Héctor Taillefer de Haya
Recientemente he leído una resolución (DIOR) desestimando la petición de rehabilitación de un préstamo hipotecario en ejecución, al afirmar que el artículo 693.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) establece que: “El único pago que tiene efectos liberatorios es el de la cantidad exacta que por principal e intereses estuviese vencida a la fecha de presentación de la demanda, incrementada con los vencimientos del préstamo e intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento”. Sin embargo, la misma resolución, infringe el precepto que cita, ya que a continuación dispone que debía consignarse un importe, por “la cantidad por la que se despachó ejecución en concepto de principal más los intereses de demora producidos”. Por ello, sin perjuicio de lo que se expresará más adelante, sobre que dicha rehabilitación no podrá acordarse hasta que se produzca el pago de las costas, surgen varios extremos que entiendo la LEC no deja lugar a dudas.
La anterior resolución es contraria al mecanismo de liberación previsto en el artículo 693.3 LEC, porque la resolución está exigiendo, como requisito para alzar la ejecución, el pago del total reclamado en demanda como consecuencia del vencimiento anticipado, cuando en realidad lo único que exige el artículo 693.3 es el pago de las cuotas vencidas por principal, más los intereses ordinarios y de demora devengados hasta la fecha, y las costas, que se calcularán sobre la cuantía de las cuotas atrasadas abonadas, en su caso, con el límite del artículo 575.1 bis.
En este sentido el Auto de la AP de Barcelona, de 29 de junio de 2015, expresa: “dicho precepto permite que el deudor ponga fin a la ejecución consignando antes de la subasta no la cantidad total por la que se ejecuta (que comprende todo el crédito vencido anticipadamente), sino la deuda que estuviera vencida e impagada en el momento de presentación de la demanda (más la que se haya ido produciendo durante el transcurso del proceso). Esta facultad sólo se concede en dos supuestos: a) a iniciativa del acreedor, si éste así lo pide expresamente en el despacho de ejecución; y b) a iniciativa del deudor, e incluso contra la voluntad del acreedor, cuando el bien ejecutado sea su vivienda familiar”.
Se trata, en definitiva, de un mecanismo que el ordenamiento otorga al consumidor que tiene una conducta diligente de reparación. Así lo ha reconocido el TS en la sentencia nº 705/2015, de 23 de diciembre, permitiéndole rehabilitar el préstamo mediante el pago de todo lo adeudado hasta la fecha.
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La interpretación y el criterio que sostiene la resolución mencionada es contraria a la lógica del artículo 693.3 LEC, porque lo deja sin contenido y lo haría, en la práctica, inaplicable, y ello por la mención expresa a los vencimientos sucesivos durante el proceso, ya que el artículo 693.3 determina que la cantidad inicial a consignar se verá “incrementada con los vencimientos del préstamo e intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento”.
De manera aún más determinante, el párrafo tercero del artículo 693.3 de la LEC dispone: “Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones, siempre que medie un plazo de al menos tres años entre la fecha de la anterior liberación y la fecha de requerimiento de pago (…)”. Por ello, el derecho que tiene el ejecutado a que el bien inmueble pueda ser objeto de una segunda o sucesivas liberaciones es igualmente incompatible con el criterio de la resolución antedicha. Si la liberación del bien exigiera el pago de la totalidad de lo reclamado en la demanda ejecutiva, el préstamo hipotecario quedaría completamente liquidado, y si el préstamo se extingue por el pago total de la deuda, es materialmente imposible que en el futuro existan «ulteriores ocasiones» de impago, ni segundas oportunidades de liberación. Cuando el legislador prevé que el deudor pueda volver a usar esta facultad en el futuro, es porque el efecto inmediato de la liberación no es pagar todo lo reclamado, sino rehabilitar el préstamo, devolverlo a su estado original mediante el pago de lo adeudado hasta la fecha, y dejar el capital restante no vencido diferido en el tiempo según el contrato.
Además, ¿qué ocurre si el demandado, siendo beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita, pretende la enervación consignando las cuotas y los intereses devengados, pero omitiendo las costas? Pues bien, debe tenerse en cuenta que se está ejecutando una carga real y, como tal, fueron las propias partes quienes a la hora de sujetar el bien al cumplimiento de la obligación (104 y 105 LH) establecieron entre las obligaciones, las costas procesales en la cantidad fijada, por lo que ejecutada tal garantía real, no puede ser excluida de la afección el importe de costas procesales aunque se disfrute de la asistencia gratuita, pues la realización de la hipoteca (130 LH) es sobre los extremos contenidos en el título recogidos en el asiento respectivo, que abarca el importe de las costas procesales. El mismo debe destinarse a tal obligación y no puede detraerse tal importe, pues el precio de remate se destina al pago del principal, intereses devengados y a las costas causadas, sin que por tales conceptos pueda superarse el límite de la cobertura hipotecaria (692.1 LEC).
En este sentido, el Auto nº 62 AP Granada, rollo 123/14, de fecha 28 de marzo de 2014, establece: «… las codemandadas han de responder de las costas de la ejecución hipotecaria con independencia de que sean beneficiarias del derecho a litigar gratuitamente, pues esa condición no las exime de cumplir las obligaciones que al margen de su capacidad económica para serle reconocido ese derecho ha de asumir los costes de la ejecución, que ya estaban incluidos por ley y por el propio contrato y hasta el límite fijado en la escritura, que no han sido sobrepasados por los gastos de la ejecución, ya que de ese montante estaban llamadas a responder las distintas fincas hipotecadas por un préstamo, que han conseguido rehabilitar en la muy importante cantidad que alcanzaba el saldo deudor y cuya enervación, la LEC (artículo 693) exige ponerse al corriente, no sólo del capital adeudado con sus intereses, sino también de las costas debidas hasta ese momento, por lo que resulta obligado entender que ni la LEC ni la LH hacen excepción de esa carga incorporada al título por el hecho de que personas sin recursos económicos para litigar, se personen o no en un procedimiento y hagan valer la enervación…”, en este mismo sentido el Auto 8 /2013 de la AP de Lerida, de 24 de enero de 2013, AAP de Valencia de 4 de noviembre de 2016 y AAP de La Coruña de 23 de marzo de 2018.
En consecuencia, aun siendo una cuestión discutida (como destaca el Auto de La Coruña antedicho), la mayoría de las Audiencias se inclina, porque ejecutada la garantía real, la afección del bien no puede excluir la cobertura de las costas procesales, aunque el deudor goce del beneficio de justicia gratuita.