Un ladrón rompió de madrugada el cristal de una perfumería de la calle Arzobispo Guisasola, en Oviedo, y se llevó varias colonias. Cuando los responsables del establecimiento todavía estaban recogiendo los cristales, en presencia de la Policía, el sospechoso regresó en taxi, apenas hora y media después. Llevaba productos en una bolsa y la alarma de seguridad permitió reconocer mercancía de la tienda. «Volvía para casa tan tranquilo», recuerda Alejandro de la Uz, miembro de la dirección de la cadena asturiana de perfumerías y droguerías De la Luz.
En los supermercados, los cacos tienen más margen. Loncheados ibéricos, conservas caras, bebidas alcohólicas, pulpo envasado y cremas de marcas reconocidas figuran entre los productos más sustraídos en los establecimientos de Alimerka. Pequeños hurtos que, acumulados, tienen un importante impacto económico.
La cadena de supermercados cifra el coste de estas sustracciones en aproximadamente el 1% de su facturación. De la Uz, con 27 establecimientos en Asturias, calcula unas pérdidas superiores a los 6.000 euros anuales y presenta una media de siete u ocho denuncias mensuales. Ambas compañías comparten la preocupación por un problema que obliga a invertir en seguridad y dedicar tiempo a procedimientos judiciales. El reciente endurecimiento de las penas es una vía para mejorar la situación.
El fenómeno afecta a todo el comercio. Según el último Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial, elaborado por NIQ con la colaboración de Checkpoint Systems y Aecoc, las pérdidas desconocidas del sector español ascendieron a 2.817 millones de euros en 2024, incluyendo hurtos, errores administrativos y fraudes. El 77% de esa cantidad estuvo relacionado con sustracciones.
El problema de los reincidentes
La reforma penal que entró en vigor en abril permite imponer penas de prisión de seis a dieciocho meses por hurtos inferiores a 400 euros cuando el responsable acumula al menos tres condenas firmes anteriores por delitos de la misma naturaleza, una de ellas por un delito leve. No basta, por tanto, con acumular denuncias.
Alimerka valora positivamente este cambio, que considera un avance para combatir la multirreincidencia. «Hay muchas personas que no son conscientes de lo cerca que están de perder años de su vida en la cárcel por cometer múltiples hurtos», advierte Javier Fernández Andamollo, responsable de Seguridad de la compañía.
Muy distinta es la percepción de Alejandro de la Uz. «Nada, no veo que sirva de mucho la ley. Es desesperante», lamenta.
Los perfumes son los productos más buscados en sus tiendas, seguidos de cuchillas de afeitar, cremas caras y maquillaje. Algunos delincuentes llegan a llevarse cinco o seis colonias de una vez, provocando pérdidas de 300 o 400 euros. La empresa ha instalado protecciones de metacrilato en los expositores, aunque algunos ladrones incluso las retiran para hacerse con la mercancía.
A las cámaras, alarmas y arcos de seguridad se añade otra dificultad: los bolsos apantallados, preparados para evitar que se activen los detectores. Alejandro distingue entre quienes sustraen productos ocasionalmente y quienes buscan artículos concretos, presuntamente para revenderlos. «Hay algunos que cogen lo que está y otros que van a por cosas concretas», explica.
Alimerka también cuenta con arcos y dispositivos de alarma en todos sus establecimientos, además de personal de seguridad privada en determinadas tiendas. Y denuncia los hurtos con independencia de su importe.
El coste de acudir a los juzgados
El problema no termina cuando desaparece un producto. En De la Uz comienza entonces otro recorrido: denunciar, aportar las grabaciones, esperar a que identifiquen al responsable y acudir al juzgado. Alejandro de a Uz asegura que hay meses en los que tiene cinco o seis juicios señalados. Los retrasos y las incomparecencias alimentan su frustración. En Avilés, recuerda, algunas grabaciones no sirvieron como prueba porque no mostraban al sospechoso saliendo con el producto.
La empresa incluso valoró externalizar esta gestión, pero descartó hacerlo por su elevado coste. Pese a todo, sigue denunciando porque considera que puede tener un efecto disuasorio. Recuerda el caso de una mujer reincidente que reconoció ante el juez que había dejado de acudir a sus tiendas porque se sentía más vigilada.
A las pérdidas económicas y al tiempo dedicado a los tribunales se suma la preocupación por la seguridad de las trabajadoras, que en ocasiones sufren empujones al intentar impedir las sustracciones. Algunas prefieren que sea el dueño quien presente las denuncias para evitar que las identifiquen los delincuentes.
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