El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado este martes la huelga general por la vivienda anunciada para este otoño por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas, al considerar que tiene un «claro componente político y electoral», y ha apuntado que la convocatoria podría incluso carecer de encaje legal.
En declaraciones a Onda Cero, Garamendi ha sostenido que los convocantes «han tenido que buscar el encaje para ver dónde meten lo laboral», porque, a su juicio, la protesta no tiene como origen un conflicto estrictamente laboral. El dirigente empresarial ha recordado que la legislación vincula el ejercicio de la huelga a este tipo de conflictos y ha puesto en duda que la situación del mercado de la vivienda pueda encuadrarse en ese supuesto.
El presidente de la patronal también ha rechazado que se atribuya a las empresas responsabilidad sobre el encarecimiento y la escasez de vivienda. Garamendi ha recordado que CEOE lleva tiempo alertando de los problemas del mercado residencial y ha reclamado poner el foco en la falta de oferta y en las políticas desarrolladas durante los últimos años.
«Llevamos ocho años de Gobierno» y durante este periodo, ha señalado, no se habrían abordado suficientemente cuestiones como la falta de vivienda. En este contexto, ha criticado que «parece que la culpa vuelve a ser de los empresarios».
Garamendi también ha considerado inusual el planteamiento de la movilización en el actual contexto político. «Parece que se monta una huelga general contra la oposición, no contra el Gobierno», ha ironizado. En su opinión, tradicionalmente las huelgas generales se han dirigido contra las decisiones del Ejecutivo, mientras que en esta ocasión los motivos planteados por las organizaciones convocantes presentan una naturaleza diferente.
También se ha referido al Sindicato de Inquilinas, al que ha definido como una asociación y no como un sindicato en el sentido laboral tradicional. Garamendi ha subrayado que considera «muy respetable» su actividad, aunque ha diferenciado su naturaleza de la de CCOO y UGT. Respecto a estas dos centrales, ha afirmado que, en esta convocatoria, «están fuera de tono».
En un escenario marcado además por la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre, el presidente de CEOE ha pedido a los agentes sociales que preserven el diálogo y la estabilidad. «Si algo tenemos algunos que hacer, especialmente los agentes sociales, es marcar la tranquilidad, la estabilidad y nuestra responsabilidad de la paz social, que es la clave, y no calentar la calle para dividir», ha señalado.
Garamendi ha reivindicado en este sentido la función institucional que la Constitución reconoce a los agentes sociales y ha asegurado que «la mejor infraestructura en sociedad es la paz social». Preguntado directamente sobre si la huelga podría ser ilegal, ha respondido que «perfectamente», aunque la convocatoria todavía no se ha concretado formalmente ni se conocen sus fechas y condiciones.
La patronal esperará precisamente a que se publique la convocatoria para analizar sus fundamentos y determinar si tiene encaje jurídico. Garamendi ha advertido asimismo del coste que una huelga puede tener para las pequeñas empresas: «Sólo faltaba que las empresas pequeñitas encima tengan que pagar la fiesta».
El dirigente empresarial ha extendido sus críticas a la política de vivienda del Gobierno y al momento elegido para aprobar nuevas medidas. Ha censurado que el Ejecutivo vuelva a impulsar decretos sobre vivienda después de la disolución de las Cortes y ha considerado que estas iniciativas no deberían utilizarse como «arma política» durante una campaña electoral. Garamendi ha defendido además que las decisiones adoptadas por un Parlamento legítimo deben respetarse incluso cuando no sean compartidas por las organizaciones empresariales.
El vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha abundado en esta posición y ha avanzado que la patronal estudiará los motivos de la huelga cuando exista una convocatoria oficial. A su juicio, «es indudable que no tiene un carácter laboral por mucho que se quiera maquillar». Amor considera «inadmisible» que una protesta sobre vivienda repercuta sobre empresas y trabajadores y ha cuestionado que se convoque en periodo electoral.
También ha reclamado poner el foco sobre la fiscalidad: ha señalado que los impuestos pueden representar «uno de cada tres euros» en la compra de una vivienda y ha defendido que, aunque los salarios subieron un 31,5% entre 2017 y 2025, las retenciones a los trabajadores lo hicieron un 65%. Según sus cálculos, de cada 100 euros de coste laboral, 35 terminan en manos del Estado y 65 llegan al trabajador.
UGT defiende una «jornada de lucha»
Frente a las críticas empresariales, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido la movilización y ha señalado que prefiere hablar de una «jornada de lucha» por la vivienda que incluirá paros laborales, en lugar de limitarla al concepto de huelga general.
Álvarez ha explicado que la convocatoria pretende canalizar un descontento social que, según ha señalado, «va mucho más allá de la vivienda», aunque esta constituye uno de sus principales factores. Para UGT, la relación con el ámbito laboral reside fundamentalmente en el impacto que el coste residencial está teniendo sobre la renta disponible de los trabajadores.
«No hay convenio colectivo que aguante las subidas de la vivienda», ha afirmado el líder sindical, que considera «absolutamente imposible» compensar mediante la negociación salarial aumentos continuados del coste residencial.
Álvarez ha instado además a las organizaciones empresariales a respaldar las reivindicaciones sindicales al considerar que el problema no es únicamente social, sino también económico. Según ha argumentado, la dificultad para acceder a una vivienda puede afectar al funcionamiento de los servicios públicos y de las empresas si los trabajadores no pueden residir cerca de los lugares donde desarrollan su actividad.
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