Estados Unidos ha dado este miércoles un paso decisivo hacia la imposición de sanciones comerciales contra España por la política hacia Israel del Gobierno de Pedro Sánchez. La Comisión Marítima Federal (FMC), organismo independiente encargado de regular el transporte marítimo internacional, ha propuesto imponer … una tasa de 200.000 dólares por viaje a todos los buques de bandera española que operen en puertos estadounidenses.
Además, plantea restringir la importación de determinados productos españoles, entre ellos aceites, cosméticos, cerámica, artículos de piedra y productos de confitería. Dos medidas que, de aprobarse, abrirían un conflicto comercial de consecuencias directas para el transporte marítimo y las exportaciones españolas.
La decisión se produce después de casi dos años de investigación sobre el rechazo de barcos estadounidenses en puertos españoles por transportar mercancías vinculadas a Israel. La Comisión afirma ahora que ha encontrado pruebas concluyentes de que España ha creado condiciones desfavorables para el comercio marítimo de Estados Unidos. Y ya no se limita a advertir de una posible discriminación, como hizo en diciembre de 2025, sino que propone las medidas económicas que considera apropiadas para responder a ella.
La primera afectaría a todos los buques que naveguen bajo bandera española, con independencia de la mercancía que transporten. Cada viaje sujeto a la medida supondría un coste adicional de 200.000 dólares. No sería, por tanto, una sanción única por embarcación, sino una tasa que se repetiría con cada operación gravada, equivalente a un impuesto. Una misma nave que realizara varias escalas o viajes sujetos al recargo podría acumular un coste considerable a lo largo del año.
La Comisión no ha facilitado una cifra de buques españoles que operan en EE.UU.
Una parte importante del comercio internacional utiliza buques matriculados en terceros países, que no quedarían incluidos en esta tasa únicamente por llevar mercancías procedentes de España. La Comisión tampoco ha facilitado en su comunicado una cifra de los buques españoles que operan en Estados Unidos ni del número anual de viajes que resultarían afectados.
Restringir la entrada de productos
La segunda medida tendría un alcance diferente y potencialmente más amplio. Washington estudia restringir la entrada de cinco grandes categorías de productos españoles: perfumería y cosméticos; aceites y grasas; cerámica; artículos de piedra; y azúcar y confitería. En este caso, el criterio ya no sería la bandera del barco, sino la mercancía importada.
La inclusión de los aceites y grasas coloca bajo amenaza potencial al aceite de oliva español, uno de los productos más reconocidos de las exportaciones agroalimentarias nacionales. También podrían resultar afectados fabricantes de cosméticos, empresas cerámicas y productores de alimentos elaborados. La FMC no ha precisado todavía qué productos concretos serían restringidos ni si las medidas consistirían en prohibiciones de entrada, limitaciones cuantitativas u otras condiciones comerciales. La amenaza, sin embargo, alcanza a sectores que nada tienen que ver con el transporte de material militar a Israel, origen de la controversia.
El conflicto comenzó en 2024, cuando España denegó la entrada a determinados buques relacionados con el transporte de mercancías hacia Israel. En noviembre de ese año, al menos tres barcos de bandera estadounidense fueron rechazados en el puerto de Algeciras. Algunos estaban vinculados al Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima estadounidense, una iniciativa que mantiene buques mercantes disponibles para necesidades estratégicas y de seguridad nacional de Estados Unidos.
Investigado desde 2024
La Comisión abrió una investigación formal en diciembre de 2024 para determinar si esas decisiones constituían prácticas desfavorables para el comercio exterior estadounidense. La legislación federal permite al regulador actuar cuando considera que un país extranjero impone condiciones discriminatorias o perjudiciales al transporte marítimo de Estados Unidos.
ABC adelantó el 19 de diciembre de 2025 que la Comisión había identificado una política española de denegación de acceso a sus puertos y consideraba que esta seguía vigente. El organismo abrió entonces un nuevo periodo de alegaciones para examinar cómo se aplicaban las restricciones, qué barcos habían resultado afectados y cuáles eran sus consecuencias sobre las rutas comerciales, los costes operativos y la fiabilidad de las cadenas de suministro.
Aquel expediente ya contemplaba represalias de considerable gravedad. Entre las herramientas disponibles figuraban las restricciones de carga, la prohibición de entrada de barcos españoles en puertos estadounidenses y sanciones económicas que, según el límite legal ajustado por inflación citado entonces por la Comisión, podían alcanzar lo dos millones de dólares por viaje. La cifra no equivalía a una multa aprobada, sino al máximo de una de las facultades sancionadoras que el regulador podía considerar.
La novedad de este miércoles es que la Comisión ha concretado su propuesta en una tasa de 200.000 dólares por viaje, sensiblemente menor, y posibles restricciones a las importaciones. Son dos instrumentos diferentes que podrían afectar simultáneamente a las operaciones de navieras españolas y a empresas exportadoras que utilizan barcos de cualquier nacionalidad.
La FMC sostiene que las decisiones españolas tienen consecuencias graves para la eficiencia y la fiabilidad del transporte marítimo internacional. En particular, considera que perjudican la capacidad estadounidense de desarrollar sus exportaciones, mantener una flota mercante suficiente para sus necesidades comerciales y de seguridad nacional y garantizar la previsibilidad de las operaciones logísticas.
La controversia tiene su origen en la política del Ejecutivo de Sánchez hacia Israel, pero el organismo estadounidense ha evitado centrar su investigación en el conflicto de Oriente Próximo. El expediente se refiere a las consecuencias comerciales de impedir el acceso a los puertos españoles a determinados barcos estadounidenses. Washington sostiene que esas denegaciones generan un trato desfavorable para sus operadores marítimos.
Durante la fase anterior del procedimiento, España defendió, a través de su Embajada en Washington, su derecho a determinar sus relaciones diplomáticas. La Comisión respondió manteniendo la investigación dentro del ámbito de sus competencias comerciales. Esa diferencia de planteamiento explica buena parte del enfrentamiento: Madrid ha vinculado las restricciones portuarias a sus decisiones de política exterior, mientras que el regulador estadounidense las examina como una posible discriminación contra su transporte marítimo.
Tampoco está decidido qué ocurriría con las mercancías incluidas en las cinco categorías mencionadas. La Comisión ha solicitado comentarios públicos para evaluar las consecuencias de sus propuestas y decidir qué remedio aplicar. Ofrecerá igualmente al Gobierno español la posibilidad de una audiencia antes de adoptar una resolución definitiva.
