Parte de la población garífuna (grupo africano-descendiente que vive en las costas caribeñas de Centroamérica, en países como Honduras) sigue en pie de guerra contra la presencia del reality español Supervivientes, que se ha convertido en el altavoz que utilizan para hacer llegar reivindicaciones de esos manifestantes contra el Gobierno de Honduras y la Fundación Cayos Cochinos, que gestiona el archipiélago donde se graba el concurso de Telecinco.
La prensa local ha entrevistado a un garífuna de los que han acampado en algunas de las playas donde se grababa el reality, contradiciendo una de sus principales reivindicaciones, pues alegan que las grabaciones alteran el desove de la tortuga carey, pero los propios garífunas han ocupado por completo esas playas, con viviendas improvisadas, embarcaciones y demás trasiego, impidiendo ese desove.
«Nosotros normalmente no vivimos establecidos aquí en estas playas, pero son playas a las que viene nuestra familia a buscar el pan de cada día», dice el garífuna entrevistado, que denuncia que mientras se graba el reality no les «dejan pasar por aquí».
Según estos manifestantes, en su conflicto con el Gobierno de Honduras, la Fundación y los grandes propietarios de los cayos (muchos de ellos están en manos privadas) «han habido muchos muertos, muchos desaparecidos. Han habido pescadores que los han dejado en medio de altamar, botados», siempre según su versión y sin más detalles.
«Cuando está el reality show, no tenemos ni un derecho a nuestras propias playas, de nuestras propias comunidades», dice, pero cabe destacar que la Fundación Cayos Cochinos establece restricciones medioambientales todo el año, estén o no presentes las grabaciones (como la prohibición de pesca de especies como la langosta en época de cría). Además, los Cayos que son propiedad privada lo son independientemente de la presencia de Supervivientes en la zona.
El garífuna pedía boicot «al canal cinco, las personas miran este programa, que no lo miren», decía, a pesar de que la productora de Supervivientes emplea a decenas de garífunas en todo tipo de tareas, desde el traslado en barca hasta trabajos técnicos, logísticos y de construcción.
«Porque eso que ellos dicen de que es mentira, de que nadie habita en estas islas, eso es muy mentira», decía, a pesar de haber dicho lo contrario poco antes. «Nosotros habitamos en estas islas, pero cuando ellos vienen, ya no podemos venir a alimentar ni a buscar el pan de cada día», insistía, aunque reconocía que no habitan allí.
Los locales, ahora acampados sin infraestructura en la playa, aseguran que el reality daña el medio ambiente. Sin embargo, este medio ha podido comprobar in situ y en varias ocasiones las estrictas normas de conservación con que se graba Supervivientes, con claras indicaciones de especies protegidas que no pueden pescarse, limpieza de playas antes y después de la grabación, colaboración en proyectos de recuperación de coral, donaciones de material para construir viviendas y escuelas, uso de materiales orgánicos para la construcción y demás iniciativas en colaboración con la Fundación Cayos Cochinos y parte de la población local.
De hecho, los materiales de construcción usados en los juegos (maderas y estructuras) se donan a las comunidades cercanas, como a la de Sambo Creek, una pequeña villa Garífuna de los Cayos, donde se ha construido una nueva escuela con el material reciclado del reality.
Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Los garífunas manifestantes se amparan en la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró a Honduras internacionalmente responsable por violar los derechos a la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros.
Estas violaciones se derivaron principalmente de la falta de consulta previa, libre e informada en la declaratoria y gestión del área protegida (Monumento Natural Marino de los Cayos Cochinos), la adopción de planes de manejo, la aprobación de la Ley de Pesca y la autorización de actividades turísticas, así como de la ausencia de garantías efectivas para el uso y goce del territorio comunal y «su hábitat funcional marino, esencial para la subsistencia, la identidad cultural y la relación espiritual de la comunidad con el mar y la pesca artesanal».
La Corte observó que el turismo generaba riesgos ambientales y sociales, y constató que desde 2006 se autorizaron reality shows que impusieron restricciones temporales de acceso al área. Estas restricciones afectaron directamente las actividades de pesca artesanal, esenciales para la subsistencia de la Comunidad. Estas autorizaciones las hizo, en cualquier caso, la Fundación Cayos Cochinos, que es quien además gestiona el dinero que los realities (no solo el español, pues se graban versiones como la italiana, entre otras).
El Tribunal concluyó que la falta de regulación y de medidas efectivas de prevención y mitigación de esos riesgos incidió en el uso y goce del territorio comunal y de su hábitat funcional por parte de la comunidad garífuna.
Sumadas a la ausencia de consulta previa, la exclusión de la Comunidad de la administración del área, la falta de investigación de hechos de violencia, la pérdida de control efectivo del territorio y la presencia militar constante, estas restricciones «generaron un clima de hostigamiento e inseguridad incompatible con el derecho a la integridad personal y afectaron el ejercicio de las prácticas culturales y alimentarias», según la sentencia.