidos. En este sentido, pide a HI Iberia informe «de todas las solicitudes que se le hayan realizado para la obtención y realización de imágenes satelitales a través de la herramienta SEDA» desde el 20 de julio y hasta el 7 de agosto en la zona de la frontera identificando quién las solicitó.

La posible financiación de la movilización

Añade además una petición a la UDEF para que elabore un informe sobre «la posible financiación de la movilización investigada» con «movimientos económicos relevantes detectados en la zona», y otro a la UCO, sin perjuicio de que con los datos recabados se reclame también información al SEPBLAC. Entiende que «una movilización» como esta, «difícilmente puede producirse sin recursos».