El PSOE toca a rebato contra el Tribunal Supremo. Ferraz ha lanzado este lunes una campaña de recogida de firmas para ejercer «presión» y que los magistrados revoquen la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados mediante la denominada ley de nietos. Los socialistas han remitido un correo electrónico a su militancia en el que alertan de la «amenaza real» que supone para la democracia que los ciudadanos que adquirieron o recuperaron la nacionalidad española gracias a esta norma pierdan su voz en las urnas.
«El Tribunal Supremo está evaluando el caso en este preciso momento y la resolución final es inminente», advierte el PSOE en el correo electrónico al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El mensaje asegura que «las maniobras de la extrema derecha y la derecha han llevado al Supremo a congelar el derecho a voto de ciudadanos españoles que adquirieron o recuperaron su nacionalidad. E insiste: «Si miles de personas nos unimos y alzamos la voz hoy, ejerceremos la presión necesaria para lograr la restitución inmediata de este derecho fundamental antes de que sea demasiado tarde».
El Supremo suspendió hace dos semanas de manera cautelar la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes han obtenido la nacionalidad española gracias a la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. Los magistrados consideran que su inscripción en el censo electoral genera «un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral». Ese escenario causaría «un daño irreversible a la rectitud y corrección» del voto.
Correo electrónico enviado por el PSOE a sus militantes.
Iniciativa del PSOE
La resolución subraya que otorgar el derecho a sufragio a los nuevos nacionalizados puede afectar al «resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral». Una frase que ha criticado el PSOE. La portavoz de la Comisión Ejecutiva, Montse Mínguez, cargó la semana pasada contra la decisión y recordó que «votar jamás puede ser peligro». La dirigente catalana exigió a los magistrados que resuelvan «rápido» el asunto porque «el voto es sagrado». En esa misma dirección se han expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros.
Durante su intervención este domingo en la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavá (Barcelona), Sánchez calificó como «un hecho muy grave» la decisión del Supremo, que podría dejar a casi 400.000 personas sin votar. El presidente del Gobierno cargó contra PP y Vox, a quienes, dijo, no va a perdonar que plantearan el recurso ante el Alto tribunal. En su opinión, la decisión de los magistrados «socava la democracia», por lo que les pidió que resolvieran cuanto antes el fondo de la cuestión.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, calificó la decisión la semana pasada de «salvajada» y «atropello democrático». «Hay jueces que son salvapatrias», afirmó durante una entrevista en TVE. El líder de los socialistas madrileños insistió en que en nuestro país hay jueces que se esfuerzan porque la justicia sea justa, pero otros «se empeñan en tumbar al Gobierno todos los días».
El PSOE sostiene ahora ante sus bases que «las maniobras de la extrema derecha y la derecha», a las que tilda de «herederas del franquismo», han llevado al Supremo a «congelar el derecho a voto de ciudadanos españoles que adquirieron o recuperaron su nacionalidad», alertando del «riesgo inminente» de que sean despojados de su representación. Los socialistas lamentan que PP y Vox buscan convertir al colectivo en «ciudadanos de segunda» para «obtener rédito político despojándolos del derecho constitucional al voto».
La advertencia del Supremo
Ferraz reclama a sus militantes que firmen la petición para «defender el derecho a voto de todos los españoles». El PSOE critica que las formaciones encabezadas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal pongan en duda que estos ciudadanos «puedan participar en igualdad de condiciones en la vida democrática de su país». Los afiliados consultados por este diario señalan que han recibido la circular este mediodía y aseguran que no recuerdan una campaña semejante contra la justicia.
La iniciativa socialista se produce después de que el Supremo ordenara suspender de manera cautelar la inclusión en el CERA de los nacionalizados por la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, en vigor en 2022. Los magistrados apreciaron un «peligro fundado y real» sobre la validez de los resultados de futuros procesos electorales. La decisión se fundamenta en la impugnación de una instrucción del Ministerio de Justicia que extendió la nacionalidad a los exiliados por motivos económicos pese a que el Congreso lo tumbó. Hasta entonces estaba supeditada a descendientes de perseguidos por motivos políticos que abandonaron España entre 1936 y 1955.