Sedigas, la asociación que representa a las empresas gasistas, se prepara para defender las tarifas reguladas que cobran sus compañías en la factura en un momento clave. La patronal liderada por grandes firmas como Naturgy o Enagás ha contratado a PwC (PricewaterhouseCoopers) para realizar los análisis económicos sobre la retribución de las redes gasistas de cara al periodo 2027-2032 y en un momento en el que las eléctricas han elevado la presión sobre su parte de la negociación.
Este próximo otoño, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá que empezar a elaborar las circulares que determinan los pagos que reciben los titulares de las redes de transporte y distribución de gas en España y que deberán estar aprobadas alrededor de mayo de 2026.
Para ello, el organismo encargado de determinar cuáles son los pagos que reciben estos activos a través de los peajes del recibo gasista, deberá abrir a consulta pública este próximo otoño el proceso y es ahí donde Sedigas pretende llevar argumentos sólidos al regulador que puedan estar validados y elaborados por consultores expertos e independientes, para lo que ha contratado los servicios de la Big Four, con la que ya ha trabajado en otras cuestiones en el pasado. La idea de la asociación es presentar públicamente las conclusiones de PwC durante los próximos meses.
Tanto Naturgy como Enagás, principales titulares de las redes gasistas junto con Redexis, Nortegás y Madrileña Red de Gas, se han visto impactados por algunos imprevistos en el periodo regulatorio 2021-2026 que ahora pretenden corregir con sus propuestas al regulador.
La principal queja de las empresas es que la retribución que les asigna la CNMC para sus gasoductos no reconoce los incrementos de costes por la inflación y que en los últimos años les ha impactado de forma importante, dadas las subidas de los tipos de interés y otros costes que no se preveían cuando en 2019 se elaboraron las circulares.
En este sentido, Enagás lamentaba en documentación remitida a sus inversores el pasado 24 de julio que “el marco regulatorio actual no contempla variaciones en la remuneración de los gastos de capital y operativos por inflación, por lo que cualquier incremento de costes relacionado con la inflación deberá ser absorbido por Enagás, al menos hasta el próximo periodo regulatorio. Por lo tanto, si la inflación prevaleciente aumenta a medio plazo por encima de la previsión de Enagás, su base de costes se incrementaría sin un aumento correspondiente en la remuneración”.
Además, las compañías gasistas llegan a este periodo clave de la elaboración de propuestas por parte de la CNMC tras recibir algunos ataques de las eléctricas. En la defensa de sus intereses, las compañías del sector eléctrico han contrapuesto su retribución regulada (6,46%) a la del gas (6,43%) para quejarse de la pequeña diferencia que existe entre ambas tecnologías.
Su argumento es que la retribución de las redes eléctricas debería ser superior para fomentar la descarbonización, tal y como indican las directrices de política energética que determinó en 2024 el Ministerio para la Transición Ecológica. Fuentes del sector eléctrico añadían el pasado mes de julio que lo que ellos entienden como una ventaja del sector gasista sobre el eléctrico se produce en un contexto en el que Rocío Prieto, exresponsable de planificación de Enagás, es la directora de Energía de la CNMC, máxima responsable a nivel técnico de la elaboración de las circulares.
Ante dichos ataques, desde el sector gasista quieren contraponer sus argumentos y evitan entrar en una comparativa. Entienden que no existe tal disyuntiva de retribución entre los dos sectores. Según explican técnicos de este ámbito, la retribución de las redes de gas, sobre todo las de distribución, asumen más riesgo, dado que los pagos están vinculados a la demanda, y, por tanto, dicho riesgo debe ser mejor retribuido que otros activos como las redes eléctricas, cuyos pagos no están vinculados a la demanda. “Que se incentiven las redes eléctricas no creemos que deba suponer un ataque ni un menoscabo al sector gasista”, añaden fuentes al tanto de la polémica vinculadas al gas.
La retribución del próximo periodo regulatorio para eléctricas y gasitas es una parte clave de su cuenta de resultados, de ahí que en las últimas semanas se esté incrementando la presión sobre el regulador, al que todos pretenden influir. En julio, tanto Iberdrola como Naturgy mantuvieron reuniones con consejeros de la CNMC.
Además, Sedigas se ha reforzado con otros asesores para dar esta y otras batallas, fundamentalmente en Bruselas, donde también sus asociadas se juegan parte de su negocio. La patronal contrató a la consultora dirigida por los exministros José Blanco y Alfonso Alonso, Acento Public Affairs, el pasado mes de abril, según desveló El Confidencial. Su tarea será hacer labores de lobby fundamentalmente en Bruselas, aunque no se descarta su apoyo en otras cuestiones como ahora la retribución de las redes.
En los últimos meses, compañías del sector como Naturgy y Enagás se han reunido con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y su equipo. Están tratando de hacer llegar sus propuestas sobre gases renovables y otras cuestiones significativas para el futuro de estas compañías. Ahora se espera que la retribución a las redes del próximo periodo regulatorio también aborde algunas de estas cuestiones.
Las eléctricas, por su parte, siguen dando la batalla para obtener una mejor retribución sobre las redes que la propuesta el pasado mes de julio por la CNMC. En este caso, Aelec, la asociación que representa a Iberdrola, Endesa y EDP, trabaja con Deloitte y otras consultoras para realizar modelos económicos que puedan influir sobre las decisiones del regulador.
Por ahora, las grandes eléctricas y sus análisis económicos creen que tanto la tasa de retribución propuesta para el periodo 2026-2031 como la metodología de retribución son inadecuadas. Aseguran que, de aprobarse así, desincentivan la inversión. Firmas como Iberdrola ya han advertido que centrará sus multimillonarias inversiones de los próximos años en Reino Unido y Estados Unidos por considerar que cuentan con marcos regulatorios más beneficiosos.
Mientras tanto, falta por conocer qué posición adoptará el Ministerio para la Transición Ecológica. Aún no se ha pronunciado sobre si las propuestas de circular cumplen con las orientaciones de política energética. Si el departamento liderado por la vicepresidenta Tercera, Sara Aagesen, considerara que el nivel retributivo actual no fomenta la descarbonización podría invocar la Comisión de Cooperación con la que hacerle ver al regulador que debería introducir algún cambio. No obstante, se trata de una recomendación que no es vinculante para el organismo presidido por Cani Fernández.