El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este viernes sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), en el marco de la cruzada declarada por Washington contra este tribunal, incluyendo a su presidenta, Tomoko Akane, sancionada el pasado agosto. El anuncio tiene lugar después de conocerse la concesión del Premio Nobel de la Paz a la exjueza de la CPI Navi Pillay por su defensa de la paz y de la justicia internacional.

La nueva medida es un paso más en la estrategia de acoso y derribo de la Administración de Donald Trump contra la Corte, a la que acusa de ser un organismo «supranacional corrupto» y «politizado» que abusa de su autoridad. Además de su presidenta, hay otros jueces y fiscales sancionados por la Administración Trump en represalia por la investigación abierta a Israel por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

«Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI», ha subrayado en un comunicado el departamento dirigido por Marco Rubio.

«Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos«, ha dicho Rubio en un vídeo difundido en las redes sociales, donde ha destacado que «durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional tuviera la facultad de enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos». «Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra», ha añadido.

«Ladrillo a ladrillo»

Rubio ha rechazado «el enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses: militares que defienden su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que garantizan nuestra seguridad nacional» y ha asegurado que «Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses». «Vamos a desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de sentirse amenazados». «Nuestro mensaje es claro: Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI. O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI», ha insistido.

La CPI ha rechazado «firmemente» las nuevas sanciones y ha advertido de que suponen «un ataque al Estado de derecho» que busca «perturbar» su funcionamiento e «intimidar» a quienes trabajan en esta institución. «Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la Corte haga aquello para lo que fue creada», ha denunciado la CPI, que ha recordado que el tribunal fue establecido mediante un tratado internacional y cuenta con 125 países miembros.

La Corte también ha advertido de que «nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia» y ha instado a sus miembros a adoptar «medidas concretas» para garantizar que el tribunal pueda continuar operando, antes de vaticinar que «la historia juzgará este momento».

Repaldo de la UE a la Corte

La Unión Europea (UE) ha considerado «lamentable» la decisión de Estados Unidos. En un comunicado emitido en respuesta a las sanciones, la Comisión ha reiterado el compromiso del bloque con el tribunal. «La UE colaborará estrechamente con la CPI para garantizar que siga funcionando eficazmente», ha asegurado.

Bruselas se ha comprometido a tomar «todas las medidas necesarias» para que el tribunal pueda continuar tanto con las investigaciones como con el enjuiciamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad. También ha insistido en la importancia de «preservar y respetar» la independencia de la institución. La UE ha abierto además la puerta a encontrar una solución diplomática. «Dado que existe un plazo de seis meses antes de que las medidas sean aplicables, hay margen para el diálogo», ha sentenciado la Comisión.

«Estamos profundamente decepcionados por esta escalada y condenamos las sanciones anunciadas», ha dicho Rob Jetten, el primer ministro de los Países Bajos, el país que acoge la sede del Tribunal Penal Internacional, en respuesta a la decisión de Estados Unidos. Lo ha hecho durante una rueda de prensa en La Haya junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que también ha condenado la medida.

«Durante meses, hemos hecho todo lo posible, tanto a nivel diplomático como político, para evitar una mayor escalada», ha explicado Jetten, que ha reconocido que su gobierno esperaba el anuncio de la Casa Blanca. «El aspecto positivo de hoy es que estas sanciones no surten efecto inmediato», ha dicho el primer ministro. «Tenemos tiempo», ha asegurado.

Jetten ha asegurado que los próximos meses deben servir para encontrar una solución. «No obstante, si tras esos seis meses fuera necesario, estamos preparados para adoptar las medidas pertinentes y garantizar que la Corte pueda proseguir con su importante labor», ha advertido.

«No puede haber paz duradera sin rendición de cuentas», ha dicho Costa, que ha defendido que «la justicia internacional es esencial para defender el derecho internacional» y es «la única alternativa a la venganza». El portugués ha lamentado las sanciones impuestas por Estados Unidos y ha reiterado el respaldo de la Unión Europea al Tribunal Penal Internacional.

Preguntados por la posibilidad de hacer uso del ‘estatuto de bloqueo’, una herramienta que permitiría a la UE anular los efectos de las sanciones en su territorio, tanto Jetten como Costa han insistido en que el bloque está listo para hacer «lo necesario» para proteger al Tribunal. En respuesta a las amenazas de Rubio contra la UE si no acata las sanciones, el primer ministro holandés ha dicho que no responde «a todo lo que sale de Washington» porque sería «un trabajo a tiempo completo».